El gobierno de Enrique Peñalosa tuvo que dedicar gigantescos recursos a la publicidad para mejorar su deteriorada imagen ante los ciudadanos del país. La campaña “impopulares pero eficientes” terminó siendo muy costosa para los ciudadanos, pero eficiente para el alcalde, quien mejoró algunos puntos de su imagen pública. Eso debería estar totalmente prohibido por ley, ya que con los recursos de todos se está intentando mejorar la imagen de una sola persona, lo que es muy poco ético y abiertamente inmoral. La Secretaría de educación estuvo muy concentrada en organizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual ha sido uno de los mayores focos de corrupción para los recursos de la educación en el país. Aun así, el proceso sigue a mitad de camino, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó hace muy poco a seis empresas señaladas por cartelización en el proceso de licitación. Es una prueba más de la necesidad de crear una Superintendencia educativa que asuma estos problemas para que efectivamente las Secretarías y el Ministerio se dediquen a su tarea esencial, que deberían ser la de orientar la educación del país y no la de resolver múltiples problemas de tipo administrativo. En las instituciones educativas pasa algo muy similar y los rectores terminan concentrados en atender procesos legales y administrativos, abandonando por completo sus tareas esenciales: crear comunidad y liderar la formación integral de sus estudiantes. Mientras no resolvamos esto, seguiremos dando palos de ciego en la calidad de la educación de Bogotá y del país. En infraestructura se debe reconocer a la Secretaría de educación que culmina, la construcción de once colegios (cinco de los cuales fueron contratados por la administración anterior) y otros dos que están en obra. Otro énfasis estuvo en la implementación de la jornada única. Hay que reconocer que es una tarea compleja y costosa en la que tuvo la ventaja de partir de un proceso positivo adelantado durante la administración anterior: una jornada pensada para fortalecer la integralidad y no –como equivocadamente se ha hecho en el resto del país-, para reforzar lo mismo, con los mismos docentes y currículos. El avance a este respecto es pequeño: tan solo el 18% de los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá pueden asistir a la jornada única en la actualidad. Sin embargo, es muy poco lo que puede mostrar en calidad, a excepción de una leve disminución de la tasa de deserción (de 3.6% a 1.7%). La explicación es muy sencilla: no trabajaron sobre ninguna de las variables esenciales asociadas a la calidad, como serían las de formación y valoración de los docentes, currículo, liderazgo pedagógico, clima de aula o comunidad pedagógica, entre otras. Se desaprovechó una gran oportunidad para impulsar la necesaria transformación pedagógica que se les debe a los estudiantes y al desarrollo. El avance significativo en la calidad de la educación bogotana se realizó durante la Secretaría de educación de Abel Rodríguez en las administraciones de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. En el año 2008, el 18% de los colegios oficiales estaban ubicados en los niveles avanzados o altos de la clasificación de los planteles para el grado 11. Para 2011 ese porcentaje ya era del 60%. Esto sucedió porque en ese momento, la Secretaría de Educación impulsó una profunda transformación pedagógica relacionada con la formación de los docentes, la estructura institucional y el diseño curricular. Bogotá adoptó la estructura por ciclos de desarrollo para impulsar el trabajo en equipo y relanzar los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), fortaleció los equipos de calidad, el acompañamiento in situ a los maestros y lanzó una profunda reforma curricular por campos del pensamiento, articulada a los ciclos del desarrollo. Estos cambios no se consolidaron durante la administración de Peñalosa y la ciudad retornó a procesos muy tradicionales a nivel curricular y pedagógico. Acá está la clave para explicar los reducidos avances en la calidad alcanzados en la educación de la capital. En 2014 Bogotá ocupó el puesto 21 entre todos los municipios del país en los resultados de las pruebas SABER 11. Para 2018 ocupamos el puesto 53 y el puesto 67 durante el 2019. Eso sucede porque otras ciudades están fortaleciendo de mejor manera la calidad de su educación; entre las que sobresalen: Tunja, Pasto, Bucaramanga y muchas ciudades intermedias de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Si tenemos en cuenta los promedios en las pruebas SABER 11, los alcanzados por Bogotá en 2018 y 2019, son idénticos a los obtenidos en 2015 y levemente inferiores a los obtenidos en 2016. Algo todavía más grave sucede con los resultados de la capital en las pruebas SABER para los grados quinto y noveno: son significativamente inferiores en 2017 si se comparan con los resultados alcanzados para las áreas de Matemáticas y Lenguaje en 2012. Bogotá cuenta con los mayores recursos a nivel nacional (se invirtieron 15 billones en el cuatrienio), con los mejores colegios y con los rectores y los docentes mejor preparados. Aun así, no ha logrado liderar la transformación pedagógica e institucional en el país. Esto sucede porque se ha equivocado en sus prioridades: dio marcha atrás en la formación in situ y se concentró en apoyar las maestrías de los docentes; una estrategia “costosa e ineficiente”, porque las universidades no comprenden la problemática de los colegios, están desarticuladas con la educación básica y la formación llevada a cabo allí, está descontextualizada de las necesidades de los jóvenes y de las instituciones educativas. Los estudios en Colombia han sido muy claros al respecto: no se vuelven mejores docentes en la educación básica quienes obtienen títulos de maestría en las universidades, mucho menos los que alcanzan el doctorado, a quienes en los colegios no saben qué ponerlos a hacer, porque ya no quieren continuar a cargo de las clases y de los jóvenes. Las maestrías que toman los docentes, les sirven a ellos para mejorar su escalafón laboral, pero no contribuyen a la calidad de la educación que ofrecen a sus estudiantes. De allí que sea una estrategia “costosa e ineficiente” utilizada por la alcaldía de Peñalosa, dedicar los pocos recursos a apoyar las maestrías de los docentes. No se fortalecieron los equipos de calidad de la Secretaría, para que acompañaran los procesos de innovación en curso en los colegios, tal como se hizo en Bogotá con mucho éxito entre 2008 y 2011. Para resolver esta tensión, tendremos que promover un cambio legal que permita que el ascenso en el escalafón de los docentes dependa de factores que efectivamente contribuyan a la calidad de la educación, como sería que las universidades acompañaran en los colegios los procesos colectivos innovadores en curso, en lugar de retirar a un solo profesor para que vaya a realizar un proceso descontextualizado en una universidad, desarrollado por docentes desligados de la educación básica, pero que están interesados en decir cómo debería adelantarse allí la educación. Es tan grave el problema de la formación de los profesores, que la actual Misión de Sabios concluyó que era necesario crear un Instituto para la formación de los nuevos docentes que se requieren en Colombia. Actuando en sentido contrario, lo que hizo la alcaldía de Peñalosa fue fortalecer las facultades de educación existentes, al apoyar a miles de profesores del Distrito para que tomaran allí sus maestrías. A nivel curricular, la Secretaría de educación acogió el muy equivocado lineamiento trazado desde el MEN y conocido como los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), otra de las ideas que podríamos concluir que fue una de las más “costosas e ineficientes” que se hayan presentado en Colombia, ya que nos devolvió unas siete décadas a nivel curricular, al abandonar el concepto de competencia y retornar a un currículo prescriptivo, fragmentado e informativo, como el que había regido en Colombia hasta los años setenta del siglo pasado. Bogotá -haciendo uso de la autonomía que le concede la Ley General de Educación de 1994-, exploró una novedosa ruta curricular entre 2008 y 2011. Desafortunadamente con la administración que acaba de culminar retornamos a procesos tradicionales, fragmentados y descontextualizados a nivel curricular. Hemos dado un verdadero salto hacia atrás en los lineamientos curriculares para Bogotá y el país. Resulta particularmente grave el caso de Bogotá, ya que en la capital habíamos iniciado un positivo recorrido en la dirección correcta, pero dicho proceso fue anulado al acatar el equivocado lineamiento ministerial. Los anteriores errores pedagógicos frenaron el avance en calidad educativa de la ciudad. Para completar, se le dio un golpe de gracia a la novedosa estructura por ciclos que se organizó para todos los colegios bogotanos entre los años 2008 y 2011. Esta estructura fue esencial para impulsar el debate pedagógico entre los docentes del Distrito, para cohesionar la comunidad al interior de las instituciones, relanzar el PEI y fortalecer el trabajo en equipo. Durante la administración Peñalosa, todos estos logros se desvanecieron por completo y retornamos a la fragmentada estructura por grados, tal como viene funcionando en el resto del país desde tiempos inmemoriales. Cada vez somos más quienes creemos que Bogotá no puede seguir equivocada en sus prioridades y que la capital tiene todas las condiciones para impulsar la transformación pedagógica en sus instituciones educativas. Necesitamos maestros que debatan, que se reúnan periódicamente a repensar el currículo, los sistemas de evaluación, los PEI y las prioridades institucionales. Necesitamos familias más comprometidas que acompañen los procesos formativos de sus hijos. Si los colegios las convocan para formarlas en temas pertinentes, ellas acuden; pero si las llaman para regañarlas, tienen la razón al ausentarse. Necesitamos modelos pedagógicos más contextualizados y que enfaticen en las competencias transversales esenciales. Necesitamos crear instituciones educativas más democráticas y en la que se escuche la voz de los estudiantes y los profesores. Algunos colegios lo han alcanzado. Algunas ciudades y algunos países han avanzado en la dirección correcta. Pero todos los que lo han logrado han transformado los sistemas de formación de docentes, los currículos, la comunidad pedagógica, la democracia en las escuelas y han brindado educación inicial de calidad a los menores. Hacer lo mismo que siempre hemos hecho, pero un poquito mejor, es una estrategia “muy costosa y muy ineficiente”. Desafortunadamente, eso fue lo que primó en Bogotá en los últimos cuatro años. Por eso, no avanzamos en la calidad de la educación brindada a los estudiantes bogotanos.