La Justicia Especial para la Paz nació coja. Es una realidad para asumirla y no esconderla. De nada sirve tapar el sol con un dedo porque para empezar, la distorsión genera desconfianza. A mí, personalmente, me produce mucho malestar porque dificulta la toma de decisiones en un tema fundamental. La decisión de crear una comisión para escoger a los magistrados de la JEP fue una equivocación, y se alertó desde el principio. Era un riesgo innecesario que se pudo corregir cuando se hizo la renegociación del plebiscito en 2016. La credibilidad de la JEP estaba en juego y muy a su pesar, no se cambió. La realidad es que el Comité de Escogencia no quedó bien conformado cuando se seleccionó hace ya tres años.
No ayudó que tres de los cinco designados fueran extranjeros con posición política antimilitar. Es histórica la posición de la fuerza pública de desconfianza ante las ONG. Una desconfianza que se mantiene al día de hoy. Es una estrella escarlata que afecta a los magistrados. Ignorarlo es un error. Se ha convertido en la bandera de batalla de quienes ganaron el plebiscito. El Centro Democrático lo convirtió en su eslogan de acabar con la JEP. Esa actitud se mantiene. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lo plantea continuamente y se queja de la falta de mayorías en el Congreso que permitan reformar la JEP. El problema es que ya salió el tren: la JEP existe. Intentaron cambiarla el año pasado y fracasaron estrambóticamente, les dieron una paliza en las dos cámaras. Lo que hay que cambiar es de estrategia, porque coja y todo, la JEP nació para quedarse. A pesar de todas las críticas y reservas sobre el método para conformarla, los magistrados han respondido. Alterar a estas alturas su trabajo es contraproducente. Es mejor trabajar con ellos. Evidentemente no será sin contratiempos y varios del Centro Democrático se opondrán, es de esperar. Pero es lo que hay: una oportunidad de construir y no destruir. De adelantar y no echar para atrás. Ya es hora de que conozcamos decisiones de peso sobre comandantes guerrilleros, al fin y al cabo deben pagar por sus delitos. La JEP tiene desafíos que se pierden por el debate de su supervivencia. Al quitar las dudas sobre su existencia, salen a relucir temas de funcionamiento. Allí tienen que mejorar. Y no me refiero al caso de Jesús Santrich. Ya lleva más de un año funcionando y no hay condena alguna. Parecería que les interesa más la forma que el fondo. Muy preocupante. La paz gana adeptos con acciones. No es difícil; los guerrilleros tiene mucho delito ya confesado. No hay que arrancar de cero. El país espera resultados rápido y castigos ejemplares. El apoyo al acuerdo de paz no le quita la responsabilidad a la Farc. En los últimos meses, se desvirtuaron estos victimarios. No es factible lograr la paz si la Farc no ponen de su parte. Allí el papel de la JEP es fundamental: es a ese tribunal al que le corresponde imponer las penas. Tienen un amplio campo para generar precedentes. Por ejemplo, es inaceptable que un condenado de la Farc siga en el Congreso. Va en contravía de los derechos. Esto se logra con una JEP empoderada, no una débil. Pero la única manera de ganar puntos es logrando hechos; hay que actuar. Y allí, francamente, la JEP va lenta. Ya es hora de que conozcamos decisiones de peso sobre comandantes guerrilleros, al final y al cabo deben pagar por sus delitos. Así lo acordaron en La Habana. No se puede perder el norte; la justicia a la Farc era una piedra angular. Hay que cumplir con el deseo y expectativa de las víctimas. Es lo mínimo. La justicia a lo colombiano es original para el mundo. Nunca se había combinado justicia sancionatoria con restauradora. La JEP tiene la obligación de fijar unos límites y está corriendo el tiempo. ¿Cómo se definirá el sitio de reclusión que no es una cárcel? Nadie ha propuesto una opción que cuente con el visto bueno de todos. Nada fácil el tema. No hay oportunidad para los enemigos del acuerdo que quieren algo imposible, que es ver a un guerrillero en pijama de rayas. No va pasar.
Ese es el quid del asunto: la JEP pierde con cualquier solución. Eso explica la reticencia a proponer opciones. Sin embargo, este año es el día D para el tribunal y sus 38 magistrados. Han sido serios: se han reunido con abogados de la Corte Penal Internacional de La Haya y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José. Entienden que el apoyo de la comunidad internacional es crítico. Que con esa bendición, pueden resistir la andanada doméstica. Lo importante es romper el statu quo; la JEP pierde si todo sigue igual.