¡Quién dijo que el holocausto se acabó! ¡Quién puede siquiera sostener la tesis de que la toma cesó! Desde 1985 la justicia sigue en llamas y aunque los captores sean otros, permanece aún tomada, no es independiente ni transparente ni justa y al igual que aquel fatídico noviembre, hace 30 años, se siguen quemando inocentes dentro de la Rama Judicial; gente que hace bien su trabajo pero que continúa siendo rehén ya no de un grupo guerrillero sino de una cúpula corrupta y mafiosa que no ha permitido que el incendio se apague. Desde entonces, los mejores alumnos de las facultades de derecho sueñan con irse del país a hacer sus especializaciones y los que no lo logran, aspiran a entrar al sector privado a hacer plata en alguna de esas oficinas prestantes de abogados que existen en Colombia. Ninguno sueña, como soñaban hace más de cinco décadas los mejores abogados, con volverse jueces o magistrados de una alta corte en el país. Y yo los entiendo. Ser magistrado antes del 6 de noviembre de 1985 era sinónimo de honorabilidad. Hoy llegar a la Corte Suprema, al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional es, por el contrario, símbolo de desprestigio. Y es que para acceder a una alta corte hay que saber más de lobby que de leyes. Tener más amigos y compadres que doctrinantes a quienes seguir o con los cuales poder controvertir. Se necesitan padrinos y no maestros. Se requieren muchos tintos y muchas comidas en vez de tertulias jurídicas y audiencias públicas para lograr una elección. No. El holocausto no ha terminado. El fuego se aviva cada vez que un Pretelt, un Bustos, un Ricaurte o un Montealegre intentan quedarse con los mejores puestos de la Rama Judicial para hacer política con ellos. Aunque ha habido intentos en los últimos meses por transformar la administración de justicia en Colombia, mientras esas reformas se intenten implementar sin derrumbar las bases viejas y podridas que se tomaron el poder judicial, el edificio seguirá estando mal construido y se caerá una y otra vez. De aquí a comienzos del 2017 habrá un relevo de por lo menos 30 altos funcionarios de la Rama Judicial pero si no se cambian todos y se promueve una revocatoria amplia y general, como sostiene el abogado Ramiro Bejarano, las cosas seguirán igual. Para la muestra varios botones: aunque la estructura del Consejo de Gobierno Judicial prometía ser más eficiente que el Consejo Superior de la Judicatura, su conformación por estos días nos deja la sensación de que todo seguirá igual o peor. El excesivo ‘liderazgo’ del señor Bustos de la Corte Suprema y las sucesivas irregularidades en el proceso de elección de los tres técnicos que tendrán asiento en esa institución, dejan muchas dudas sobre la idoneidad y transparencia con la que comenzará a funcionar el corazón de la ‘nueva justicia’. Ni hablar de lo que ha pasado con la elección de magistrados en el Consejo de Estado. Después de meses sin ponerse de acuerdo para suplir vacantes, la decisión de incorporar nuevos miembros ha girado en torno a si los aspirantes son amigos o enemigos del procurador Ordóñez, ahora que se comenzará a discutir si debe abandonar su cargo o seguir en él. Pronto le dedicaremos tiempo y espacio a lo que está ocurriendo en la Suprema con la elección de magistrado de la sala penal y los retrasos en la sala laboral. Por ahora, baste con decir que el favorito para la primera es un protegido del fiscal con cuestionamientos relacionados con falsos positivos y aún así podría quedarse con el apetecido cargo. Vamos de mal en peor, sin duda. La conciencia jurídica de este país desapareció en el Palacio de Justicia hace 30 años y todavía no hemos logrado recuperarla. Twitter: @JoseMAcevedo