Para que el crimen organizado se instale en una sociedad, se necesitan tres condiciones básicas: 1) una alta debilidad del Estado, reflejada en un sistema de justicia ineficiente, donde reine la impunidad; 2) una economía ilegal altamente rentable, que logre mantener una productividad constante y que, en caso de sufrir tropiezos, se reinvente y reproduzca; y 3) que algunos sectores de la ciudadanía sean permisivos con la ilegalidad y justifiquen desde pequeños actos hasta delitos graves.
En Colombia y parte de Latinoamérica se han dado históricamente estas tres condiciones. Aquí, el crimen organizado ha estado asociado a grupos de diversas naturalezas que ejercen distintas violencias sobre la sociedad civil. Asimismo, diferentes gobiernos de la región han probado varios modelos de lucha en contra de la ilegalidad; es decir, existen indicios de lo que puede funcionar y lo que no.
Los magos de la retórica del Gobierno Petro le han puesto a su supuestamente innovador modelo el rótulo de “paz total”. Pero los anuncios que se han hecho al respecto le apuntan a lo que se sabía desde campaña con el famoso Pacto Criminal de La Picota. Esta supuesta “paz total”, que es más bien una Paz Mafiosa, se convierte entonces en una prueba real de que dicho pacto sí existió y se está implementando al pie de la letra.
El modelo ya se probó y ya fracasó. Con los mafiosos no se puede negociar; en la historia reciente de Colombia abundan los ejemplos. Pasó con Pablo Escobar, cuando el Estado le brindó oportunidades, pero él siguió delinquiendo desde la cárcel. Pasó con los paramilitares, que terminan reciclándose en bacrim. Pasó con parte de las Farc, que se convirtieron en disidencias. Y pasará, sin lugar a dudas, con esta gran operación de lavado de activos, legalización de criminales y entrega del Estado. Me asalta, entonces, la duda de qué es lo que busca este Gobierno al entregarles el país a las mafias.
El mayor deseo de la mafia es el silencio y la discreción: la Paz Mafiosa. Que la autoridad pase de agache o que, en el mejor de los casos, sea una aliada para que su negocio ilegal prospere sin complicaciones. Esas supuestas negociaciones abren puertas a que las mafias se enriquezcan sin la presión del Estado, que compren más armas, amplíen sus ejércitos y se sigan preparando para cuando la Paz Mafiosa se rompa, y vuelvan a ejercer la violencia con tal de mantener sus negocios. La diferencia es que para entonces ellos estarán más fortalecidos, las autoridades más debilitadas y la ciudadanía más desprotegida.
Por eso los grupos ilegales como el ELN, disidencias Farc, Clan del Golfo, la Oficina y otros andan tan felices con los anuncios de Petro. Es la oportunidad para repetir la fórmula: entregan una pequeña fracción de su negocio, legalizan gran parte de su fortuna criminal, y mientras pagan cortas penas en cómodas cárceles (si es que van a la cárcel), siguen con sus alfiles en la calle manejando las riendas de la criminalidad.
La deuda histórica del país no es con los violentos. El compromiso es con los colombianos que han salido adelante honradamente, con las minorías y la gente más vulnerable, con los campesinos y los trabajadores, con nuestros policías, con nuestras Fuerzas Militares, que han puesto su vida al servicio de la patria, y, por supuesto, con los niños y jóvenes excombatientes víctimas de grupos ilegales que han retornado a la vida civil, acogiéndose al orden constitucional refrendado por el pueblo colombiano. Lo que deben estar haciendo los criminales no es someter al Estado, sino responder por sus crímenes, incluyendo el asesinato de los líderes sociales. ¿O acaso el Gobierno Petro va a ser cómplice de impunidad en estos casos?
Una última anotación: con la mafia no puede haber negociación, sino sometimiento. Y, de darse, debe ser liderado por la Fiscalía General de la Nación, que es el organismo que tiene investigaciones de años, que permitirían identificar a los victimarios, sus víctimas, los delitos cometidos, sus fortunas y líneas de tiempo. Además, deben ir a la justicia ordinaria. Caso diferente podría ser el del ELN, en el que el mismo Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, ya levantó las órdenes de captura de sus cabecillas, lo que abre al Gobierno la puerta para explorar escenarios de diálogo.
Muchos valientes –ministros, jueces, integrantes de la Policía y Fuerzas Militares, sociedad civil, periodistas, entre otros– dieron su vida y la siguen dando por defender la legalidad, la rectitud, la vida misma. El mensaje que están enviando es una puñalada a la memoria de quienes sacrificaron sus vidas por defender a Colombia de la mafia. Para este Gobierno, delinquir sí paga y de qué manera. Esto es un tema de valores. Sin valores, las sociedades no prosperan y yo veo la nuestra a punto de caer en un abismo.