La marcha de 63 comunidades wayús –contra el desplazamiento de sus territorios– el martes 29 de octubre en Riohacha ratifica que la protesta pública continúa como la expresión primera de inconformidad en Colombia. Ganó preponderancia con el tiempo y llegó a un punto alto con el paro nacional de 2021.

Los superpoderes nacionales y extranjeros tomaron nota y, como dijera Alejando Gaviria, buscaron “controlar la explosión del volcán”. La tarea encomendada a Gustavo Petro, revestido de “izquierda” y de intérprete del “estallido social”, fue salvar la estabilidad institucional y adelantar las “reformas” dentro de la misma agenda de saqueo y dominio trazada sobre Colombia.

La estratagema incluye al Pacto Histórico, saciado de burocracia, contratos y presupuestos; al discurso radical y a la captura de la movilización, como apéndice del Gobierno, por “reformas sociales” y “el cambio”, contra “el golpe blando”, las “oligarquías”, los medios, los “nazis criollos”, las mafias, etcétera. Una puesta en escena. A contramano, desde inicios de 2024, sectores sociales, organizaciones de trabajadores, grupos regionales y étnicos, productivos y ciudadanos, incrementaron las manifestaciones en defensa de sus intereses insatisfechos y de sus derechos en riesgo.

El 11 de abril, la costa Caribe se levantó contra los “tarifazos” de Air-e y Afinia, y, el 17, miles de cafeteros en paro nacional exigían apoyos para la cosecha y freno a las importaciones del grano. Antes, el día 7, campesinos del sur del Atlántico exigían inclusión en la reforma agraria y también varios centenares de la Anuc en julio en Bogotá. El 21 de abril, la marcha de las “batas blancas” se extendió a centenares de miles de colombianos en oposición.

Aunque el Primero de Mayo Petro quiso embolsillarse el sindicalismo, centrales como la CGT reclamaron su independencia, y taxistas en Bogotá, y después en todo el país, protestaron porque sigue latente la contradicción con las plataformas tecnológicas, que ahora cubren hasta al mototaxismo. Repitieron el 23 de julio y se preparan para el 17 de noviembre.

Vino una avalancha de marchas y paros. Los peajes motivan la rebeldía en el Meta, Antioquia y la Costa, en Turbaco y Puerto Colombia, donde se reprimió con brutalidad. Pequeños empresarios de las TIC anuncian la bancarrota por la crisis de operadores de telefonía móvil que no les pagan las obras que les hicieron; camioneros y transportadores enfrentaron el alza de $1.600 al galón de ACPM y resuenan voces de la cultura contra el proyecto oficial para ese sector.

Los trabajadores del Ministerio del Trabajo, maltratados por funcionarios exsindicalistas, resistieron dos meses en huelga; los de Ecopetrol hacen mítines y recurren a malabares para contrarrestar la masacre laboral que suma más de 400 despidos; en Paz del Río se daña el clima laboral con 60 expulsados y el magisterio rechaza en numerosos plantones la destrucción de su sistema de salud a cambio de enriquecer nuevos negociantes.

Las madres comunitarias del ICBF –del sindicato Sintracihobi– pararon por demoras en el pago salarial, la incertidumbre en los contratos con las asociaciones que las emplean y la insuficiencia para alcanzar la pensión. Problemas cuyas soluciones, pactadas en febrero de 2023, no se concretan.

Se “faltoneó”, además, a los mineros informales del Bajo Cauca, Marmato y demás regiones, que ocupan 320.000 personas. Llevan dos años en espera de “formalizarse”, no les dan los títulos prometidos, pero se les estigmatiza como miembros del Clan del Golfo. La misma historia: un paro para buscar acuerdos y otro para que se cumplan.

Los cebolleros en ruina acusan al Gobierno, y los lecheros se lanzan a las vías y a copiosas asambleas, como la realizada en Ubaté por el senador Fuelantala, contra las importaciones que, por vía de los TLC y otros mecanismos, hacen transnacionales y comercializadoras, que los quebrarían. Agricultores y ganaderos de La Mojana se rebelan contra la ineficacia de la UNGRD frente al necesario cierre del boquete Caregato, que los tiene anegados, campesinos de los páramos de Santander y Boyacá paralizaron por cinco días las carreteras para exigir garantías en su actividad agropecuaria y organizaciones ambientales desafían las bases gringas en Leticia y Gorgona.

Comunidades indígenas del Cauca han cerrado más de 50 veces en 2024 la carretera Panamericana, entre Cali y Popayán, para reclamar el reconocimiento de sus resguardos, servicios públicos, asignación de tierras, salud, vivienda, desarrollo agropecuario y educación.

El gran desvelo de Petro es frenar la erupción de una resistencia civil general, de un volcán, lo cual daría al traste definitivo con su prórroga en 2026, que tiene mal augurio porque, a fin de cuentas, “el cambio” fue en reversa.