A Colombia le va bien en el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Subió 11 puestos en el ranking y se encuentra en la categoría de los países de desarrollo humano alto. Sin embargo, cuando se corrige el resultado por el nivel de desigualdad, Colombia pierde 16 lugares. Al igual que en otros estudios como el Pisa, del cual escribí la semana pasada, es importante no quedarse en el ranking y los cambios. Por supuesto que estos son relevantes porque dan una indicación de si estamos en la dirección correcta. Pero lo más sustantivo del informe tiene que ver con la necesidad de cambiar el paradigma sobre el desarrollo y la desigualdad. El informe ratifica la tesis del premio nobel de economía Amartya Sen sobre la multidimensionalidad de la pobreza y por lo tanto de la desigualdad. Las diferencias en ingresos y riqueza son la consecuencia y no la causa de las desigualdades. Hizo bien el gobierno anterior en asumir esa forma de medición como la brújula para guiar la política social. Enfocarse exclusivamente en el aspecto monetario es ineficiente y no impacta de manera sostenible la pobreza y la desigualdad. La sociedad, y el gobierno, deben actuar en todas las áreas. Por supuesto, debemos tener mecanismos de redistribución de los ingresos. Los impuestos y los subsidios son los elementos centrales. Pero en Colombia nuestro sistema es absolutamente ineficiente. Los estudios muestran que la desigualdad es prácticamente igual antes y después de impuestos. Tarea pendiente que las sucesivas reformas tributarias no han abordado. Además de reformar el régimen de impuestos, la agenda es más compleja y más amplia. Otra vez, el tema de la educación es fundamental. La inversión más rentable, la que rinde mejores resultados es la inversión en la primera infancia y en la educación preescolar. Las desigualdades, como lo subraya el PNUD, se acumulan a lo largo de la vida y arrancan desde el nacimiento. El Gobierno Santos convirtió su estrategia de primera infancia, de Cero a Siempre, en política pública, adoptada por ley. Pero más allá de lo formal, se requiere que el Gobierno asuma esta tarea como prioridad absoluta. Y lo más valioso del informe –a mi parecer—es que pone las discriminaciones sociales y de acceso al poder en el centro del problema. Allí están los principales motores de producción, reproducción y agravación de las desigualdades. Y en ese tema, el foco que recomienda el PNUD es, con razón, la desigualdad de género. Parece evidente. Pero hay que repetirlo e interiorizarlo. La discriminación, el trato desigual frente a las mujeres afecta al 50 por ciento de la población. Superar tal injusticia, tendrá un beneficio inmenso. Y aquí también, el síntoma evidente es la desigualdad de ingresos. Según PNUD, el ingreso promedio de una mujer en Colombia es dos terceras partes del de un hombre. Pero el problema es más serio. El acceso al poder, la desconfianza en las mujeres para liderar en cargos públicos y privados, perpetua las diferencias. Enhorabuena por la elección de la alcaldesa de Bogotá, pero una golondrina no hace un verano. Necesitamos muchas más. En Ecuador por ejemplo, se acaba de reformar la ley electoral y ahora hay paridad absoluta obligatoria en las listas a legislativo e incluso en las elecciones presidenciales (presidente y vicepresidente no pueden ser ambos hombres). En Colombia seguimos en ese debate… Las desigualdades en acceso al poder no se limitan a las mujeres. Los hombres, blancos, de estratos altos y educación avanzada están sobrerrepresentados en el mundo político. EL PNUD muestra cómo los grupos sociales privilegiados económicamente tienen una influencia desproporcionada en materia de políticas públicas, y –en primer lugar—sobre la política de impuestos, lo que nos lleva al punto inicial. En esa aproximación multidimensional del informe hay dos temas que tienen que ver con el presente y el futuro. El primero, el cambio climático. Las catástrofes naturales, las inundaciones, las sequías son terriblemente regresivas. Afectan mucho más a los más pobres que a los más pudientes. Tiene lógica. Son los pobres los que viven en zonas de más alto riesgo, en viviendas de menor calidad y sin estructuras de seguridad necesarias. Y el efecto empobrecedor de una catástrofe natural es enorme. Estos fenómenos van a seguir aumentando por cuenta del cambio climático. Además de reducir las emisiones de gases, es urgente tener una estrategia de adaptación y reducción de riesgos enfocada en los más pobres. El Fondo de Adaptación creado en Colombia luego de las inundaciones de La Niña en 2010, debe revitalizarse y acelerar su labor. El otro es el desafío que trae la revolución tecnológica. Es lugar común decir que esta ha transformado la economía, la sociedad, la política. Pero se habla menos de cómo esa revolución amplía las brechas de acceso entre los más ricos y los más pobres. En esas circunstancias, y sin políticas públicas y corporativas incluyentes, la tecnología es un gran acelerador de desigualdades y hace que sea más difícil reducirlas. Tenemos una tarea enorme por delante. La prioridad debe ser la igualdad. Multidimensional. Integral. No solo de ingresos y riqueza. A nivel de los individuos, pero también del sistema político, social, ambiental y tecnológico. Hay mucho por hacer. Y lo primero es construir sobre lo construido, sin mezquindades.