Es crucial que todos los antioqueños tomemos conciencia sobre la situación económica que atraviesa la Universidad de Antioquia (UdeA). Los estudiantes tienen razón al exigir soluciones urgentes que aseguren una educación de calidad para ellos y para las futuras generaciones.
Esta institución, que durante años ha sido la alma mater de la educación superior en Antioquia y una de las universidades más destacadas de Colombia y América Latina, merece nuestro compromiso y respaldo.
La semana pasada, los estudiantes de la Universidad llevaron a cabo una manifestación totalmente pacífica, trasladándose al centro administrativo de La Alpujarra, donde se encuentran las sedes de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Su objetivo era exigir a los gobernantes regionales un mayor apoyo económico para enfrentar la grave crisis financiera que atraviesa la institución.
Esta acción podría haber sido influenciada por recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien, en un evento público en el Magdalena Medio, volvió a expresar críticas hacia Antioquia y su clase dirigente, tanto pública como privada, excepto por aquellos alineados con él.
“¿Por qué los gobernantes antioqueños —no todos, sino los actuales— parecen desinteresados en el destino de la Universidad de Antioquia? ¿Acaso desean que su juventud permanezca en la ignorancia? ¿O prefieren verla atrapada en las redes de la violencia perpetua, enfrentando un futuro sin oportunidades porque se les han cerrado las puertas del conocimiento, el arte, la ciencia y las matemáticas?”.
Estas palabras del presidente fueron respaldadas por el ministro de Educación, quien aseguró que el Gobierno nacional ha incrementado los recursos destinados a la universidad. Adicionalmente, criticó que el departamento no haya hecho lo mismo y señaló que el Distrito de Medellín no aporta nada. Esta última afirmación pasa por alto que, legalmente, el Distrito no puede hacerlo, ya que su presupuesto debe destinarse a otros centros de educación superior bajo su jurisdicción.
No obstante, las protestas de los estudiantes deberían centrarse en el rector de la Universidad de Antioquia, cuyas decisiones administrativas han comprometido no solo el presente, sino también el futuro de la institución. Los aportes del Gobierno nacional y del departamento parecen haberse transformado en una especie de caja menor utilizada para beneficiar al rector y a su círculo cercano de profesores. Esta afirmación se sustenta en los siguientes puntos.
En los últimos años, la UdeA ha adoptado una política de expansión, estableciendo sedes en ocho subregiones de Antioquia. Sin embargo, esta expansión, impulsada por el rector Arboleda, ha carecido de una adecuada planificación y respaldo presupuestal. Entre 2015 y 2023, los costos asociados a las cátedras, ajustados a precios constantes, han aumentado un 68,08 %, mientras que la matrícula de estudiantes en las regiones sólo creció un 19,38 %. Además, el promedio de estudiantes por programa es preocupantemente bajo: menos de 60 en subregiones como El Carmen de Viboral, Caucasia, Andes y Urabá, y menos de 46 en otras localidades.
A pesar de contar con tecnología avanzada en aulas virtuales, la universidad no ha sabido aprovechar esta herramienta de manera efectiva para reducir los costos de viáticos y equilibrar el presupuesto. En el segundo semestre de 2023, el 77,16 % de los cursos en toda la universidad no superaron los 20 estudiantes, lo que evidencia una oferta académica sobrada y con una demanda insuficiente.
El rector continúa impulsando la construcción de nuevas sedes en Arboletes y El Bagre, solicitando a la Fábrica de Licores de Antioquia que le adelanten los ingresos de las estampillas de los próximos tres años para financiar estos proyectos. Esta falta de planificación probablemente replicará los problemas actuales y agravará el déficit presupuestal.
Además, el gobierno del Pacto Histórico ha politizado la Universidad de Antioquia, que históricamente se había mantenido al margen de este tipo de injerencias. Gracias a su cercanía con el presidente Petro, el embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, consiguió que el rector Arboleda nombrara a su hermano, John Mario Muñoz, como enlace entre la universidad y el Gobierno nacional.
Este cargo, con una asignación salarial significativa, fue justificado como necesario para la gestión de recursos, pero en lugar de eso, ha resultado en la donación de 3.500 hectáreas de predios universitarios para la reforma rural integral, una política ampliamente cuestionada y con pocos resultados. Además, se entregaron al grupo político de Muñoz la Dirección de Regionalización, la Dirección de Posgrados y la División de Talento Humano, todas áreas clave dentro de la universidad.
Para concluir, todos los antioqueños, liderados por nuestras autoridades políticas, empresariales y académicas, debemos unirnos a los estudiantes de la universidad para exigir la renuncia del cuestionado rector. Es fundamental realizar una reingeniería completa de la institución, con un nuevo rector y un consejo directivo que no persiga intereses particulares, políticos ni económicos, sino que se enfoque en recuperar el prestigio de la UdeA. Su misión debe ser formar profesionales de excelencia que sigan siendo un orgullo para Antioquia y para todo el país.