Recientemente, en un foro, el presidente Gustavo Petro propuso apoyar la reactivación económica mediante una nueva ley de inversiones forzosas para los bancos, como intermediarios del sistema financiero que manejan el dinero de los ahorradores. La propuesta es que destinen una parte de sus recursos financieros en proyectos designados por el gobierno, como una política económica para estimular la inversión y otorgar créditos para el turismo, el uso de energías renovables, la agricultura y la vivienda. Aunque la idea parece razonable a primera vista, carece de un análisis técnico sólido que respalde su viabilidad.
Las inversiones forzosas no son nuevas en el país, y su implementación previa demuestra que estas medidas han sido intentadas sin éxito. Históricamente, se han implementado y desmontado debido a sus efectos distorsionadores en el mercado financiero. Esta medida tiende a deteriorar la liquidez de los establecimientos de crédito y los obliga a realizar inversiones arriesgadas y poco rentables, lo que pone en peligro el dinero de los ahorradores.
Un problema grave es la suposición de que el sector público puede tomar decisiones de inversión efectivas, lo cual está lejos de ser una realidad. Incluso si se asumiera que el gobierno pudiera tomar decisiones acertadas, surgen varios cuestionamientos: ¿qué ocurriría si el gobierno incurre en sobrecostos y el proyecto financiado resulta deficitario?, ¿qué pasaría si el gobierno lleva a cabo una licitación amañada y cae en manos de la corrupción?, ¿qué sucedería si el proyecto se ve afectado por la burocracia y se pierde el dinero? Las instituciones financieras seguramente argumentarán que no es su responsabilidad debido a que se trata de una inversión forzosa. En resumen, se estaría echando mano de los ahorros de la gente, y esto, evidentemente, pone en riesgo los ahorros de los colombianos sin que nadie asuma la responsabilidad. Esta medida es realmente arbitraria, añadiendo una mancha adicional a la floja gestión del gobierno.
Aunque el gobierno parece sordo y ciego a las críticas —y para señalar, no es mudo—, quienes nos oponemos a sus fórmulas no necesariamente estamos en contra de las intenciones de reactivación. Siempre he apoyado la idea de que los colombianos puedan destinar sus ahorros para inversiones necesarias en infraestructura o en créditos parcialmente subsidiados, pero no gratuitos, para que los mejores estudiantes puedan acceder a la universidad de su elección.
En 2020, siendo senador de la República, propuse al Icetex, bajo la dirección de Manuel Acevedo Jaramillo, una reforma para convertirlo en una entidad financiera regulada y vigilada, capaz de captar recursos públicos con rentabilidades iguales o superiores a las de la banca privada. Proponía una cuenta de ahorro individual garantizada por el Estado colombiano, lo que permitiría al Instituto financiarse de manera más económica que en la actualidad, creando un CDT público. El Icetex debería competir con la banca privada en la captación de ahorros, lo que permitiría que estos recursos se destinaran a inversión pública de manera competitiva, en contraste con la medida “forzosa” propuesta por el presidente.
El principal problema del Gobierno de Petro es su incapacidad para llegar a acuerdos de manera atractiva y voluntaria para generar consensos. La falta de fundamentos sólidos en sus teorías y propuestas de reformas lleva a la implementación de políticas y proyectos de manera improvisada y coercitiva. El término “inversión forzosa” es una confesión de su incapacidad para convencer y su deseo de imponer sus intereses a cualquier precio. Con su estilo autoritario, solo se le ocurre aplicar sus políticas mediante imposición o a través del aparato de gobierno. Esto, creo yo, refleja una falta de creatividad y una visión limitada, características propias de su enfoque gubernamental.
Si el gobierno está tan seguro de que a los colombianos les gustaría aportar a la reactivación económica, el presidente debería abandonar su tendencia a imponer políticas coercitivas y comenzar a competir, demostrando su eficiencia tanto en el gasto como en la inversión. Con buenas campañas se podrían atraer ahorradores ofreciendo tasas atractivas. Sin embargo, lo primero y más importante es ganarse la confianza de los ahorradores, mostrando que el gobierno es un buen administrador, de manera que la gente se sienta tranquila y respaldada.
La confianza no se puede imponer, se construye con transparencia, competencia y respeto, algo que, lamentablemente, ha brillado por su ausencia en esta administración.