Lo del robo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en manos de Olmedo López es de una magnitud insospechada. Según las cuentas de la periodista Paula Bolívar, quien destapó lo que pasaba con los primeros 40 carrotanques comprados en La Guajira, lo que se giró en este festín de corrupción es cercano a 1,2 billones de pesos.

La última de estas revelaciones del alcance de lo que hicieron estos corruptos con la UNGRD se dio en el debate de control político citado por Cathy Juvinao. No contentos con lo robado en carrotanques y ollas comunitarias, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Meza contrataron también la construcción de 1.626 jagüeyes para La Guajira por 74.984 millones de pesos. El 81 por ciento de los contratos se los dieron a Uribia un mes antes de elecciones. De los 1.626 jagüeyes, solo se han construido 209. A pesar del incumplimiento, la auditoría, a cargo de una empresa llamada Intraffic, no dijo nada, y no lo hizo porque es una empresa de papel. Su domicilio está en Barranquilla, pero allá nadie los conoce; el único que la conoce es Sneyder Pinilla, que ya la había contratado como interventora en sus otros contratos corruptos en Sabana de Torres.

Mientras se conocen los alcances de este escándalo de corrupción, Olmedo y Sneyder siguen con su show mediático. Cada día suben un video nuevo, dan una nueva entrevista, emiten un comunicado en el que dicen temer por su vida, pero a la hora de hablar siguen sin decir nada, como ocurrió esta semana con la citación que le hizo la Corte Suprema a López para que declarara en la investigación que se le sigue al conservador Wadith Manzur y que fue conducido por la fuerza al negarse a asistir. Ya en la Corte, Olmedo guardó silencio.

Por eso, no es siguiendo el show de Olmedo y Sneyder como se va a llegar a la verdad de todo esto. La pita que hay que jalar es la de las campañas políticas que se financiaron con estos dineros.

Según un informe de la Fiduprevisora, entidad que desembolsa los recursos de la UNGRD, entre octubre y noviembre de 2023, fechas que coinciden con las elecciones regionales y el trámite de la reforma a la salud, se dispararon las contrataciones en la Unidad.

Los municipios a los que más dinero les llegó fueron Girón (Santander), Itagüí (Antioquia) y Mocoa (Putumayo).

Girón es el fortín político de John Abiud Ramírez, director administrativo de la Cámara de Representantes. Ramírez se convirtió en el dueño y señor del municipio desde que se hizo alcalde en 2016. Llegó a esta alcaldía con el aval del Partido Verde, bendición que le dio el hoy director de Inteligencia, Carlos Ramón González.

Después de John Abiud, la alcaldesa fue su exesposa, Yulia Rodríguez, precisamente quien un mes antes de elecciones declaró la emergencia en su municipio para poder obtener los recursos de la UNGRD. En Girón ganó el hermano de John Abiud Ramírez, Campo Elías Ramírez.

Itagüí es el centro de operaciones del senador conservador Carlos Trujillo. Desde hace muchos años, cuando Trujillo fue alcalde, convirtió a Itagüí en su fortín político. Carlos Trujillo tuvo como su secretario a Olmedo López y fue de su mano que llegó a la dirección de la UNGRD luego de la relevancia que tuvo Trujillo en la campaña Petro Presidente.

En las pasadas elecciones de congresistas, Trujillo tuvo una inexplicable votación a su favor en La Guajira de la mano del también conservador Jaime Lacouture, secretario de la Cámara de Representantes. Trujillo tuvo en el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, a su gran aliado, un funcionario que debe miles de explicaciones sobre cómo logró tantos miles de millones para su municipio. Al final, en Itagüí ganó el candidato de Trujillo, Diego León Torres; en Villanueva (La Guajira), la mamá de Lacouture, Cielo de Lacouture; y en Uribia, el candidato de Bonifacio Henríquez, Jaime Luis Buitrago.

Pero hay más. La gran aliada de Trujillo en la Cámara es María Eugenia Lopera, representante liberal que se hizo políticamente gracias al tristemente célebre Julián Bedoya. Lopera fue la fórmula a la Cámara de Juan Diego Echavarría, el senador liberal que logró que se aprobaran los 200.000 millones para que fueran girados a la UNGRD dos meses antes de elecciones. Lopera fue quien “salvó” la reforma a la salud en la Comisión Séptima y votó a su favor, en contra del mandato de su Partido Liberal de no apoyar la reforma.

El otro que se le rebeló al Partido Liberal fue Carlos Alberto Ardila, representante por el Putumayo, el tercer departamento bendecido con los recursos de la UNGRD. Al igual que Lopera, Ardila votó a favor de la reforma a la salud.

Lo del Putumayo es bien curioso, como es curioso también saber que es una empresa de Mitú (Vaupés) la que termina vendiendo otros 40 carrotanques a La Guajira por 29.000 millones de pesos, un contrato del que no se sabe si fueron entregados o no y que ha pasado casi que de agache en los medios. Quien vendió los carrotanques es la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral-Yapurutú, una entidad sin ánimo de lucro creada para fomentar el crecimiento de los pueblos indígenas. ¿Cómo termina una entidad sin ánimo de lucro vendiendo otros carrotanques para La Guajira? ¿Quién gestiona estos recursos para Putumayo? ¿Quién seleccionó a estos municipios como beneficiados y a sus contratistas?

La plata de la UNGRD benefició campañas, congresistas y poderosos. Es ese hilo el que se debe jalar. Y es a estos verdaderos responsables a quienes Olmedo y sus shows están tratando de encubrir.