“Nada dura para siempre”. Con esta frase, la directora del Dane, Piedad Urdinola, justifica la irrisoria e insignificante cifra de crecimiento de un 0.6 % en el 2023 de nuestra economía. Lo anterior muestra que nuestro país y su institucionalidad económica puede estar pasando por uno de sus peores momentos. La cifra, revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, principia una debacle financiera que tiene como ingredientes adicionales las renuncias de Jorge Iván González, saliente director nacional de planeación, y Marcela Numa, quien se desempeñaba como directora de presupuesto nacional.
Es cierto que la crisis económica no es algo nuevo, ni mucho menos privativo del Gobierno nacional o de Colombia, se trata, pues, de un fenómeno global. A pesar de ello, algo diferencia en sobremanera los resultados en la gestión de la crisis: la actitud y la acción con que se decida afrontar el reto propuesto para liderar un país, elementos con los que la agenda del primer mandatario no parece estar en sintonía.
El escenario se agrava si, por cuenta de la intransigencia del presidente, no existe correlación y dinámica entre el presupuesto de inversiones en el decreto de liquidación y el presupuesto del 2024 que aprobó el Congreso de la República. Incluso, el pasado martes se conoció un proyecto de decreto que busca implementar una etapa de aprobación o, si se quiere, instancia política a cargo de la Presidencia de la República respecto de los proyectos de inversión de las entidades del Ejecutivo, cuando se trate de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales.
Hay que ser enfáticos en la postura de que los componentes técnicos no pueden estar al garete de las luchas de poder y mucho menos de los egos. Es momento de sentarse a escuchar a los expertos y dejarse guiar, en ningún momento a un presidente se le puede juzgar por desconocer los temas –nadie sabe de todo–, pero sí se hace responsable por no escuchar la voz experta de sus asesores y colaboradores especializados. Entender que ‘no’ también es una respuesta y que esta debe ser ajustada al criterio técnico y especializado que este tipo de decisiones implica, es por sí una muestra de entereza y probidad de quien debe liderar la apuesta económica de un país.
Todos estos temas macroeconómicos no solo agravan la percepción de nuestro país, sino que tiene implicaciones puntuales en la economía de los hogares colombianos. Revísese la afectación cada vez más grave que se está viendo en las tasas de interés en los créditos de vivienda, que implica que comprar hoy es mucho más costoso. Y ni qué decir de las compras con tarjeta de crédito, cuyos intereses son más altos y hacen que los intereses aumente estrepitosamente los costos finales de bienes y servicios. Las afectaciones sufridas desde los hogares tienen pleno impacto en las cifras negativas que reportan sectores como la construcción y las industrias manufactureras, con un -4.2 % y -3.5 %, respectivamente.
Resulta inconcebible que el crecimiento evidenciado a 2022, de más del 7 %, haya sufrido una caída al 0.6 %, y que la justificación sea aún más ofensiva y quede reducida a un “nada dura para siempre”. Lo anterior denota la desconexión con la realidad del pueblo colombiano y una completa falta de empatía con la gente que tiene que luchar día a día por mejorar sus condiciones y hacer malabares para llegar a fin de mes.
Lo relatado se convierte en la “tormenta perfecta” cuando, de la mano de este escabroso panorama, la Presidencia de la República hace “ajustes” a través de decreto del presupuesto general de la nación, no solo desconociendo la institucionalidad del Congreso a través de lo dispuesto en la ley del presupuesto, sino “adecuando” los recursos públicos contrarios a la destinación específica de los rubros y, de forma acomodaticia, disponiendo recursos de los sectores más importantes, como una especie de caja menor a órdenes del presidente.
Desde la propuesta de solución a dicha circunstancia, es necesario revisar las propuestas de expertos en temas económicos, consistentes en reducción de las tasas de interés, con el fin de propiciar el gasto y el consumo moderado y accesible. Asimismo, la ejecución del gasto público es indispensable. No podemos quedar atados a que, por falta o desinterés de los sectores en la debida ejecución del presupuesto, el recurso no llegue a los distintos rubros de inversión. De otro lado, el sector de la exportación debe contar con un adecuado incentivo desde el Gobierno, para que Colombia siga posicionándose como un país productor y exportador.
Por su parte, el sector de la construcción está íntimamente relacionado con la adquisición de vivienda y la posibilidad de endeudamiento para ese fin. Este es un rubro de la economía que debe mejorar en sus indicadores, para el fomento de este importante sector. Por último, un repunte en el sector agrícola se hace indispensable para la reactivación de la cadena productiva y la seguridad alimentaria. Lo anterior va de la mano con la propuesta para Colombia de parte del Fondo Monetario Internacional, en términos de reducción del gasto y fortalecimiento de la inversión.
En temas económicos, al comprender un aspecto técnico tan importante, es muy poco lo que desde la visión externa se pueda sugerir; sin embargo, el sentido común, que a su vez se convierte en el más común de los sentidos, nos indica que una economía direccionada y liderada técnica y razonadamente muestra mejoras; contrario a ello, si esta es manejada con egoísmos, terquedad y soberbia, el camino al fracaso ya estará fijado. Será cuestión de tiempo transitarlo y ratificar que, incluso, podría ser peor.