hablar sobre el servicio público implica, necesariamente, referirse a cuestiones éticas. Quienes llevan las riendas de un país deben conocer técnicamente la cartera que dirigen y buscar –por encima de sus propias creencias– el bien común. Los líderes de algunos ministerios en el actual Gobierno, sin embargo, actúan más desde el dogmatismo y desde el odio hacia ciertos sectores económicos que desde la razón, y con sus declaraciones irresponsables tienen a Colombia en jaque.
Uno de los casos más preocupantes es el de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Si cualquier otra persona dijera las barbaridades que ella ha enunciado, los efectos reales probablemente serían irrelevantes. Pero cuando es la ministra la que hace evidente su desconocimiento y, peor, su desprecio por el sector minero-energético, todo el país se ve afectado. Si en algo pudiera resumirse su gestión sería en su capacidad impresionante para crear pobreza, aumentar la incertidumbre y ahuyentar la inversión.
Su anuncio de suspender contratos de exploración y explotación de gas y petróleo prendió las alarmas a pocos días de comenzar el gobierno. Han sido muchos los efectos negativos y uno de ellos es el alza alarmante en el precio del dólar. Al mismo presidente Petro, a regañadientes, seguramente por petición del ministro Ocampo, le tocó decir que se mantenían los contratos actuales para intentar calmar los mercados. Pero han sido tantas las señales equivocadas que la confianza está absolutamente debilitada y, en consecuencia, sigue cayendo nuestra economía.
El sector petrolero y minero es estratégico para el desarrollo del país: es responsable del 56 por ciento de las exportaciones totales, 34 por ciento de la inversión extranjera directa y cerca del 20 por ciento de los ingresos corrientes de la nación –sin incluir regalías–, que es distribuido directamente a las alcaldías y gobernaciones. Acabar con este sector, como pretende el Gobierno, significaría una crisis sin precedentes.
Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, presentó los mejores resultados financieros de su historia en 2021, consistente con un crecimiento de país de 10,6 por ciento; y el mejor primer semestre en 2022. Gracias a estos resultados se duplican las utilidades y dividendos a la nación, lo que permite realizar inversión social y mejorar la calidad de vida de la gente. Y dicho esto, tengo que celebrar que Felipe Bayón continúe a la cabeza de Ecopetrol. Su gestión habla por sí sola y evidencia que la única forma de superar la pobreza es creciendo en materia económica, generando empleo y llevando una buena redistribución a las regiones –no con el tal “decrecimiento económico” al que le apuesta la ministra Vélez–.
Según la Asociación del Petróleo y Gas, en caso de darse un desplome en la producción, en cinco años la caída del petróleo sería del 47 por ciento y la del gas, de 27 por ciento. Esto generaría de inmediato una pérdida anticipada en la autosuficiencia energética y nos llevaría necesariamente a importar gas a partir de 2026 y petróleo desde 2028. No puedo dejar de preguntarme: ¿por qué perder nuestra seguridad energética para depender de una dictadura como la de Venezuela? ¿Lo que viven hoy los países europeos que dependen del gas ruso es el espejo de lo que nos espera? Si los capitales no siguen llegando del sector energético, ¿cómo se va a financiar el pago de intereses de deuda, que es del 60 por ciento del PIB? ¿De dónde se reemplazarían 8,33 billones de pesos que generaron las regalías por petróleo y minería en el 2021 y que se transfieren a las regiones?
Por eso es tan importante insistirle al Gobierno que no basta con decir que se mantienen los contratos vigentes de exploración y explotación. Son absolutamente necesarios contratos futuros para, así, tener seguridad energética, emprender una transición responsable y mantener o incrementar la inversión social. Encontrar nuevas fuentes de energía como la eólica, la solar o el hidrógeno verde es vital y se está haciendo. De hecho, según la Ocde, el país se ubica en el puesto 13 de 115 con una matriz de energía renovable que llega a 25 por ciento. Lo que no tiene sentido es creer que cortando la manguera de los combustibles fósiles en Colombia de manera radical e irresponsable se va a solucionar la problemática mundial. Colombia aporta solo el 0,4 por ciento de los gases de efecto invernadero, mientras que China aporta el 30,7 por ciento; Estados Unidos, el 13,8 por ciento; la Unión Europea, el 7,9 por ciento; India, el 7,1 por ciento; y Rusia, el 4,6 por ciento.
A veces pareciera que a Petro le interesara más perpetuar la pobreza y los pobres para utilizarlos como herramientas en su lucha política que solucionar sus necesidades. Tanto que criticó a los que tenían el poder porque no hacían lo debido y ahora que lo tiene no solo inventa excusas, busca culpables y evade responsabilidades, sino que cada semana que pasa bajo su mandato el país es cada vez más pobre, inseguro y polarizado.