Detrás de un grupo de falsos testigos para implicar a inocentes con las FARC hay un nombre que se repite. Se trata de Gustavo Muñoz Roa, director de una fundación llamada “La Nueva Esperanza de Secuestrados”. Muñoz asegura que es abogado aunque -según los archivos de la judicatura- jamás se ha expedido una tarjeta profesional de abogado a una persona llamada así. Tampoco hay registro bajo el número de cédula con el que se identifica.En la página de internet de su fundación invita a hacer donaciones a una cuenta del Banco de Santander “a nombre de Gustavo Adolfo Muñoz Roa, director y representante legal de la fundación”. (Ver donaciones.jpg) Para garantizar el manejo transparente de los recursos de la fundación nombraron como tesorero a Luis Diego Muñoz Roa, hermano del director. (Ver tesorero.jpg)En la junta directiva, entre otros miembros, aparece Doris Ángel de Echeverri, una de las impulsoras del referendo reeleccionista hundido por las trampas en su trámite. (Ver carta de aceptación de Doris.jpg) Para colmo de casualidades Luis Fernando Jaramillo, alma bendita, cuya empresa financiaba la intentona reeleccionista mientras ganaba billonarias licitaciones del gobierno, es presentado en el blog de “La Nueva Esperanza” como “mentor y uno de los artífices de la existencia de esta fundación”. (Ver mentor.jpg)“La Nueva Esperanza de Secuestrados” parece no conformarse con el objeto social que sugiere su nombre. La fundación y su director dedican sus mayores esfuerzos a asistir a militares presos por falsos positivos y otros delitos; a desmovilizar presuntos guerrilleros y a impulsar procesos judiciales contra personas que no se identificaban con el gobierno anterior.Entre otros señalados por Gustavo Muñoz y por testigos cercanos a él, están la ex representante liberal Gema López, el senador Luis Fernando Velasco y el hoy detenido ex diputado liberal Sigifredo López.Contra este último los señalamientos arrancaron cuando aún estaba secuestrado y mientras su esposa se oponía al gobierno de entonces. En junio de 2007, un guerrillero reinsertado llamado Reinaldo Valencia, alias 'El Cabezón', aseguró en el programa 'La Noche' que Sigifredo era cómplice del secuestro de los diputados y que como miembro de las FARC había escuchado que alias 'Grillo' recibió la orden de un cabecilla de matar “a todos, menos a Sigifredo”.Lo increíble es que 'El Cabezón' se había desmovilizado -con la ayuda de Gustavo Muñoz- antes del asesinato de los diputados. El registro del programa de atención al desmovilizado da cuenta de que se entregó un mes y medio antes del crimen múltiple.'El Cabezón' se retractó. Confesó que nunca estuvo siquiera cerca de los diputados, que jamás había escuchado orden alguna relacionada con ellos y que afirmó lo que dijo en contra de Sigifredo por instrucciones del ‘abogado’ Gustavo Muñoz Roa, que a cambio le había ofrecido asilo político en el exterior. El periodista Herbin Hoyos, director de ‘Las Voces del Secuestro’ –exiliado hace un tiempo por amenazas de las FARC- entrevistó extensamente a alias 'El Cabezón' quien dio detalles de la participación de Gustavo Muñoz en ese primer montaje contra Sigifredo López. Ustedes pueden oir la entrevista aquí: (Audio de la entrevista de Herbin Hoyos con aka El Cabezón)Muñoz denunció falsamente como asociados de las FARC al senador Luis Fernando Velasco y a la representante Gema López, opositores al referendo reeleccionista. Ante la justicia aseguró que un hombre grabado en una manifestación de Velasco era el jefe del frente 29 de las FARC y llevó como testigo en contra de los legisladores al desmovilizado Ever Larrahondo, alias ‘El alcalde’, también reinsertado con ayuda suya.La justicia demostró que el señalado guerrillero no era tal, sino un ciudadano sin problemas con la justicia. También encontró inocentes a Luis Fernando Velasco y a Gema López. A pesar de esta seguidilla de falsos testimonios a Muñoz no le ha pasado nada. Entra como ‘Pedro por su casa’ en instalaciones militares, visita presos (con y sin camuflado) (ver foto1.jpg) y le gusta fotografiarse en demostraciones contra organizaciones defensoras de los derechos humanos a las que señala –sin necesidad de pruebas- como brazos legales de las FARC. (ver foto 2.jpg)