El nombramiento de Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social es una provocación del presidente al país. Pero Colombia ya se ha acostumbrado a que el primer mandatario “así como dice una cosa, hace otra”. En las redes sociales recordaron un mensaje de 2014, en el que el entonces senador Gustavo Petro decía: “Todo funcionario de libre nombramiento y remoción en mi administración, sobre el que recaiga sospechas de corrupción, se ha ido y se irá”. Otro de los tantos compromisos incumplidos por el ahora primer mandatario.
Laura Sarabia está siendo investigada por la Fiscalía por el caso de abuso de poder, en el que habría incurrido al haber sometido a sus empleadas domésticas a la prueba de un polígrafo para investigar si ellas se habían robado o no las platas que se le perdieron en su apartamento. La gravedad de los hechos se explica por sí sola. A Sarabia se le perdió, repito, un dinero en efectivo, del que no se ha podido establecer su monto y, por ese motivo, habría utilizado el aparato de inteligencia del Estado, en contravía de la Constitución y la ley, para que las comunicaciones de sus trabajadoras fueran ilegalmente intervenidas, además de someterlas a un interrogatorio sin abogado y sin orden judicial, vulnerando varias garantías y derechos fundamentales de estas humildes mujeres, víctimas de la soberbia de la muy poderosa Sarabia.
Este hecho terminó con el suicidio del coronel Óscar Dávila, encargado de la investigación del polígrafo, quien, según su jefe, el coronel Carlos Feria, uniformado de total confianza de Petro, habría tomado la decisión de incurrir en ese ilícito. Hasta el momento no se ha establecido por parte de las autoridades qué fue lo que en realidad pasó; sin embargo, esta semana fueron capturados cuatro policías de la Sijín y un particular vinculados con estos hechos.
¿De quién era la plata que se le perdió a Laura? ¿De ella? ¿Del esposo? ¿Del presidente Petro? ¿Por qué tenía en su poder Sarabia tanto dinero en efectivo? ¿Las “platas” en efectivo, el polígrafo y las empleadas domésticas humilladas eran motivo suficiente para que el coronel Óscar Dávila, de la Casa Militar de Palacio de Nariño, se suicidara?
Además de las platas en efectivo en el hogar de Laura Sarabia, también se conocieron los audios del exembajador Armando Benedetti en los que le decía a su exasistente (Sarabia) en sus épocas de congresista que él había conseguido 15.000 millones de pesos para financiar la campaña de Gustavo Petro. El escándalo fue de tal magnitud que Laura renunció y Petro la dejó ir. Pero de mentiras, porque, a pesar de que sobre Sarabia recaen todas las sospechas de corrupción, su hoja de vida ya fue publicada en la Presidencia de la República para regresar como la flamante directora de una de las entidades más poderosas del Gobierno.
El DPS tiene un presupuesto de más de 6 billones de pesos y una capilaridad en el territorio que solo la tienen entidades como el Sena, la Fiscalía y el ICBF; además, es el encargado de entregar la mayor cantidad de subsidios a las poblaciones vulnerables.
Nombrar a Laura Sarabia con estas sospechas de corrupción, malos manejos y abuso de poder es un escándalo. Pero dado el modus operandi del Gobierno, es entendible. El “cambio” necesita plata y votos para las elecciones regionales de octubre y quizás considera que es el momento de “aceitar” la maquinaria (que no tiene) para que el proyecto político que empezó el 7 de agosto de 2022 no siga agonizando por cuenta de los escándalos del primer anillo del presidente y su familia.
Traer de regreso a esta funcionaria denota que Petro no tiene equipo de trabajo. De hecho, la inestabilidad e ingobernabilidad de este Gobierno quedó demostrada con la investigación del representante a la Cámara Hernán Cadavid, que comprobó que en tan solo un año el presidente ha nombrado a 29 ministros y que por las carteras han pasado más de 60 viceministros. Petro no ha podido consolidar un equipo que le funcione, ha nombrado activistas sin experiencia en su sector, y Laura Sarabia no es la excepción.
De nuevo, lo más lamentable es que la hoja de vida de Sarabia no cuenta con las credenciales para manejar una entidad de semejante envergadura. Si Laura se presentara a un cargo en el sector privado, con su experiencia, jamás ocuparía la gerencia de una compañía del tamaño del DPS. Sin embargo, a este Gobierno poco o nada le interesa rodearse de un equipo técnico. Basta revisar el legado de la nefasta y saliente directora del DPS, Cielo Rusinque, quien en tan solo un año logró devolver a las poblaciones vulnerables a hacer filas de más de 24 horas para recibir un subsidio que, en el gobierno de Iván Duque, se había logrado transferir sin filas y usando aplicaciones tecnológicas. Pero como este Gobierno tiene una nostalgia enfermiza por el pasado de hace tres décadas, Rusinque cumplió con destruir los avances que en esa materia se habían alcanzado.
Con el nombramiento como funcionaria del Gobierno, Laura Sarabia tendrá un fuero especial ante la justicia, que la tiene que seguir investigando. Ella sabe muy bien qué pasó en la cuestionada financiación de la campaña presidencial y quizás por eso este nombramiento se trata de un pacto de silencio para controlar y tener cerca a una mujer que sabe demasiado y que, ciertamente, puede poner en peligro la poca estabilidad que le queda al nefasto gobierno del “cambio”.