La campaña por la Presidencia de la República se está convirtiendo en una película de terror. Estamos en la etapa de suspenso en la que se están fraguando situaciones que podrían llevar a un desenlace trágico. Como buena película colombiana, reúne elementos que pocas películas de otras latitudes podrían reunir: caudillos, mafias, subversión, compra de votos, espionaje y hasta intervención del gobierno. Y como es una película aún sin final conocido, lo que está dejando por ahora es incertidumbre y confusión.
Para el espectador está resultando difícil diferenciar la realidad versus la ficción en lo que va del filme. Los dos protagonistas principales, Petro y Fico se hacen señalamientos, que sus propios seguidores aceptan y aplauden, sin que del todo se haya corroborado su veracidad. Petro ha denunciado amenazas contra su vida, sin aportar pruebas contundentes y sin que los organismos de seguridad del Estado las hayan validado. Y a Fico lo amenazan abiertamente las Águilas Negras y los organismos del Estado corroboran que su campaña está siendo infiltrada ilegalmente. ¿Ficción y realidad, respectivamente?
Lo que nos muestra este drama electoral es la prevalencia de la descomposición política en nuestro sistema. Descomposición que contiene de fondo la pérdida de los valores que hacen sostenible la democracia, como lo son la legalidad, la transparencia, el respeto por la vida y la valoración de las ideas diferentes.
Resulta inaceptable en este contexto que existan oficialmente “anticampañas”, como la que abierta y cínicamente lidera Ariel Ávila en contra de Federico Gutiérrez, exacerbando el odio y promoviendo -sin querer queriendo- violencia entre sus seguidores y los de Fico. También es repudiable la puesta en escena teatral del grupo de amigos de Gustavo Bolívar, que personificó el entierro de Gutiérrez y de Uribe. Y ni hablar del sensacionalismo electoral que quiere generar la senadora Isabel Zuela del Pacto Histórico, al anunciar que en pocos días revelará un video en contra del candidato de la derecha. No exageran entonces quienes afirman que el petrismo está actuando sistemáticamente para desprestigiar a su principal contendor.
Estas actuaciones inmorales de los líderes más cercanos al candidato que lidera las encuestas legitiman a los grupos al margen de la ley para meterse en la contienda electoral. Lo hacen mediante la intimidación a la gente de los municipios en los que operan, a través de la compra de votos y financiando a las estructuras de los partidos afines a Petro. Es posible que la cúpula del Pacto Histórico no respalde la conducta delictiva de estos grupos, pero los hechos inmorales de Roy, Bolívar, Benedetti y muchos otros más, en contra de Fico, son un gran incentivo para guerrillas, paras y delincuentes comunes que quieren hacer política a su manera.
A esta lamentable descomposición se suman las erráticas actuaciones del Estado y del Gobierno. La Registraduría, por parte del primero, se metió controversialmente en el proceso electoral, con sus decisiones de “ajuste” al sistema, que por ahora no dejan sino incertidumbre. Y el Gobierno, tanto a nivel nacional como territorial, mete la mata casi todos los días, participando descaradamente en política para favorecer a los candidatos. De ahí que los opositores del gobierno nacional, por ejemplo, estén acudiendo a todas las formas de lucha para evitar que gane Fico. No es una justificación válida, pero sí son las circunstancias que como país debemos observar para repudiar y no repetir en el futuro.
Las encuestas están mostrando que todo este caos tiene un claro beneficiario: Petro. Pareciera que sus seguidores lo ven como una víctima del establecimiento, y por ello justifican y no rechazan la inmoralidad de los aliados del candidato. También pareciera que el deseo colectivo de los petristas por el cambio de modelo de gobierno es una obsesión que tolera cualquier forma de hacer política. Y cada vez es más claro, en este escenario de polarización extrema liderado por el petrismo, que el efecto sobre Fico es el deseado: entre más lo ataque la izquierda, más asociado es Gutiérrez con la extrema derecha y menos querido por la derecha moderada y por la centro-derecha. De ahí, quizás, el crecimiento de Rodolfo Hernández y el estancamiento del candidato del Equipo por Colombia.
Enorme e histórica responsabilidad tiene el Estado para evitar que la evidente descomposición política que vivimos termine en un magnicidio. La vida de todos los candidatos es el principal bien jurídico a proteger en las actuales circunstancias, lo cual no solamente debería resolverse mediante robustos esquemas de seguridad, sino también mediante la actuación imparcial, técnica y transparente de quienes administran recursos públicos que, de una u otra forma, terminan incentivando la paz o la violencia electoral con sus decisiones. Y de este principio no escapan los militares que siguen tomando partido en la contienda electoral, olvidando el mandato constitucional de mantenerse al margen del proceso electoral.
Los candidatos también deben revaluar sus estrategias para contener la descomposición política, rechazando las actuaciones inmorales de sus aliados y seguidores, revisando la conveniencia del proselitismo en plaza pública que aviva la violencia callejera, prohibiendo las mentiras en sus campañas de comunicación, concentrando sus equipos en generar el debate programático que aún seguimos esperando los electores y motivando a sus equipos en los territorios a actuar legalmente.