Desafortunadamente, nuestro país hoy está viviendo una de las épocas más difíciles en su historia después del proceso 8.000 de Ernesto Samper en los noventa.

El caso de las chuzadas ilegales a la niñera de la exjefa de gabinete de Gustavo Petro y hoy directora del Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, por la supuesta pérdida de un maletín lleno de dinero —hasta un muerto hay por este caso (coronel Óscar Dávila)—; los audios revelados por Revista Semana en los que se escucha a Armando Benedetti recordarle a Laura Sarabia que él recaudó 15 mil millones de pesos de dudosa procedencia, que se destinaron a las campañas del Atlántico y el Pacífico, donde casualmente Gustavo Petro arrasó.

También las denuncias de Day Vásquez (exesposa de Nicolás Petro) sobre la presunta recepción de dineros ilegales inicialmente destinados a la financiación de la campaña presidencial, pero que en el camino se desvió una parte a los bolsillos del hijo del presidente; de acuerdo con las declaraciones de Day, “si acaso 50 millones de pesos alcanzaron a ingresar a la campaña”. Recordemos también el caso del testigo que aparece en SEMANA con grave denuncia en la que asegura que eran cinco maletas, tres mil millones de pesos y que pertenecían, supuestamente, a Petro.

Viene la denuncia y el testimonio más grave ante la Fiscalía y es de su propio hijo, Nicolás Petro, en la cual dijo que tiene cómo probar que su papá (Gustavo Petro) tenía conocimiento del ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de la Colombia Humana.

Nicolás Petro habló y entregó detalles de la cercana relación entre Gustavo Petro y el poderoso “empresario” de la costa Caribe y gran amigo de Benedetti, Euclides Torres, del famoso Clan Torres. Les reveló a los fiscales que el empresario fue quien coordinó la entrega de los recursos para la campaña y que, además, fue uno de los principales aportantes, sin que estos ingresos fueran reportados por la campaña al Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con las denuncias hechas por La Silla Vacía, Torres fue quien financió el gran evento del lanzamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro a cambio de negocios y puestos. En las investigaciones, este portal logró encontrar que el Clan Torres tiene un millonario negocio en Tránsito, que está al frente de emporios empresariales que se lucran de los recursos públicos. Vale la pena recordar que en 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio les abrió investigación a las empresas del clan de los Torres por, presuntamente, conformar un oligopolio en negocios de tránsito.

El testimonio de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, en el que asegura que él recibió plata del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, y de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca (ha sido mencionado por exjefes paras como presunto colaborador de las autodefensas), dice que Nicolás les había dicho que el dinero iría a parar a la campaña de su papá. Day habla de más de 600 millones de pesos entregados por este personaje.

Ante este hecho tan grave, y tras analizar las copias enviadas por la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abre investigación previa a Petro por la supuesta financiación irregular a su campaña presidencial. Lo preocupante de que este caso haya pasado a esta Comisión es: ¿en manos de quién quedó el caso de la investigación?

Si miramos más allá de las denuncias del hijo del presidente, su exnuera, los audios de Benedetti y el caso de Laura Sarabia, ¿en qué va a terminar todo este escándalo? Esto, dado que lo peligroso es la lista de los congresistas que conforman la comisión investigadora.

Alirio Uribe, un exguerrillero del M-19 y expresidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (este colectivo de abogados es el responsable de las falsas víctimas de Mapiripán), hace parte de esta comisión. Exactamente, hace unos días pidió que Revista Semana revelara las fuentes de los audios publicados por este medio de comunicación sobre el caso de la exjefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, y las chuzadas ilegales a su exniñera.

Este personaje, quien es gran amigo de Petro, tiene en sus manos junto a la esposa del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros (puesto por Petro en este cargo), Olga Lucía Velásquez, la investigación de la supuesta financiación ilegal a la campaña presidencial. Ovidio Claros, de quien se dice que desde el Consejo de la Judicatura también actuó de forma injusta contra los miliares sobre el asalto al Palacio de Justicia por parte de los terroristas del M-19. Lo que está exigiendo Alirio Uribe es un atentado a la libre prensa. ¿Coincidencia? Aten los cabos.

Después de exponer todo el escándalo, el cual viene siendo peor que el proceso 8.000, vale la pena preguntarse: ¿la Comisión de Acusaciones está en manos de Gustavo Petro?, ¿hay imparcialidad en este caso?, ¿una investigación hecha a su medida?

Están demorados en recusar a estos congresistas.

Ñapa: suena Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior. ¿Premio de consolación a su silencio sobre la verdad de los audios en el caso de Laura Sarabia, las chuzadas ilegales a la exniñera, la pérdida del maletín con dineros de dudosa procedencia y la supuesta entrada de dineros del narcotráfico a la campaña Petro?