Que la ministra de Tecnologías de Información y la Comunicación, MinTIC, Karen Abudinen, tenía que irse no tiene discusión. El escándalo que estalló tras las revelaciones de irregularidades en el contrato firmado por su cartera por 1,07 billones de pesos con la Unión Temporal Centros Poblados no admitía la permanencia de la ministra, por más que insistiera en que hizo lo que legalmente debía hacer. En un Gobierno con una imagen tan desgastada como la que tiene el presidente Duque, sostener a una ministra en este escándalo no llevaría a ningún buen puerto. Nadie discute acá las calidades humanas de la ministra. Simplemente no podía quedarse al frente de una cartera a la que le habían logrado amañar semejante contratación. Pero ella se sostuvo aferrada con las uñas hasta que el pasado jueves el presidente Duque le pidió la renuncia. Un gasto de imagen innecesario para este Gobierno.

Pero vale la pena recordar lo que pasó con ese contrato, pues es la muestra clara de lo que sucede hoy con la contratación pública en Colombia.

En el más ambicioso proyecto de conectividad hasta hoy, el MinTIC se propuso llevar internet a las zonas más apartadas del país a través de los colegios públicos. El país se dividió en dos grandes bloques de departamentos. Uno de estos bloques fue adjudicado mediante licitación a Claro Colombia y el segundo a la Unión Temporal Centros Poblados. Fue en este segundo contrato en el que se dieron los hechos que llevaron a la salida de Abudinen.

El 9 de diciembre de 2020, el MinTIC adjudicó el contrato 1043 a la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como fin conectar digitalmente a 7.277 colegios públicos de zonas rurales de todo el país. Para iniciar la ejecución, el ministerio desembolsó un anticipo de 70.000 millones de pesos.

El escándalo se desató cuando diferentes informes periodísticos dieron cuenta de que seis meses después de iniciado el contrato no se había instalado ni un solo punto digital. Fue entonces cuando la periodista de W Radio Paola Herrera advirtió que las empresas que conformaban la Unión Temporal Centros Poblados no tenían la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para ejecutar un contrato de semejante envergadura. Y luego vino la estocada: tres de las garantías bancarias que se presentaron para obtener el anticipo eran falsas. Además, este desembolso se había hecho a una cuenta en Estados Unidos.

Ante las irregularidades, la ministra Abudinen caducó el contrato y pidió la devolución del anticipo. Pero la Unión Temporal Centros Poblados ha dicho que no solo no devolverá nada, pues los dineros se destinaron, según ellos, a la compra de equipos y al levantamiento de infraestructura, sino que demandará a la nación. Según denunció El Espectador, además de este, la Unión Temporal tiene ocho contratos más con el Estado que podrían afectarse.

Aunque este episodio nos aterre, por parecer único, es la regla en la contratación pública. Y no exagero.

Lo raro en Colombia es que las licitaciones se las gane el personal idóneo para ejecutar el contrato. La constante es que se amañen y se queden en contratistas tramposos, que acomodan la experiencia y disfrazan las propuestas con precios ridículamente bajos para quedarse con la adjudicación, sabiendo de antemano que luego tendrán que recurrir a adiciones para poder lograr su ejecución. Por eso es que la constante en la contratación pública son las prórrogas, los sobrecostos, las actas de cumplimiento mentirosas, el personal de trabajo acomodado y las interventorías de papel. Y al final, las obras no cumplen con los requisitos de calidad mínima. Porque en Colombia la contratación pública se convirtió en un negocio destinado a esos pocos que aprendieron el mundo de mostrar en el papel lo que se requiera para lograr una adjudicación, aunque en la realidad nada de eso sea verdad.

Si pudiéramos hacer una gran matriz de contrataciones en el país nos daríamos cuenta de que existen grandes señores de la contratación de acuerdo con la línea de la que se trate: infraestructura vial, alimentación escolar, construcción y dotación de hospitales, conectividad digital y un largo etcétera. Si pudiéramos mirar en una gran base de datos nos daríamos cuenta de que su actuar es aliarse y buscar en cada región a alguien que conozca el “funcionamiento” de los entes regionales, para conformar los consorcios y uniones temporales, quedarse con las licitaciones y empezar el camino tortuoso de la ejecución de obras públicas.

No habrá transparencia en la contratación mientras acceder a la información sea una labor imposible. Consultar el Secop, donde se supone deben documentarse todas las obras públicas, es una verdadera pesadilla. Y el nuevo Secop II es una proeza imposible. La documentación se sube en formato PDF, es decir, son imágenes, muchos de estos documentos se escanean al revés o de forma incompleta, y por el formato es imposible hacer búsquedas. Además, las entidades incumplen sin sonrojo su obligación de publicar, y no pasa nada.

El desastre de la contratación pública en Colombia es el principal causante de que se pierdan miles y miles de millones en corrupción, obras mal hechas o inconclusas. Pero nada podrá hacerse mientras no exista un sistema transparente que visibilice todo lo que conlleva la ejecución de un contrato público. Lo de Centros Poblados no es más que una arenita en un inmenso desierto.