Inmediatamente revelé que a espaldas del país se estaba cocinando un acuerdo entre el Estado y los bancos que habían financiado a la Concesionaria Ruta del Sol 2, la ministra de transporte, Ángela María Orozco, convocó a una rueda de prensa. Allí aceptó que el Gobierno Duque estaba estructurando un acuerdo con los bancos, pero enfatizó que no era secreto. Eso no es cierto, ministra. Sí fue a espaldas del país y sí fue una conciliación secreta, pues ni siquiera estuvo presente el real deudor de los bancos, es decir, la concesionaria (Odebrecht-Corficolombiana), como lo hizo saber la firma brasileña. Si la ministra lo que quiso decir es que no fue secreto porque la concesionaria sí estuvo presente a través de los bancos del Grupo Aval –financiadores del 50 por ciento del proyecto–, pues, entonces, en eso sí estaríamos de acuerdo. El Grupo Aval es al mismo tiempo controlante de los bancos y de Episol, socia de Odebrecht.
Tengo en mis manos el borrador del acuerdo con fecha 15 de julio en el que se desenmascaran otras perlas. De su lectura queda claro que la plata para pagarle la deuda que Odebrecht y Corficolombiana aún le deben a los bancos (1,2 billones de pesos sin intereses) saldría de nuestros impuestos. El pago se les haría con emisión de TES, ante lo cual cabría preguntarse dónde está el ministro Carrasquilla. Pero lo más grave es que la justificación que esgrime el Gobierno para ese pago se está haciendo con una valoración sacada del sombrero. Le recomendamos: El descaro El borrador del acuerdo dice: “La AGENCIA (ANI) revisó con base en las pruebas que obran en el expediente, que el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista para contribuir a satisfacer el interés público, incluyendo los intereses, menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista (…) arroja una suma superior al valor que la CONCESIONARIA debe como Capital e Intereses a los BANCOS”.
La ministra, basada en sus cuentas alegres, dice que aún hay plata para pagarles a los bancos, y para ello se sustenta en un peritaje que asegura que hay un remanente de 1,9 billones de pesos pendiente de pagar a la concesionaria. Pero no nos dijo que este peritaje ha sido cuestionado por todas las partes, incluidos los bancos y el Estado. La ANI lo descalificó porque sustenta el valor de la obra en la falsa contabilidad de la concesionaria, la cual fue utilizada para que las coimas y aportes a campañas tuvieran ropaje de contratos. La única cifra real, que no mencionó la ministra, es que en el patrimonio autónomo que maneja los recursos de la concesionaria tan solo hay 190.000 millones. Hacer un acuerdo sobre un peritaje incierto, cuestionado por todas las partes y basado en la contabilidad espuria de la concesionaria, más que arriesgado, es temerario. Decir cuánto vale la obra ejecutada por la concesionaria es el gran reto de los árbitros, no de la ministra ni de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien al parecer ha liderado el tema tras bambalinas. Le puede interesar: La marioneta banal La ministra tampoco ha podido justificar el hecho de que ese acuerdo se esté cocinando a pocos días de proferirse el laudo arbitral. No esperar el laudo para saber cuál es el valor de la obra ejecutada es jugar a la ruleta con el recurso público, que no es dinero del Gobierno ni de ningún ministro, sino de todos los colombianos. Ni ella, ni la vicepresidenta, ni nadie están en capacidad de decir si todavía la concesionaria tiene plata con qué pagarles la deuda a los bancos. Tampoco se trata de un gran negocio para el Estado porque los bancos estén dispuestos a perdonar los intereses. Si este acuerdo se hace antes del laudo arbitral, el Estado, además de pagar con cargo a nuestros impuestos, terminaría asumiendo una deuda privada entre la concesionaria y los bancos, solo recuperable en la medida en que la doctora Orozco, además de ministra, fuera clarividente y ya supiera lo que ni los árbitros saben. Si el futuro laudo dice que el Estado aún le debe a la concesionaria una suma igual o superior a la que le estaría anticipando a los bancos, a la ministra le cuadrarían las cifras. Pero si el laudo dice otra cosa, lo cual es deseable por el bien del interés público, su temeraria apuesta habrá sido un acto muy irresponsable que generará un millonario detrimento patrimonial, como lo advirtió el contralor. No hay que descartar, incluso, que el laudo arbitral termine diciendo que Odebrecht-Corficolombiana son los que actualmente están en deuda con el Estado y que son ellos quienes deben pagarles a los bancos, no los colombianos. Entender las bases “éticas” de ese acuerdo sin remitirnos a la aberrante tesis de la “corrupción preventiva” planteada por Ángel Castañeda, abogado de la concesionaria, y avalada por los bancos es imposible. Castañeda sostuvo ante el tribunal que el soborno al exviceministro García Morales no puede generar nulidad del contrato porque se trató de “corrupción para evitar más corrupción”, es decir que se hizo para torcer a alguien antes de que otro lo hiciera. Escuchar audio:
Por esa vía, Odebrecht-Corficolombiana están a un paso de convertirse en bastiones de la lucha contra la corrupción. Qué ternura. P.D.: Al terminar de escribir esta columna, la Procuraduría advirtió que no va a permitir ningún acuerdo con los dineros de la Nación.