A muchos colombianos el nombre Reficar les recuerda el disparate en la construcción de una refinería cuyos costos llegaron a 8.016 millones de dólares, el doble previsto (SEMANA, 29/1/2016). El sistema administrativo de costos reembolsables permitió los excesos de Chicago, Brigde & Iron (CB&I), cabeza del proceso, cohonestados por la interventora Foster Wheeler y por la cúpula gerencial, ya condenada por prohijarlos (Fiscalía, 18/8/2022).
Reficar es la instalación industrial más moderna del país, de las mejores refinerías de América Latina. Abasteció 19 por ciento del mercado del diésel de Colombia en 2021, al que destinó 54 por ciento del que produjo, el 21 por ciento de la gasolina, toda la elaborada, 87 del jet fuel y el diluyente para crudo, ajustados a normas ambientales exigentes. “De las ventas totales, 70 por ciento correspondieron al mercado colombiano y 30 por ciento al mercado internacional”, “el país dejó de importar combustibles por aproximadamente USD 2.778 millones” (Informe de Gestión 2021)
Fuera de la valiosa contribución de Reficar a las cuentas externas, al reducir la importación de combustibles básicos, es eslabón clave para asegurar la soberanía energética del país y agregar valor con derivados petroquímicos, clave para la industria compleja y el transporte, como nafta, gasóleo, jet, gas licuado de petróleo, otros gases y polipropileno, y fondos residuales de vacío como coque y coque azufrado, slurry, fuel oil y azufre. El 83 por ciento de la materia prima es local, porcentaje que, sin atentados a oleoductos, se incrementaría en tanto el craqueo requiere mezclar crudos diversos.
Dio un salto con el reciente “Proyecto de interconexión de plantas de crudo de Cartagena” para subir la capacidad de carga a 200.000 barriles por día. El margen operacional de refinación es USD 8,5 y ha alzado este año hasta 31,6, y costos solo de USD 5,6 por barril, por mejores precios y rendimientos. Influye para que la mitad de los ingresos de Ecopetrol venga del mercado nacional, libre de volatilidades globales, y a mayores utilidades transferidas al Estado, adicionales a los impuestos pagados por Reficar, que en 2021 fueron 29 millones de dólares, de los cuales 21, a la nación y 8, a Cartagena (idem). Es la sexta empresa de Colombia, con 15,5 billones de pesos de ingresos; 35,4 de activos; es el 11,4 por ciento del PIB industrial y 1,3 del PIB nacional.
Reficar es zona franca. Se constituyó así no tanto por menores impuestos, en IVA, arancel y tarifa de renta del 15 por ciento (ahora 20), sino para facilitar la internación de los costosísimos activos y la exportación de gasóleo y preparaciones de aceites livianos. Aunque en 2019 fue la primera empresa en las ventas externas totales desde zonas francas, la reforma tributaria de Petro y Ocampo pretende asestarle duro zarpazo, y con ella a Ecopetrol y a los 52 millones de habitantes del país.
Veamos. Como en 2021, exportó 1.021 millones de dólares, apenas 25 por ciento de sus ventas totales de 4.021 (idem, cálculos con base en CCC/gena), incurre en lo prescrito en la ponencia de la reforma para estas zonas en las que el comercio interior “no podrá ser superior al cuarenta por ciento para el año gravable 2024, treinta por ciento para el año gravable 2025 y veinte por ciento a partir del año gravable 2026, de los ingresos netos totales”. Reficar debe volcarse al comercio exterior y limitarse apenas a suministrar el 5 por ciento de las gasolinas y el diésel que consumimos en Colombia con un retroceso inexplicable, exportar gasolina barata para importarla cara, en distorsión de su objeto estratégico.
La carta que Ecopetrol mandó al Congreso sobre la reforma ratifica la encrucijada: O la “pérdida del régimen franco implicará (...) aumento de tasa impositiva al 35 por ciento” y un gasto “por la obligación de nacionalización de los activos por 1.800 millones de dólares” o “aumentar sus exportaciones al 80 por ciento y por las características del mercado externo, tendrá un impacto “de menos de USD 300 millones en ebitda (…) y menos de USD 4,5 por barril en su margen bruto de refinación” y, lo peor, “obligaría a la nación a importar directamente combustibles para atender la demanda nacional, por cerca de 44 millones de barriles cada año”, para suplir lo que se le veda a Reficar entregar al mercado interno.
Si se combina la emboscada a Reficar con la eliminación del subsidio al precio nacional de gasolina y diésel, el Gobierno Petro deja el plato servido a grandes importadores que, apoyados en los TLC, harán jugoso negocio, indigno de un país que dice luchar contra el cambio climático, pero en esencia una lesión enorme a la soberanía energética nacional.