La decisión valiente y pertinente de Federico Gutiérrez de iniciar múltiples acciones penales contra el exalcalde Daniel Quintero y miembros de su administración rompe con la odiosa cultura de no hacer cortes de cuentas a los antecesores o no usar el retrovisor, que es la regla general en las transiciones entre las administraciones locales y nacionales.

Múltiples razones parecen justificar esa tradición que, oportunamente, ha roto el nuevo alcalde de Medellín. Acomodo, bajo la premisa de “no nos pisemos las mangueras”. Rabo de paja, en aquellos casos en que quien accede al poder trae un historial tan polémico como el que se retira. Falsa grandeza, en quienes malentienden la consideración con el derrotado o el saliente con la complicidad, con la corrupción. Otros más hablan de que no perderán tiempo con la robadera de su antecesor, que tienen mucho que hacer y que para eso están los entes de control y la Fiscalía.

La anterior sumatoria de razones ha generado, en la historia política del país posterior a la Constitución del 91, un deterioro tenaz en el clima moral de la nación y una generalizada impunidad que alimenta un extenso entramado de corruptelas en cabeza de los grandes clanes políticos del país.

Porque no es cierto que la justicia o los órganos de control, de oficio o a petición, estén interesadas o en capacidad de investigar y producir condenas y sanciones en los actos de corrupción.

Ante un Estado central y territorial cada vez más expandido en términos fiscales, burocráticos y funcionales, las capacidades de la Fiscalía son precarias, lo cual –sumado a la displicencia, desorganización y a veces abierta complicidad de la misma entidad– garantizan relativa impunidad para los actores de la corrupción.

Estas debilidades orgánicas se agravan en el control fiscal y disciplinario, en que es tolerado y notorio que las delegadas territoriales, en departamentos y capitales, no solo no luchan contra la corrupción, sino que son en sí mismas vergonzosas operadoras de corrupción mediante la negociación de aperturas e imputaciones, cuando no están persiguiendo gobernantes con falsas investigaciones y glosas para coaccionar de las administraciones a entregar gabelas para “calmar” sus fervores de control.

Así, no existe realmente un factor disuasivo en lo penal, fiscal o disciplinario para frenar el concierto corrupto. La monstruosa parafernalia de los sistemas de contratación pública se transforman en saludo a la bandera cuando se constata el imperio del dedazo o los sistemas especiales de contratación, a través de convenios, que garantizan al administrador la posibilidad de brincarse los procedimientos reglados para asegurar la transparencia y objetividad.

Pero el azote de la corrupción no solo se perpetúa por la falta de capacidad investigativa y punitiva.

Es casi igual de determinante para la expansión de la corrupción la transmisión del mensaje de tolerancia y disposición hacia la práctica corrupta por parte de la cabeza del poder ejecutivo.

Y así como desde los albores de la administración de Quintero en Medellín fue evidente para la clase política corrupta de todo el país que el alcalde estaba acomodado con la corrupción, así fue creciendo la eficacia en la depredación de los recursos de la capital antioqueña.

La indiferencia del alcalde frente a las crecientes denuncias en un rosario de dependencias de la extensa red de entidades era un mensaje habilitante para los corruptos. No se conoce, y puede que me equivoque, ni un mea culpa o rectificación por parte de Quintero frente a los incesantes cargos de corrupción que se le formularon durante su mandato. En el combo de Quintero solo la orden de captura te limita para seguir robando. El jefe del ejecutivo municipal no buscaba ni reclamaba ni delicadeza ni apariencia en el manejo del recurso público.

Y así quedó la ciudad. Pero el exalcalde Quintero se encuentra divinamente. Ha construido un nuevo catálogo de socios en el poder regional a lo largo y ancho del país mediante la financiación derivada de la robadera en Medellín. Y Quintero allí. Orondo, desafiante y cosechando su babosa lealtad a Petro con cuotas en todo el nivel central de la administración.

Y los corruptos lo buscan y lo adulan porque saben que no le molesta que roben.

Esos mismos corruptos, de todas las denominaciones políticas, también tienen claro, ya que con Petro es igual. Con Petro se puede robar sin que el presidente haga nada. Mucha cháchara, pero de acción o condena a los corruptos, nada.

La corrupción en el Gobierno Petro ha tenido nombre y apellido. Desde los desmanes de la Urrutia, pasando por las indelicadezas de la Vélez, los chantajes extorsivos en la SuperSalud de Ulahy, los fraudes en las brigadas contra enfermedades tropicales en MinSalud, las raterías motorizadas y los traslados a la brava de Olmedo, las licitaciones amañadas de Rusinque en DPS y tantas más.

Pero frente a todas ellas, el presidente no exhibe su furia de todos los días ni monta sus hogueras digitales. Al contrario. Las corruptelas se meten a la brava debajo del tapete, los responsables ascienden y de todas las casas corruptas se empiezan a nombrar especialistas de la corrupción.

Porque crear un ambiente propicio y favorable a la corrupción en el alto Gobierno es otra de las importantes herramientas en marcha para asegurarse la permanencia en el poder en 2026.