Hace 30 años, en agosto de 1994, se inició el Gobierno de Ernesto Samper, un presidente que desde antes de posesionarse, y durante todo el mandato, llevó a cuestas la acusación de haber financiado la segunda vuelta electoral con dinero del cartel de Cali.
Un memorando de la Agencia Central de Inteligencia analizó la situación del Gobierno en mayo de 1995. “El futuro del presidente Samper depende fundamentalmente de cuatro funcionarios colombianos, el ministro de Gobierno, Horacio Serpa; el ministro de Defensa, Fernando Botero; el ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, y el fiscal general, Alfonso Valdivieso”, señala. Serpa, Botero y Pardo, además de ocupar las principales carteras ministeriales, son los más cercanos asesores de Samper y públicamente han defendido a Samper, pero son funcionarios ambiciosos y tienen que proteger su nombre, por lo que podrían reconsiderar su apoyo, según la CIA. Esos asesores han tenido éxito en que no se publiquen ciertas noticias que afectan al Gobierno y lograron que se modificara sustancialmente un artículo publicado a comienzos de abril en SEMANA sobre una supuesta reunión de Samper con los capos del cartel de Cali en 1989, agrega. Los tres ministros tienen vínculos de vieja data con Samper, tuvieron cargos importantes en la campaña electoral y lo acompañaron en su fallida aspiración presidencial en 1990, dice el informe. “Sin su respaldo, Samper tendría dificultades para encontrar otros funcionarios dispuestos a ejercer cargos en una administración tan acosada por el escándalo”, según el documento.
Añade: “Siendo un político que en el pasado no ha sido leal a otros, Samper puede dudar de la lealtad de sus asesores. Defensores y opositores ven a Samper como un camaleón político que ha cambiado de ideología, de posiciones y de aliados para conseguir sus propósitos políticos. Botero dijo en 1989 que Samper era un ‘oportunista político’ que ‘duerme con una encuesta de opinión pública debajo de la almohada’”.
“Botero es el más ambicioso de los asesores de Samper y ve su cargo como una plataforma de lanzamiento para una aspiración presidencial. Podría ser el primero que retira su apoyo”, según la CIA. Así fue. En enero de 1996, Botero dijo en entrevista con Yamid Amat que Samper sí sabía del ingreso de dinero de los Rodríguez Orejuela.
El descrédito de Samper se ha mantenido incólume desde su Gobierno. Ese descrédito se extendió a Horacio Serpa, que no se recuperó del escándalo y fue derrotado por Andrés Pastrana en las elecciones de 1998. Igual sucedió con Fernando Botero Zea, que estuvo preso, desapareció del escenario político, recibió el baculazo de su padre, el pintor Fernando Botero, y se radicó en México. En cambio, el otro ministro que fue defensor de Samper durante su Gobierno y que también estuvo en su campaña como director de comunicaciones, Rodrigo Pardo, logró sacudirse el escándalo y al fallecer este año fue elogiado por numerosos periodistas. De las cuatro cabezas del Gobierno citadas por la CIA, sobreviven Samper y Botero. Sobreviven sin honra ni honor. Preclaras figuras perviven en la memoria que jamás tuvieron trato con asesinos profesionales, como Guillermo Cano, Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán Sarmiento.
Hay un error en el memorando de la CIA cuando señala que el futuro de Samper depende de Valdivieso. El fiscal general no investiga al presidente. Esa función corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El 18 de agosto de 1994 se posesionó como segundo fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento, sucesor de Gustavo de Greiff. Se cumplía el quinto aniversario del asesinato de Galán Sarmiento, su primo. “Valdivieso parece estar comprometido con la investigación sobre narcocorrupción y ha acusado y detenido a varios políticos liberales por enriquecimiento ilícito”, según el memorando. Valvidieso presentó personalmente la denuncia penal contra Samper en la Comisión, pero como fiscal general no realizó la investigación. Algunos hechos de la denuncia se derivaron de varias investigaciones que se realizaban en la Fiscalía por el Proceso 8.000. La acusación fue histórica. Por primera vez se formuló una denuncia penal contra un presidente en ejercicio. El general Gustavo Rojas Pinilla fue acusado, en cambio, siendo expresidente y el Senado lo condenó por mala conducta en el ejercicio del cargo. La Cámara de Representantes archivó la denuncia contra Samper.