El Ministerio de Salud avanza decididamente en la implementación de un nuevo modelo de salud en los territorios, es decir, en la Colombia menos urbanizada, más vulnerable en salud y con más dependencia del Estado como garante del derecho a la salud. Lo hace legalmente mediante las competencias del Ministerio de Salud, mientras, en paralelo, se alista para continuar el trámite en el Congreso de la reforma al sistema de salud. Juega a dos bandas, buscando reducir su dependencia de los legisladores.

La primera apuesta fue el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se planteó el modelo de atención primaria en salud (APS), que busca promover la salud y prevenir enfermedades. El PND establece también la conformación de las ‘redes integrales e integradas en salud’, que cuentan con la participación de actores del sector privado, público y mixto; y, por último, deja en firme el fortalecimiento de la red pública hospitalaria.

Concretamente, la implementación del artículo 65 del PND, que establece la elaboración y seguimiento de los ‘planes maestros de inversiones en infraestructura y dotación en salud’ (PMIDS) a nivel nacional, departamental y distrital, representa un avance significativo para la salud en los territorios. Estos planes, desarrollados cada diez años con la participación clave de autoridades locales y nacionales, permiten una planificación estratégica a largo plazo para la mejora de la infraestructura y equipamiento biomédico en el sistema de salud.

El segundo movimiento estratégico que hizo el Gobierno para buscar implementar la territorialización del sistema, además del PND, fue su intento de aplicar una reforma piloto a la salud mediante decretos de emergencia para abordar la situación en La Guajira. Se buscó otorgar facultades de contratación directa a varias autoridades, entre ellas, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, para contratar bienes y servicios cruciales para superar la emergencia en la región. Algunos de ellos buscaban establecer 300 equipos extramurales de salud para brindar atención a las familias en sus hogares y promover la salud preventiva.

Sin embargo, la Corte Constitucional revocó el decreto presidencial que buscaba reformar el sistema de salud en La Guajira. Aunque la decisión de la Corte tiene efectos retroactivos y afecta uno de los 11 documentos del Gobierno nacional para abordar problemáticas en la región, se diferirá su aplicación en temas de agua hasta julio de 2024, debido a la amenaza de crisis humanitaria. La Corte subrayó la importancia del consenso entre Ejecutivo y Legislativo en este tipo de decisiones, reconociendo el papel del Congreso.

La tercera táctica del Gobierno en la transformación del sistema en los territorios se evidenció en la modificación al ‘plan decenal de salud pública en Colombia’, que es la política pública que establece los objetivos, las metas y las estrategias para afrontar los desafíos en salud pública en los próximos 10 años, orientados a garantizar el derecho fundamental a la salud.

Uno de los aspectos más relevantes de este plan es la gestión territorial integral de la salud pública, que busca fortalecer las capacidades de los entes territoriales para planear, ejecutar, monitorear y evaluar las intervenciones de salud pública, de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada territorio.

Esta perspectiva denota la postura del Gobierno alrededor de los principios de equidad, universalidad y participación ciudadana en el acceso y la gestión de la salud pública. Al proteger los derechos diferenciales de grupos vulnerables, como los pueblos originarios y las víctimas del conflicto armado, por ejemplo, se busca una atención más inclusiva y acorde a las necesidades específicas de cada comunidad.

La cuarta apuesta importante del Gobierno en su objetivo de transformar la salud en el territorio a nivel regulatorio fue la designación del 5 % de la ‘unidad de pago por capitación’ (UPC) para la operación de los “equipos básicos en salud”, que son equipos interdisciplinarios que buscarán a los pacientes en sus lugares de trabajo, vivienda o recreación, para diagnosticarlos, pues el Gobierno cree que las EPS no hicieron bien esta tarea. Y podría tener razón.

El quinto movimiento del Gobierno Petro para impulsar la territorialización de la salud es la creación de nuevos mecanismos normativos para la asignación de recursos del presupuesto general de la nación destinados a proyectos de infraestructura física, equipamiento y dotación en el sector salud.

Esta posible norma incorpora nuevos tipos de proyectos que pueden ser financiados, como el desarrollo de la telesalud, los estudios y diseños de infraestructura física, y la dotación de tecnologías de información y comunicación. Es una visión interesante para aprovechar las nuevas tecnologías y mejorar el acceso a los servicios de salud, incluso en zonas apartadas o de difícil acceso geográfico.

El sexto mecanismo del Gobierno es la ‘planeación integral para la salud’, a cargo de las entidades territoriales, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031. Entre los propósitos de la ‘planeación integral para la salud’ se encuentran la formulación de los ‘planes territoriales de salud’, los ‘planes de acción en salud’, entre otras herramientas de política pública que permiten cumplir los objetivos de fortalecer las capacidades de APS.

Por último, como séptimo movimiento táctico, los Ministerios del Interior y de Salud, junto con el Sena, anunciaron una estrategia para recuperar los centros de salud que hoy están abandonados y destruidos en las zonas apartadas del país. La estrategia cuenta con el apoyo de las juntas de acción comunal. El presidente Gustavo Petro afirmó que hay recursos presupuestados para reparar y poner en funcionamiento los ya famosos centros de atención primaria (CAPS).

¿Quién se puede oponer a esta admirable y necesaria visión de llevar el sistema de salud a los territorios?

Solamente aquellos que están viendo lo que hay de fondo: el interés del Gobierno de usar el sistema como caballo de Troya en los territorios para, desde él, conquistar y retener a los clanes políticos de cada municipio y departamento, de cara a las elecciones del 2026. La mejor noticia es, quizás, que no será fácil lograrlo para el Gobierno, porque la mayoría de los territorios, al menos los más relevantes, hoy están liderados por nuevos secretarios de salud, que no quisieran jugar el juego del petrismo de politizar el sistema en sus territorios. Ojalá se mantengan en esa línea y no se resbalen en la mermelada del cambio, como muchos de nuestros “honorables” congresistas.