No sé qué necesidad tienen de humillar al Ejército, de pisotear a los uniformados como cucarachas. Una cosa es buscar víctimas del horror de los falsos positivos, quizá la única misión que están cumpliendo, y otra bien distinta propinar un golpe bajo, sin necesidad ni sentido, a la comunidad castrense. ¿Qué pretenden?
La sesgada sentencia de la JEP, que legitima el atentado con carro bomba en un recinto académico del norte de Bogotá, lanza un mensaje contundente: señores estudiantes de escuelas militares, pueden herirlos o matarlos y no tienen derecho a quejarse. Son un blanco legítimo, una diana perfecta. Solo van armados con esferos, cuadernos y computador; están desprevenidos por encontrarse en la Escuela Superior de Guerra, pegada a la Universidad Nueva Granada. La culpa es suya si los asesinan. De víctimas no tienen nada. En cuanto a la Mata-Hari Marilú, que realizó las labores de inteligencia durante un año y compartió con compañeros de estudios a sabiendas de que cualquiera de ellos podría morir despedazado, la mandan a la casita. Se ganó la amnistía y que borren sus antecedentes para que quede más limpia que un reportado en Datacrédito. “La Sala considera que (…) fue una acción militar desarrollada en el marco del actuar rebelde de ese grupo armado (…) conexa con el delito político y ejecutada conforme al DIH”. Solo le faltó felicitar a la doña y proponerla para izar bandera y recibir una medalla. Pese a su inocultable sesgo ideológico de esa y otras muchas decisiones del tribunal creado en La Habana, aún me cuesta adivinar el verdadero objetivo de sus magistrados. En la mayoría de ocasiones, parecen decididos a azuzar la polarización y a acrecentar su enorme descrédito ante la mitad del país que desconfía por completo de su imparcialidad. No podrán alegar que se trata de una apreciación interesada y un desencuentro que buscaron los críticos del proceso; desde el momento de su gestación vienen dando pruebas suficientes de que optaron por jugar con la camiseta de un equipo y les cuesta, o nunca pretendieron, ejercer de jueces. Una de las armas que emplean con mayor efectividad para disfrazar atrocidades guerrilleras y revestir de legitimidad a quienes las ejecutaron es la manipulación del lenguaje. Encontré esta perla en la sentencia en la que amnistían a Marilú: denominan “grupo armado no estatal” a las Farc-EP y “Fuerzas Armadas del Estado” a nuestros militares. Igual hicieron con el secuestro. Adoptaron el eufemismo de ‘retención’, que entusiasma a las guerrillas. Suena a delito leve, a que solo causan una molestia temporal, una incomodidad pasajera; como si fuese lo mismo unos días en un calabozo, respetando los derechos del arrestado, que seis, diez y hasta catorce años en régimen de cotidiana tortura. Y no nos engañemos. Nada es improvisado; no cambian un término lingüístico por otro por puro capricho. Obedece al plan establecido de minimizar la violencia de la guerrilla, empleada en gran parte contra la población civil, y maximizar la de las manzanas podridas de las Fuerzas Militares. Lo demuestra la celeridad para blanquear a Marilú mientras que, por otro lado, ni siquiera tienen previsto analizar el atentado terrorista que mató a cuatro civiles en el supermercado Mercamed, en pleno corazón de Quibdó, e hirió a otros 23, algunos de gravedad. Sucedió el 25 febrero de 2014, a las siete de la noche, momento de enorme concurrencia. Una mujer, por orden de los comandantes del frente 34 de las Farc, dejó un potente explosivo en la caja donde se sentaba siempre la hija del dueño. Querían castigarlo por negarse a pagar vacunas y denunciar la extorsión, una acción valiente que de nada le sirvió. Como el momento político requería silenciar la barbarie fariana, no hubo un pronunciamiento duro del Gobierno y la guerrilla negó su participación en los hechos. Luego, en octubre de 2017, con la amnistía de los culpables asegurada, los dos mandos del frente 34 aceptaron la autoría de la masacre. Pero los terroristas no solo no pagarán cárcel, sino que las víctimas, alguna aún con graves secuelas por lo sufrido, como he podido comprobar en viajes a Quibdó, siguen a la espera de una reparación. El Estado no los reconoció como víctimas de pleno derecho, sino como afectados de un simple daño colateral.
¿Cómo pretenden que creamos en una justicia tan incoherente y sesgada? OTRA COSA: aún aguardan los soldados las disculpas del general Montoya. Encuentro mezquino e inaceptable que se sacuda sus responsabilidades insinuando que quienes asesinaron inocentes para presentarlos como bajas confundieron sus órdenes dada su baja formación educativa. Antes al contrario. Es admirable que a pesar de su pobreza, de la inequidad que padecen, amen tanto la patria como para dejarse la vida por defendernos a todos. Gracias y mil veces gracias, soldados.