La reforma a la justicia la sepultaron hace unos meses pero su espíritu viviente no solo se resiste a morir, sino que cada día que pasa goza de mejor salud. Prueba de ello son los cambios de toda índole que se han venido dando de manera vertiginosa en la Corte Suprema de Justicia en materia de parapolítica y que nos acercan cada vez más a la perversa esencia de la fallida reforma Justicia concebida para blindar a los congresistas de escándalos como el de la parapolítica o el de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El primer cambio se dio en plena discusión de la reforma a la justicia, el 18 de enero de este año. En un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a los excongresistas Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño a siete años y medio por concierto para delinquir agravado, sorpresivamente, se adoptó una nueva jurisprudencia que otorga a los congresistas un trato preferente a la hora de tasar las penas de sus delitos. La revista SEMANA simplificó de esta manera el cambio de jurisprudencia que convierte a los congresistas en los únicos ciudadanos a los que no se les puede aplicar el Código Penal: ‘‘si un colombiano del común y un congresista asesinan a una persona y la justicia los condena por el mismo delito, la pena mínima de cárcel para el particular será de 17 años y cuatro meses, mientras que para el padre de la patria es de 13”. El magistrado ponente de este cambiazo de jurisprudencia fue Fernando Castro, quien de ser defensor de Víctor Carranza, pasó en 2010 a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Yesid Ramírez. El segundo cambio se dio hace unos días cuando se procedió a llamar a indagatoria a la expresidenta del Congreso Dilian Francisca Toro y la Corte no ordenó su captura. Anteriormente la Corte había sostenido que para delitos como lavado y concierto para delinquir se preveía la captura para hacer la indagatoria. A este ritmo es probable que en menos de tres meses la Corte decida que solamente se pueden capturar a los congresistas cuando hayan sido condenados como en algún momento lo propuso un borrador de la reforma judicial. Sin embargo, el mayor cambiazo se produjo al inicio de la semana pasada, cuando la Corte decidió aceptar el pedido de extradición del paramilitar José del Carmen Gélvez Albarracín, alias el Canoso, y cambió radicalmente la jurisprudencia de la Corte. Desde 2009 el alto tribunal había decidido congelar las extradiciones de los paramilitares que se encontraran en Justicia y Paz a la espera de que cumplieran con las víctimas. Al cambiarse esta jurisprudencia es claro que para esta Corte es más importante el delito del narcotráfico que haber asesinado y masacrado a colombianos; la cooperación internacional con Estados Unidos que en su concepto sí ha sido eficaz, que los derechos de las víctimas a saber la verdad y a ser reparadas. “Después de siete años de la Ley de Justicia y Paz quienes se han acogido a dicho trámite no han contribuido en forma real, eficaz y transparente al esclarecimiento de la verdad, como tampoco con la finalidad de reparar a las víctimas”, dice la providencia firmada por el magistrado Salazar.Lo sorprendente es que la Corte Suprema de Justicia falta a la verdad porque en el caso específico de alias el Canoso su colaboración con la Fiscalía y con la Corte ha sido abundante y eficaz. Según el portal de verdadabierta.com Gélvez Albarracín ha venido confesando sus crímenes en Justicia y Paz desde su desmovilización con el frente Tayrona en enero de 2006. Ha sido pieza clave en el proceso por parapolítica contra el expresidente del Congreso Javier Cáceres, y en sus declaraciones ha vinculado a políticos como Trino Luna, Luis Eduardo Vives y los entonces representantes a la Cámara Jorge Caballero y Alfonso Campo Escobar, todos condenados por parapolítica. Sus señalamientos han llegado a incriminar al mismo expresidente Álvaro Uribe y a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe. Y en el momento en que se anunció su extradición, el Canoso estaba colaborando con la Corte Suprema de Justicia. El último puntillazo se dio el miércoles de esta semana, cuando se conoció que el magistrado auxiliar Iván Velásquez fue relevado de su función como coordinador de los casos de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. No se necesita de un prestidigitador para saber hacia dónde nos dirigimos con esta nueva Corte.