Todo cambio exige modificar la política económica, un paso insuficiente pero sí necesario. Con la Constitución del 91 se implantó la estrategia del libre comercio, la privatización y el capital extranjero como variable de cierre, la “apertura”. Sin excepción, los Gobiernos en 30 años la siguieron con la aplicación de la “sostenibilidad” como principio rector en la política fiscal (art. 334); de “velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda” en la monetaria (art. 373) y en la cambiaria el Banco de la República (art. 371) fijó el tipo flexible dictado por el mercado de divisas.
Ese neoliberalismo tuvo veredicto negativo por millones de personas: el paro nacional de 2021. Surgió la urgencia del “cambio” y el candidato Petro se trepó ahí –el que más– y ganó. No obstante, seis meses después, el modelo se ahonda como expuse en el debate “La verdad de la reforma tributaria” con el ministro Ocampo en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (diciembre 7/2022).
Por compromisos de campaña con el FMI, Petro presentó una reforma fiscal para atenuar choques externos e internos, sin cambiar nada más, sin tocar los TLC, sumiso a las órdenes para países del “mundo pasivo”, como Colombia. La matriz de dicha reforma fue la recomendada por el Fondo y, como reitera Ocampo, transita la senda fiscal impuesta, emite señales de un deudor viable para cubrir el modelo “aperturista” de déficit recurrente en las cuentas externas y amplía las fuentes para financiarlo. Deuda más costosa apalancada con creciente respaldo tributario. En 2023 serán 68,3 billones en amortizaciones e intereses, de acuerdo con el Comité de la Regla Fiscal (Carf).
Pese a la propaganda oficial, esa reforma es regresiva. Al finalizar 2026, los impuestos indirectos, que pagan los pobres en mayor proporción, IVA, aranceles, cuatro por mil, combustibles, consumo, ambientales, “saludables”, plástico, sobretasa a la energía y al carbono, sumarán en la estructura tributaria más que los directos, como el de renta o patrimonio. La regresividad existente se reforzará con 18 billones más del nuevo recaudo en cuatro años de tan inicuos tributos. Prima la eficacia sobre la progresividad.
En la renta a las personas naturales, entre quienes se les elevaron las cargas, se gravó más al grupo de menor ingreso del decil más alto que a los supersuperricos. De cálculos, sobre datos de la Dian, los 364.052 primeros pagarán en promedio 1,37 por ciento de su ingreso bruto y los 36.814 empinados apenas 1,31. El ultimátum de Petro “a los 4.000” potentados no pasó del susto.
Las firmas medianas tendrán 35 por ciento de tarifa de renta, y las multinacionales, como las españolas con distintos tratados, pagarían el mínimo de 15. Ocampo, contrario a los gobiernos de derecha, que con el impuesto al patrimonio –también a personas jurídicas– acopiaron hasta 5 billones anuales, considera “antitécnico” incluirlas, sin reparar que muchos pasan sus riquezas a sociedades para eludir, como ciertos expresidentes de Colombia.
El guarapazo a Ecopetrol es desmedido. En 2023, las multinacionales del petróleo pagarán 150.000 millones de pesos por no deducir las regalías y 2,037 billones por sobretasa minera, en tanto Ecopetrol cancelará por lo primero 1,304 billones y por lo segundo 4,753, en total 6,057 billones, casi un tercio del valor de la reforma. Tuvo ya que endeudarse en 10 billones.
El gasto de los recursos se conocerá en la adición presupuestal en el Congreso, pero hay adelantos: subsidios a las aseguradoras en las pólizas con descuento del Soat; a concesionarios viales en peajes y a operadores privados de Transmilenio y para compras de tierra al latifundio. Sostener contratos oligopólicos, sin cambiarlos y a cargo de los contribuyentes, es inviable.
Ocampo, avalado con dudas por el Carf, avisa que el déficit fiscal caerá de 5,61 por ciento del PIB (72 billones) a 4,04 (52 billones) en 2023, y bajará el endeudamiento al 56,3 por ciento en 2026. Por tanto, el gasto social irá trasquilado, pero tal apuesta no cuajará sin eliminar el subsidio a los combustibles, que sustraerá a consumidores, usuarios de carga, transportadores, propietarios de motos y carros, taxis y servicio público, de 12 a 13 billones este año. Dos tributarias a la vez, le ganó a Carrasquilla. El Gobierno Petro tendría 300 billones de ingresos extras entre 2023 y 2025 (Andi), lo que en un contexto de inflación desbordada plantea el mayor dilema: ¿cuánto gastar sin agravarla?
A Ocampo, que estudia subir la edad de jubilación y ha apoyado el alza en las tasas de interés, trasladadas como agio al agro, la industria y los hogares, se le aplaude como “rebelde del gabinete” o “adulto responsable” o “el parte de tranquilidad”. Es la vela ortodoxa de Petro en el altar del gran capital, su anticambio.