La corrupción ronda la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander. Desde el año 2007 se vienen presentando irregularidades en algunas áreas de este centro de educación superior sin que las autoridades disciplinarias y judiciales hayan hecho algo para castigar a quienes están detrás de esas prácticas y que, al parecer, compromete a funcionarios, estudiantes y personas ajenas a la institución. En un reciente viaje a Cúcuta con fines académicos me reuní con varias personas preocupadas por lo que viene pasando en esta Universidad, que tiene sedes en los municipios de Villa del Rosario y Pamplona, quienes me hicieron una amplia exposición del tema. Días después tuve acceso a un voluminoso informe, fechado el pasado 24 de julio, que le fue presentado a la Viceministra de Educación, Natalia Ariza Ramírez. El documento, de 44 páginas, detallan las irregularidades que se han presentado en esta institución en los últimos años y las acciones que se han emprendido ante las autoridades competentes. El menú de actos de corrupción es amplio: vulneración del sistema de notas de los estudiantes, venta de títulos profesionales, cobro de comisiones para acceder a carreras como Medicina y falsificación de pruebas de suficiencia en inglés. Se trata de un conjunto de servicios fraudulentos que se vienen presentando desde el 2007 y que pese a los llamados de las autoridades universitarias y a las denuncias presentadas ante Fiscalía y Procuraduría no hay avances en las investigaciones penales y disciplinarias. Uno de los documentos que respalda el informe enviado a la Viceministra de Educación es un informe de auditoría fechado el pasado 17 de julio a las pruebas de proficiencia de inglés practicadas desde el segundo semestre de 2014. El análisis se hizo debido a presuntas irregularidades detectadas en una de las jornadas de presentación del examen. La prueba de inglés se realiza en un aula de clase y cada examinado cuenta con un computador para acceder al cuestionario y resolver las preguntas. La auditoría arrojó que algunos estudiantes contaron con ayuda externa, desde una sala de Internet fuera del campus. ¿Y cómo se hizo? El sistema utilizado para las pruebas permite accesos múltiples sin mayores problemas. Una de las vulnerabilidades es que la clave de acceso se escribe en el tablero o se dice en voz alta antes de iniciar la prueba, lo que permite que a través de celulares sea enviada a quienes están fuera de la Universidad para que procedan a ingresar y resolver el cuestionario. Así de sencillo. Todo ello se denunció en la Fiscalía en Pamplona. El expediente sobre presuntas irregularidades también incluye la venta de cupos para acceder a la carrera de Medicina. La queja fue presentada por un docente el 2 de julio de 2014 ante la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad y la Fiscalía local. En ambos casos se relata que un estudiante y un concejal de Pamplona, elegido en octubre de 2011 en representación de AICO (Autoridades Indígenas de Colombia) y quien aspira a repetir curul en las elecciones locales y regionales del próximo 25 de octubre, estarían cobrando 3 millones de pesos por cupos para adelantar estudios en Medicina. A través de ese caso, se desprende que la práctica irregular ha sido frecuente y como las investigaciones no avanzan, se desconoce si estarían comprometidos otros programas académicos. A todo ello se suma la vulneración del sistema de calificaciones para alterar los resultados académicos y evitar la pérdida de algunos cursos. De eso fue notificada la Fiscalía en febrero de 2008 tras conocerse las quejas de varios docentes, quienes encontraron inconsistencias entre sus notas y las que arrojaba el programa sobre asignaturas cursadas en 2007. Esa situación se agravó durante el segundo semestre de 2011, cuando un funcionario del área de Control Interno de la Universidad fue amenazado. En su denuncia ante la Fiscalía de Pamplona, fechada el 23 de noviembre de ese año, se registró que “presuntamente algunas personas vinculadas con la universidad, ya sea como empleados o estudiantes y otras particulares, vienen realizando algunas acciones dirigidas a la alteración del sistema de calificaciones a estudiantes, promoviéndolos a semestres superiores y en otros casos logrando obtener el título profesional. Por esta acción cobran diferentes cantidades de dinero”. Otra de las aristas de presuntos hechos de corrupción se presentó en una unidad operativa de la Universidad de Pamplona en Cartagena, donde, según las denuncias, una funcionaria “vendía” títulos universitarios. La irregularidad fue revelada por dos afectados al centro académico el 25 de abril de 2012, lo que sirvió de base para instaurar una denuncia penal en la Fiscalía de la capital cartagenera el 11 de mayo de ese año. Lo descrito ante el ente de investigación es complejo porque involucra a decenas de afectados: “estudiantes graduados que no cuentan con registros académicos y financieros en la institución, entrega de diplomas falsos, pagos en efectivo hechos a la citada, de los cuales suministraba recibos, pagos que nunca fueron registrados en la Universidad de Pamplona”. Lo que preocupa a las personas que me contaron esta historia y lo que se demuestra en los documentos es la impunidad que rodea todos estos casos, pese a las constantes comunicaciones de las directivas universitarias a los entes de investigación y de control para que atiendan con prontitud todas estas denuncias. Algo pasa en los despachos judiciales en Norte de Santander que impide que los procesos penales y disciplinarios avancen. Ojalá que el informe presentado a la Viceministra de Educación el pasado 24 de julio desate acciones contundentes que conduzcan a castigar a los responsables de tanta irregularidad. Esos fraudes no parecen aislados y es claro que la corrupción siempre opera bajo redes integradas por inescrupulosos que buscan siempre el lucro personal. La academia no puede ser vulnerada de esa manera. En Twitter: jdrestrepoe (*) Periodista y docente universitario