Más que la inflación disparada, la escalada del dólar o la estrepitosa caída en la acción de Ecopetrol, lo que debe tener sumamente preocupados a los dirigentes petristas es la escasa convocatoria que tuvieron las marchas y conciertos convocados por Gustavo Bolívar para conmemorar los 100 primeros días del gobierno de Petro. Algo cambió en el país y ellos lo saben.

Hasta hace poco menos de tres meses Petro contaba con un respaldo popular tal que pudo ganar las elecciones. El día de su posesión la Plaza de Bolívar estaba abarrotada. El contraste con la concentración de los primeros 100 días es como comparar el mar con una gota. Perdió fervor popular.

Es de amplio conocimiento público la nula autocrítica que la comunicación de Petro tiene: sea lo que sea, pase lo que pase, nada jamás será culpa del mandatario.

Por eso, que la gente ya no les salga a marchar, dirán, tampoco es algo que tenga causas en la discreta gestión del presidente. Seguro hallarán otros responsables: la lluvia, el Mundial, la oposición.

Paralelo a la pobrísima convocatoria de las marchas petristas, se dieron otras concentraciones, esta vez en universidades privadas: estudiantes que reclaman por el alza en hasta 12 % del precio de sus matrículas. Y pese a que ese incremento fue decretado por el Ministerio de Educación del actual gobierno, nadie ha apuntado un dedo acusativo hacia Petro en este caso.

Las universidades aseguran que dichos incrementos obedecen a la inflación; es parte de la verdad, y el problema surge cuando se les cobran tarifas de 2023 a personas que siguen ganando el mismo dinero de 2022. Ahí estalla el conflicto, que también experimentarán padres de familia en diciembre en el caso de los colegios.

La inflación es el fenómeno que hace que los precios de los productos y servicios se incrementen, mientras la capacidad adquisitiva de las personas no lo hace. En palabras sencillas, es lo que experimentan todos los colombianos hoy cuando sienten que el dinero que hace meses servía para hacer mercado, hoy ya no sirve para mucho.

Hay algo que todo gobierno izquierdista latinoamericano logra siempre: disparar la inflación. En el caso de Colombia, y según lo confirmó el mismísimo Banco de la República, una fatal mezcla de pandemia y paro nacional nos tiene hoy con la inflación más alta de los últimos 23 años. Precisamente el paro nacional fue una enorme orquestación política. Si a eso sumamos la escalada en el precio del dólar, que afecta directamente a alimentos y medicamentos importados, debemos inclinarnos a pensar que el gobierno actual tiene que empezar a reconocer su responsabilidad en la situación.

Pero todos sabemos que el petrismo no va a reconocer nada. Incluso el 6 de agosto de 2026 seguirán viendo por el espejo retrovisor. Sin embargo, los colombianos debemos exigir que asuman las responsabilidades de lo que como gobierno sí han hecho.

¿Cómo es que un país sube las tasas de interés y al mismo tiempo clava al aparato productivo con una reforma tributaria? ¿Cómo es que un país, ante el escenario de una recesión mundial y con su moneda en caída libre, decide declararle la guerra al sector que representa el 56 % de sus exportaciones, en nuestro caso el mineroenergético? ¿Cómo es que un país, en plena escalada de la inflación, decide suprimir el fondo que estabiliza el precio de la gasolina para sus ciudadanos? Todo lo anterior sí es culpa de Petro, ya que es acción directa de su gobierno, uno donde la estabilidad económica de Colombia está por debajo de consignas ambientalistas y guerras ideológicas.

El año 2023 no pinta nada bien para el país. Conviviremos entre una danza de subsidios, la destrucción de empresas y la inflación. Lo que viven hoy los estudiantes de las universidades privadas con sus matrículas será experimentado por cada colombiano ante cualquier cajero. Si la palabra clave de este año fue “cambio”, la del próximo será “inflación”. ¿Cuándo empezará a ser culpa de Petro?