La semana pasada, los colombianos vivimos un momento que, para muchos, representó un dolor profundo por nuestra patria. En un acto que resulta difícil de calificar, el presidente Gustavo Petro entregó la Cruz de Boyacá al expresidente y exguerrillero uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, generando serios cuestionamientos sobre lo que un jefe de Estado no debería hacer. Lo más polémico no fue la entrega en sí, sino el uso de la bandera del M-19 como símbolo central en esta solemne ceremonia, un hecho que avergonzó a una gran parte de los colombianos.
La Cruz de Boyacá, máxima distinción de la República de Colombia, fue creada por el libertador Simón Bolívar como un reconocimiento a quienes prestan servicios destacados a la patria o a la humanidad. Aunque el mérito de Mujica no está en discusión, el problema radica en el intento del presidente Petro de revivir un símbolo asociado a una organización guerrillera de la cual él mismo fue miembro. En un acto que debería estar marcado por la solemnidad, el presidente pareció aprovechar la ocasión para promover su narrativa política, utilizando a Mujica como figura emblemática de la izquierda, ante la mirada de medios nacionales e internacionales.
Este hecho resulta aún más grave si recordamos que, como presidente, Petro juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. La Ley 12 de 1984 establece que los símbolos patrios de Colombia —entre ellos nuestra bandera tricolor— son los elementos representativos del país tanto dentro como fuera de su territorio. La bandera, tal como la definió el prócer Francisco Antonio Zea, simboliza valores profundos: el amarillo representa nuestra riqueza y amor por la patria; el azul, los océanos que nos separaron del yugo español; y el rojo, la sangre derramada en la lucha por la libertad.
En contraste, la bandera del M-19, grupo guerrillero al que Petro perteneció, representa episodios oscuros de nuestra historia. Entre ellos, el robo de la espada de Bolívar, el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, la alianza con narcotraficantes como Pablo Escobar, y actos inhumanos como la toma del Palacio de Justicia, donde magistrados y consejeros de Estado fueron asesinados, y el secuestro masivo en la embajada de República Dominicana. Esta bandera simboliza una serie de hechos criminales que dejaron cicatrices profundas en nuestra nación.
El intento del presidente de resaltar este símbolo durante la entrega de la Cruz de Boyacá no solo es inapropiado, sino que constituye una afrenta a los valores y símbolos que representan a Colombia. Es necesario recordarle al presidente Petro y al país que la historia y los símbolos patrios no deben ser manipulados con fines políticos, mucho menos en eventos de trascendencia nacional e internacional.
Escribir sobre un tema tan delicado, que toca la sensibilidad y la objetividad, resulta un desafío cuando observamos con preocupación cómo las prioridades del presidente de los colombianos parecen inclinarse más hacia los símbolos de un grupo guerrillero al que perteneció que hacia los símbolos patrios que representan nuestra identidad nacional. Este hecho nos obliga a plantearnos un serio cuestionamiento: ¿es posible que, al ignorar los símbolos patrios, el presidente esté enviando un mensaje dirigido a socavar nuestra democracia y priorizar los ideales que defendió como miembro del M-19?
Para contextualizar esta situación, debemos considerar que los símbolos patrios no solo representan la identidad nacional, sino también la unidad y el respeto hacia una historia común. Al dar mayor protagonismo a la bandera del M-19 durante la entrega de la Cruz de Boyacá al expresidente uruguayo José Mujica, el presidente Gustavo Petro parece priorizar una narrativa política que converge con los ideales del grupo guerrillero. Esto podría ser parte de una estrategia que se alinea con su política de paz total, la cual involucra alianzas con grupos al margen de la ley, muchos de ellos relacionados con el conflicto armado.
Sin embargo, no podemos ignorar otra hipótesis sobre su actuar en este episodio: el presidente Petro es reconocido por su habilidad para generar percepciones políticas estratégicas. En este caso, su decisión de destacar la bandera del M-19 podría tener dos objetivos principales. Primero, desviar la atención pública de los serios cuestionamientos que enfrenta su gobierno y su familia por presuntos actos de corrupción. Segundo, profundizar la polarización entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan, pensando ya en las elecciones de 2026.
Estas acciones, que aparentemente ignoran el marco legal y constitucional, tienen implicaciones preocupantes. Reforzar la presencia simbólica del M-19 no solo es un intento de mantener viva la memoria de esa organización, sino también una estrategia política para consolidar el poder del Pacto Histórico y sus aliados, incluyendo actores de la paz total. Este movimiento buscaría garantizar la continuidad de su proyecto político más allá de 2026, incluso utilizando elementos simbólicos como los colores de la bandera del M-19 para unificar a los partidos afines bajo una identidad común.
Aún más alarmante es la posibilidad de que esta estrategia apunte a debilitar la democracia colombiana, que ha sido un pilar de nuestra nación durante más de 200 años. La legitimación de estas ideologías, acompañada de acciones que podrían llegar a incluir la violencia — como se evidenció durante el estallido social— plantea un escenario peligroso. Este estallido, recordemos, fue clave en el ascenso de Petro a la presidencia.
En este contexto, los colombianos no podemos ser indiferentes ni ingenuos. Es fundamental que, como sociedad, nos mantengamos unidos en defensa de nuestros valores democráticos y de los símbolos que nos representan como nación. No se trata solo de un debate político, sino de salvaguardar la esencia misma de nuestra República.
Ojalá los numerosos candidatos presidenciales que se oponen al Gobierno de Gustavo Petro comprendan que solo la unidad permitirá recuperar nuestra institucionalidad. Es fundamental identificar a aquellos precandidatos que hoy actúan con oportunismo, jugando a ambos lados del espectro político para acomodarse donde más les convenga. Estos no son aliados del cambio que necesita el país; por el contrario, debemos visibilizarlos y ubicarlos en el lugar donde realmente pertenecen: del lado de Gustavo Petro.
El 2026 no será una elección para líderes tibios ni oportunistas. Será una decisión trascendental entre dos visiones opuestas. Estamos del lado de lo que no representa Petro, sus aliados políticos y su política de paz total. Representamos la defensa de la democracia y la recuperación de la institucionalidad.
Mientras ellos usarán como símbolo político los colores de la bandera del M-19, nosotros llevaremos con orgullo los colores de nuestra patria: amarillo, azul y rojo. ¡Viva Colombia!