A comienzos de 2018, denuncias de tres embajadores europeos y la captura de Marlon Marín, primo hermano de Iván Márquez -y quien lo acompañó en La Habana- pusieron al desnudo que el andamiaje del posconflicto con las Farc en el Gobierno Santos era un pandemónium de desorden, ineficiencia y tráfico de influencias. Contrariando las malas expectativas que traían y siguen blandiendo algunas burocracias de la paz con el gobierno de Iván Duque, -la muy manida frase de “hacer trizas los acuerdos con las Farc”-, en apenas seis meses su administración estabilizó, reorganizó y agilizó la implementación que ahora, con la organización y capacidad ejecutiva de Emilio José Archila, Alto consejero para el posconflicto, avanza exitosamente. Las buenas noticias comienzan con que es nítido, fuerte e irrenunciable el compromiso del Gobierno con las víctimas, con los habitantes de las zonas afectadas por la violencia y con los desmovilizados de las Farc, para cumplir las obligaciones de corto, mediano y largo plazo, de todo lo pactado. Está confirmado y verificado que 90 por ciento de los 13.000 excombatientes permanecen vinculados y fieles al proceso y que más de 7.000 de ellos están en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización y en sus alrededores, en diferentes regiones del país. El nuevo gobierno aportó los recursos y la gestión para normalizar las condiciones de vida -infraestructura y dotación- en esos espacios, cada uno de los cuales cuenta con la protección de un batallón del Ejército y de una Unidad Básica de la Policía. Los demás exguerrilleros prefirieron establecerse por su cuenta, muchos con sus familias, pero vinculados con la reincorporación. Con base en gestión Archila logró más que duplicar la ejecución de recursos para los proyectos productivos de los desmovilizados. Había apenas dos aprobados en agosto de 2018. El nuevo gobierno aprobó 18 más en el semestre y tras fortalecer la asesoría pública y privada en su formulación y desarrollo, pronto serán muchos más. Igualmente los apoyan para continuar o terminar estudios y para encontrar empleo porque el próximo agosto, cuando por mandato de la ley finalizarán los espacios, se espera que la mayoría de los excombatientes se puedan valer por sí mismos. Están ordenando el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS, que acumula serios problemas. Quienes lo diseñaron pusieron la mira en el levantamiento de los cultivos y no planificaron adecuadamente las demás tareas -asistencia técnica, semillas, alimentar a las familias mientras crecen los nuevos cultivos, apoyarlos en la comercialización, etcétera. Tras revisar los convenios, caso por caso, sacaron del programa a quienes incumplieron y se están poniendo al día con los pagos atrasados con familias que justamente reclamaban sus derechos. Pese a las presiones y estratagemas de las mafias del narcotráfico para separar campesinos del programa, llegaron a la fecha a la vinculación de 100.000 familias y a la sustitución de 32.000 hectáreas, 5.000 de ellas con apoyo de la fuerza pública. Más significativo aún es el rescate de la reforma rural -la tierra es, sin duda, el elemento crucial de los conflictos en Colombia-. Sin fanfarrias ni aspavientos el Gobierno destinó el equivalente a 150 millones de dólares para activar el catastro rural multipropósito y puso en marcha una estrategia para llevar el Fondo de tierras de distribución gratuita, de 600.000 a 3 millones de hectáreas. Pero el elemento crucial del plan es la estabilización de las 16 zonas y de los 170 municipios donde se concentraron las peores y las más graves manifestaciones de ilegalidad y violencia y a donde el reto ahora es llevar la presencia y la acción del Estado y sus instituciones. El Gobierno Duque dio continuidad al inventario de las necesidades y demandas de los habitantes de esas zonas, con base en una metodología participativa en la cual han intervenido más de 200.000 personas. Es el insumo principal para los planes de desarrollo con enfoque territorial -PDET- un conjunto de proyectos concretos con objetivos, metas y presupuestos dentro de una hoja de ruta que comprende los 15 años previstos para la reconstrucción y que estará atada al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual y de los sucesivos. Alrededor de 200 billones de pesos costará esta empresa descomunal de la paz que en el día a día se rige por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y por una mesa técnica de seguridad de composición Gobierno-Farc donde se analizan y resuelven los temas de los excombatientes, en un trabajo, en esta nueva etapa, armónico, ordenado, fluido y productivo. Parece ciencia ficción. Un empeño que muy poca gente esperaba de un gobierno de derecha y que enfrenta grandes amenazas -décadas de minería criminal, narcotráfico, ELN, paramilitares-, más los “ruidos” de las disidencias y los de Iván Márquez y otros exlíderes de las Farc, hoy en la clandestinidad. También el asedio, el oportunismo y la codicia de un vasto universo de individuos y las ong, expertos desde épocas remotas en vivir de la paz. Por cierto, en abril de 2018 el fiscal Néstor Humberto Martínez denunció irregularidades en el manejo de los recursos para la paz y anunció allanamientos a domicilios y oficinas de presuntos intermediarios “que estarían interesados en la adjudicación de proyectos del posconflicto a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”. Hasta hoy no se conocen acciones ni decisiones al respecto. Tal vez la Fiscalía también necesite la asesoría de personas como las que ahora manejan la implementación, discretos y eficientes, especímenes raros en Colombia, más concentrados en hacer que en anunciar.