Según el último informe de la Acnur, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados en el mundo, Venezuela tiene la segunda mayor crisis migratoria del planeta, después de Siria. Son 6,7 millones de venezolanos los que se han visto forzados a abandonar su país por cuenta de las condiciones políticas, socioeconómicas y de violaciones a los derechos humanos que ha producido la dictadura venezolana de izquierda.
Sin embargo, la narrativa de la dictadura de Nicolás Maduro le sigue diciendo al mundo que en ese país reina la prosperidad. Quizás algún día salgan con la desfachatez de afirmar que los que decidieron irse lo hicieron por desagradecimiento con las oportunidades que les brindaba el régimen. Pero la verdad es otra. Los venezolanos huyen de la violencia, la inseguridad, las amenazas, la falta de alimentos, de medicinas y de servicios esenciales.
De esos 6,7, hay 2,5 millones de venezolanos radicados en Colombia. En 2017, el entonces senador Iván Duque lideró la presentación de una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de la dictadura de Nicolás Maduro por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La demanda fue presentada en conjunto con Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, y, dado que el material probatorio que se aportó fue suficiente, en 2021 fue abierta una investigación formal en contra de la dictadura por haber cometido presuntas conductas penalizadas en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Al régimen de Maduro se le investiga por los delitos cometidos desde las protestas de 2014, en las que presuntamente se habrían presentado casos de tortura, asesinato, persecución a grupo poblacional definido, arrestos masivos y ejecuciones extrajudiciales.
Adicional a la investigación de la CPI y el reciente informe de la Acnur, Venezuela está bajo la lupa de la Misión Europea, que en un informe evidenció que los venezolanos tienen muchos obstáculos para poder ejercer sus derechos políticos. Hecho que es más que evidente. Si bien Maduro se reelige “democráticamente” periodo tras periodo, para nadie es un secreto que en Venezuela no hay independencia de poderes y que ese país funciona como una narcodictadura.
Con el Gobierno de Gustavo Petro, a Nicolás Maduro le llegaron vientos de calma. Y con el arribo del nuevo embajador en Caracas esta semana, el hombre fuerte del presidente, Armando Benedetti, el dictador recibió una buena noticia. El Gobierno de Colombia estaría pensando en retirar la demanda ante la Corte Penal Internacional en contra de Venezuela. De hecho, Alberto Fernández, el actual presidente de la Argentina, ya lo hizo siguiendo las instrucciones de la otra cuasidictadora de la región Cristina Fernández de Kirchner, gran aliada de Maduro.
Cuesta creer que Colombia abandone la lucha de la defensa de los derechos humanos por cuenta de la ideología política del Gobierno. En Venezuela no hay democracia y sus habitantes continúan huyendo porque las oportunidades económicas en ese país están reservadas para los chavistas. En Venezuela hay hambre y sus habitantes carecen de servicios básicos, como electricidad, agua y servicios de salud y educación. Es un país empobrecido, pero el embajador Armando Benedetti dijo que su pretensión es la de restablecer las relaciones económicas con el vecino país, lo que conduce a la pregunta: ¿de dónde van a sacar plata los venezolanos?
Adicional a los problemas que tiene Venezuela con la Corte Penal Internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa por Nicolás Maduro por 15 millones de dólares por cuenta de los delitos de narcotráfico, porte ilegal de armas y acciones terroristas.
¿Será que Estados Unidos, Europa, la ONU y la Corte Penal Internacional están viendo algo que el Gobierno actual de Colombia no percibe? ¿Acaso la violación de los derechos humanos por parte de las dictaduras en Latinoamérica son condenadas dependiendo de la posición ideológica de sus Gobiernos?
Retirar la demanda en contra de Venezuela ante la Corte Penal Internacional demostrará que Colombia le da un espaldarazo a la dictadura de Venezuela y un golpe a los ciudadanos que la han padecido.
Duele que quede en el olvido la violación de los derechos humanos de los colombianos que en 2015 vieron cómo el régimen de Maduro derribó sus casas en la localidad de San Antonio del Táchira, confiscó sus bienes, marcó los inmuebles como si fueran judíos en la Alemania nazi y los obligó a salir corriendo hacia Colombia por cuenta de las amenazas y la persecución. ¿Los derechos humanos de esos colombianos no importan? ¿Esas infamias quedarán en el olvido?
Los fanáticos seguirán repitiendo la propaganda del régimen porque, tristemente, estos asuntos a casi nadie le importan. La violación de los derechos humanos de los demás es un asunto lejano y solo cobra importancia si la víctima termina siendo uno. Los derechos humanos son la conquista más grande en la historia de la humanidad y, por ende, hay que señalar y castigar a todos aquellos Gobiernos que promueven su sistemática violación. El silencio termina siendo cómplice de la impunidad y negando el sufrimiento de millones de personas que padecen las tiranías en América Latina y el mundo.