Petro está liderando una auténtica campaña para socavar el Estado de derecho. Las descalificaciones sistemáticas, los cuestionamientos permanentes y los esfuerzos desde el Ejecutivo por desequilibrar el sistema de pesos y contrapesos crean un contexto que amenaza nuestra democracia. El presidente y su séquito, quienes insisten en citar un supuesto golpe blando —a pesar de que varias de sus reformas han sido aprobadas y la ley está actuando con garantías—, parecen estar posicionando una cortina de humo en la opinión pública. Se presentan como víctimas mientras perpetúan un golpe silencioso, generando una situación en la que el país transita erráticamente entre la razón y el autoritarismo.

En contraste con lo que debe ser actuaciones guiadas por la razón, el sentido común y el elemental respeto hacia el otro, en Colombia el presidente Petro ha continuado en su irracional y díscola seguidilla de actuaciones en contra de la Rama Judicial, las que parecieran no parar. El escenario es por mucho vergonzante y preocupante; ahora terminando el año 2024, y a partir de las legítimas decisiones en sede del contencioso electoral que ha tomado el Consejo de Estado, el presidente ha fijado como blanco de su odio y sus trinos llenos de veneno, al máximo tribunal de lo contencioso-administrativo.

El reciente inicio de la discusión se origina a partir de la nulidad del nombramiento de Juan Pablo Castro en la embajada de Francia, nombramiento que desconocía abiertamente los derechos de aquellos funcionarios de carrera diplomática para ocupar el cargo.

Ahora, en condición de “víctima”, el mandatario acusa al alto tribunal de privarlo de su constitucional derecho para dirigir la política exterior, lo cual es en sí una falacia que desconoce a partir de criterios autoritarios, los derechos constitucionales al mérito que poseen nuestros compatriotas de la carrera diplomática.

El otro grave round del que fuimos testigos -en esta lucha sin cuartel decretada por el presidente en contra de la Rama Judicial- fue cuando el mandatario acusó de “perfidia” al Consejo de Estado, según él, procurando defender a los candidatos -hoy servidores públicos elegidos popularmente del Pacto Histórico- quienes manifiestamente violaron la ley para hacerse a las curules de elección popular.

En un discurso malintencionado, el presidente engloba, en su publicación en X, a la “juventud” como la afectada por las decisiones del alto tribunal, lo que resulta una mentira mayúscula, máxime cuando utiliza como razón de su afirmación que el Consejo de Estado es el responsable de “matar los derechos del pueblo”.

Todo esto porque al joven alcalde de Duitama —del Pacto Histórico—, que violó la ley para hacerse elegir, se le acabaron los sueños de dirigir el reconocido municipio del departamento de Boyacá. No, presidente, nuestra juventud no puede pretender dirigir el país fundado en una escala de antivalores y con la máxima de que “todo se lo merecen”.

Las reglas de la democracia y el Estado de derecho son para todos y es su deber honrar ese mandato, al tiempo que es deber supremo de la administración de justicia proveer las correcciones a que haya lugar cuando el sistema jurídico ha sido turbado.

La vergonzante actuación del presidente coincide también con la declaración de improcedencia de la tutela con la que el presidente Petro pretende dejar sin efectos el pliego de cargos elevados por el Consejo Nacional Electoral en su contra por haber violado los topes de financiación de su campaña, en 2022, en más de 5.000 millones de pesos.

Dicho en otros términos, la neurosis de Petro en contra del Consejo de Estado está en su máximo nivel y, valga aclararse, por cuenta de su falta de raciocinio frente a lo que son funciones y potestades de la justicia contenciosa en sede electoral, de la ausencia del reconocimiento de las otras ramas y poderes públicos, y por la vocación autoritaria con que Petro detenta el poder ejecutivo.

La Comisión Interinstitucional de la Justicia realizó un enérgico pronunciamiento en el que resaltó el papel de la ciudadanía en el rifirrafe en que ha querido sumir el presidente a las altas corporaciones judiciales. Indicaron los presidentes de las altas cortes: “Asimismo, las Cortes hacemos un llamado a la ciudadanía toda para que esté alerta sobre la erosión de la democracia en curso, la que se hace manifiesta con esta clase de descalificaciones, insultos e irrespetuosas afrentas; el ascenso de todos los autoritarismos y las dictaduras empieza por deponer el valor de las reglas, prosigue con la deslegitimación de los jueces y sus decisiones y finiquita con la adjudicación a los jueces del papel de felones”.

Colombia ya sabe que el presidente desprecia el Estado de derecho y la democracia que lo eligió. Como respuesta a lo anterior, al mandatario le parece más “rentable” atizar la discusión, esta vez acusando que las decisiones del Consejo de Estado son golpes de Estado y que sus opiniones son libres de censura. Qué triste es saber que para la falta de raciocinio no hay cura.

Petro está convencido de que él se encuentra por encima de los demás poderes; malentiende que sus actos y el de sus seguidores y funcionarios no pueden ser puestos bajo la lupa de la administración de justicia. Petro, no es usted un soberano, es un mortal servidor público que se debe al pueblo y a la patria, respete nuestro sistema, nuestra justicia y la dignidad de sus jueces.

Esperamos con ansias el paso del tiempo para que, una vez más, cese esta horrible noche.