El secuestro, cuya finalidad es la privación de la libertad de las personas, para obtener, mediante el chantaje, beneficios económicos o políticos, es un delito de lesa humanidad que causa daños irreversibles.
En la mayor parte de las ocasiones, el secuestrador, sea individual u organizado, aduce razones que, entiende, son justificadas, obviando que el derecho a la vida, a la libre circulación de las personas, al derecho a vivir en paz, son fundamentos inalienables de los Derechos Humanos.
El secuestro no tiene apoyo en ningún tipo de código político, ético o religioso. No hay teoría de liberación que pueda ni sustentarlo ni soportarlo. La libertad de unos ciudadanos no es intercambiable con la libertad de otros y, menos aún, con el ejercicio del chantaje más condenable. No se puede entender que se libere a un pueblo privándolo de su libertad, secuestrándolo individual o colectivamente, porque una sola persona secuestrada en Colombia es representativa del intento de secuestro de un País entero y supone, por tanto, una afrenta, un chantaje a nuestro País.
El secuestro se constituye en una verdadera pesadilla para la persona secuestrada, su familia, sus amigos, para la población en su conjunto y para el propio Estado. También termina siéndolo para los propios secuestradores que, sea cual sea el motivo que argumentan para hacerlo, sufren el repudio general de la población, la condena de la comunidad internacional y la persecución de las fuerzas militares y de policía. Se produce así la extraña figura que el secuestrador termina siendo víctima de su propio invento. Ese es en mi opinión el error político e histórico que han cometido las guerrillas en Colombia, los denominados grupos de autodefensa o paramilitares, la delincuencia común y el narcotráfico.
En lo personal, he respaldado siempre las diversas iniciativas de Paz en los últimos años con los diferentes grupos guerrilleros, entre ellas las que se adelantan actualmente con la guerrilla del ELN o se pretenden adelantar con las denominadas disidencias de las Farc. Pero como decía el filósofo de mi pueblo: “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”. Me uno a las personas de la diversidad política y social para solicitar que el gobierno nacional no se deje manosear de los voceros de la guerrilla del ELN, que pretenden seguir negociando en la mesa de México como si nada estuviera pasando.
El deber ético y revolucionario de ellos sería el de poner en libertad inmediata y sin condiciones a todas las personas que tienen secuestradas y manifestar públicamente que, en respuesta a la voluntad de paz del gobierno nacional y al espíritu de la población, de contribuir a acabar el secuestro en Colombia, toman la decisión revolucionaria de poner fin a esa pesadilla.
Estoy seguro de que, si ellos toman esa decisión valiente, millones de personas, entre ellas el suscrito, tanto en Colombia como en el exterior, seríamos los primeros en solicitar que se siga avanzando en el camino de perdón y reconciliación con toda la guerrilla del ELN, así hayan cometido otros hechos violentos contra la población colombiana. Como dice el adagio popular: “no existe mal, que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”. Invito al conjunto de la población colombiana y a importantes sectores sociales y políticos de la comunidad nacional e internacional para que unidos en la diferencia trabajemos para poner fin a la pesadilla del secuestro y de la violencia en Colombia.