El presidente Petro creyó en la buena fe de los grupos armados. Quizá supuso que, al ser un exguerrillero, sus simpatizantes se unirían a su causa y le allanarían el camino para una victoria política temprana y, por ende, la anhelada paz llegaría dentro de los primeros seis meses de su gobierno. Así lo prometió en campaña, sin titubeos ni condicionantes.
Lo que no entendieron quienes lo asesoraron, o no quisieron ver, fue que las guerrillas, disidencias y grupos armados obedecen a otros tiempos y otros intereses. En primera instancia, el presidente no es un guerrillero; es parte del establecimiento. Desde hace cuatro décadas ha ocupado cargos públicos y está desconectado de las prioridades de estos grupos al margen de la ley.
Pero quizá lo más difícil de revertir es que les entregaron todo el poder de negociación a la guerrilla y al crimen organizado, al anunciar logros ambiciosos prematuramente. Hoy, estos grupos, ya sea en la selva, en la calle o en la cárcel, se sientan a negociar con un gobierno que ya les reveló todas sus cartas, que ya les dijo que están dispuestos a todo con tal de firmar la paz, la que sea.
Poco a poco, las atrocidades cometidas para arrinconar al Gobierno están revelando que ser demasiado benevolente con estas organizaciones criminales no terminará en un país en paz, sino en círculos de impunidad y violencia. El presidente está en una encrucijada difícil en que tendrá que elegir entre dos difíciles caminos: insistir y ver perder cualquier vestigio de autoridad, o desnaturalizarse y tener que convertirse en el más beligerante de los presidentes, para obligar a los grupos armados a sentarse a la mesa con la necesidad de hacer la paz y dejar atrás su poder y sus negocios.
Los beneficios que otorgan los acuerdos de paz a quienes infringen la ley son un acto de nobleza, una mano extendida por parte de casi 50 millones de colombianos. Deben ser la excepción y no la regla. El gesto de paz de nuestro presidente ha sido sistemáticamente desechado y respondido con narcotráfico, asesinatos, extorsiones y secuestros. Estos actores violentos son la minoría entre tantos colombianos que se levantan todos los días a ganarse la vida y perseguir sus sueños dentro del imperio de la ley. Deben recibir el mensaje de que se les está acabando el tiempo, que serán perseguidos, que la rama de olivo se está quedando sin hojas. Si no aceptan las favorables condiciones rápidamente, debemos darles licencia a nuestro Ejército y al sistema judicial para ser implacables contra quienes pretenden atentar impune y cínicamente contra la democracia, la paz y la seguridad.