La elección de rector de la Universidad Nacional –simultánea con la de Antioquia, la Tecnológica de Pereira (UTP) y la Pedagógica Nacional– se dio después del ajuste de las representaciones oficiales en los consejos superiores con personas afines al Gobierno Petro en procura de tomar control.

En la de Antioquia, aunque el candidato John Mario Muñoz, hermano del embajador en Nicaragua, no ganó la consulta “simbólica” en ningún grupo votante, con una abstención estudiantil del 85 por ciento, los 2 delegados de Petro votaron por él en primera ronda entre 9 aspirantes.

En la segunda, necesaria por el empate a 3 votos entre Natalia Gaviria y el actual rector, J. J. Arboleda, entre 8 miembros, los 2 del Gobierno le otorgaron la reelección por la oferta de “renovar” con nuevos vicerrectores. En la UTP van 7 rondas (revista Raya). De los tres candidatos más votados en la consulta respectiva, ninguno tiene en el Consejo los votos suficientes, 6 de 9, ni Luis Fernando Gaviria, rector desde 2014, ni Alexánder Molina, de las preferencias de Petro, quien ganó entre los estudiantes, pero no en el profesorado. Están varados 5-4 a favor de Gaviria.

En la Pedagógica, aunque hubo 1.172 votos en blanco de 3.572, Helberth Choachí, el del Gobierno, ganó con 2.167. Aquí, en la UTP y en la de Antioquia hay, además, un representante de las gobernaciones, algo que enreda el proceso cuando no casan las predilecciones regionales con las nacionales.

El 13 de marzo se consultó a los estamentos universitarios para escoger los 5 candidatos con mayor votación ponderada para el cargo de rector de la Universidad Nacional. Regla inicua, mantenida por todos los Gobiernos, que tienen 3 fijos de los 5 necesarios para inclinar la balanza hacia sus favoritos, entre 8 miembros del Consejo Superior. Votantes y candidatos aceptaron la norma, que limita la “democracia directa” a eso y la convierte en una suerte de “cazatalentos” para definir los 5 entre quienes optar.

La votación de 36.607 personas, una participación del 15,87 por ciento de los posibles votantes, el 44 en los estudiantes, el 77 en los profesores y solo el 5,6 en los egresados, dio los de mayor índice ponderado así: para Leopoldo Múnera 34,38 por ciento; 22,64 para Rubén Sastre; 8,35 para Ismael Peña; 7,59 para Juan P. Duque y 5 para Germán Castaño.

El Consejo Superior, con la ministra Aurora Vergara y dos delegados más del Gobierno, uno de los estudiantes, uno de los profesores, uno del Consejo Superior de Universidades-Cesu, uno de los exrectores y otro de las directivas académicas, luego de –al parecer– varias horas de debate y, pese a la opinión gubernamental, aprobó el “Conteo (o regla) de Borda” para seleccionar.

Se dan puntajes –en este caso de 1 a 5 a cada candidato– y se descarta a los que sacan menores sumas. Los delegados de Petro participaron así y fueron sorprendidos cuando, en la penúltima ronda, Leopoldo Múnera fue eliminado con 13 puntos, frente a 14 de Sastre y 15 de Peña, quien, luego de varios empates con el voto en blanco, se eligió por 5-3.

Fuera de agresivas conjeturas sobre quién se “voltió”, enfiladas contra la representante estudiantil, Múnera declaró la “desobediencia civil”; asambleas triestamentarias lo apoyaron y, como desgracia adicional, grupos “encapuchados” asaltaron algunas instalaciones y promueven agresivos tropeles en las inmediaciones.

Entonces, se inició un duelo jurídico. Actas no firmadas por calificarse de incompletas; actos administrativos paralizados; demandas ante el Consejo de Estado; posesión de Peña en notaría; cartas de apoyo y de rechazo; concepto de la Procuraduría, un laberinto, mientras los violentos se apoderan de la protesta.

En la Universidad Nacional de Colombia se repite lo sucedido al Gobierno Petro en la designación del gerente de la Federación de Cafeteros y en la presidencia de la junta de Ecopetrol cuando nombró a Carlos Gustavo Cano o en Corferias. No quedó el que quería.

Si hay intervención por el Gobierno, como poner rector de bolsillo, se pisoteará la autonomía y sentará precedente perverso en el presente que pondría los centros de educación superior pública al arbitrio presidencial. Frente a la interferencia de agentes ajenos a la vida universitaria, impele promover una cruzada por la genuina autonomía y la plena democracia para una educación por la soberanía y el conocimiento, libre de designios e intereses políticos y económicos.

Se propone una reforma para que la gobernanza recaiga solo en los estamentos universitarios mediante el voto directo, como en la Unam, en la de São Paulo y en la UBA, primeras de América Latina, en las que no hay asientos para los Gobiernos. Poderes externos decisorios y la violencia como expresión no proscrita en las universidades de Colombia constituyen una bomba Molotov siempre a punto de estallar.