En Venezuela nació el fenómeno llamado colectivos chavistas: que no son más que bandas armadas al servicio del régimen que controlan cada zona del país y amedrantan a la ciudadanía cuando intenta protestar o quieren exponer sus diferencias en contra de las políticas comunistas que tienen en la miseria a uno de los países más ricos de Latinoamérica. Estos son brazos entrenados para matar y aterrorizar a la población.
Los famosos Círculos Bolivarianos son una fiel copia de las Brigadas de repuesta rápida que implementó el régimen castrista para defender la supuesta “revolución”. Los colectivos son una pieza clave de la seguridad para el gobierno de Nicolás Maduro. Sus integrantes asumen la responsabilidad del Estado en las distintas comunidades populares.
Pero hay algo que llama la atención, y es que a estos colectivos armados los llaman ahora “cuadrillas de paz”, y junto a los comandos policiales FAES (Fuerza Armada Especial) y la milicia bolivariana son el brazo armado de Maduro y su particular e irregular guardia pretoriana porque ya no confía en la convencional Fuerza Armada Nacional (FAN).
Para nadie es un secreto que Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, ha mostrado en su programa Con el mazo dando todos los entrenamientos a estas bandas criminales que salen en los videos con armas largas. Pero no todo para allí, el régimen de Maduro hasta ha emitido carnés a los miembros de estos grupos paramilitares: unos permisos especiales para portar armas. Prácticamente tienen licencias para matar.
¿Pasará lo mismo en Colombia con los miembros de la denominada primera línea?
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pareciera que tuviese una deuda histórica con los delincuentes de esta banda criminal que en el pasado Paro Nacional de 2021 incendiaron el país, cometieron secuestros, torturas, dejaron sin transporte público a la ciudadanía, destruyeron bienes públicos y privados, y quemaron miles de negocios dejando a millones sin su sustento. Paralizaron a un país con el cuento de que son “jóvenes que protestan por sus derechos”.
Sus similitudes con los colectivos armados chavistas en cuanto a como operan no dejan de sorprender. Se hacen pasar como un grupo espontáneo y pacífico de jóvenes inconformes, pero en las protestas aplicaron el mismo modelo de las protestas que acabaron con Chile. Aplicaron la “revolución molecular disipada” para lograr la desestabilización y la sensación de anarquía.
En muchos videos de las protestas se vio cómo operan con armas, se disfrazaban de policías para atacar a la población civil y a la fuerza pública. También se vio a varios cuando llegaban con dinero a pagarles en medio de las protestas.
Una investigación rigurosa publicada por la revista SEMANA muestra milimétricamente las transacciones millonarias que comprobarían el nexo entre la primera línea y los narcoterroistas de las Farc, la Segunda Marquetalia, el ELN y otras bandas criminales. Las autoridades consideran que la organización nació como una idea de los grupos armados para penetrar las ciudades de manera más efectiva.
Pero comparemos lo siguiente: ¿cómo se sostienen los colectivos armados chavistas? Los colectivos armados son asalariados del Gobierno. Algunos son funcionarios de los ministerios, se desempeñan como escoltas de altas personalidades y también son encargados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Son parte de las estructuras del partido de gobierno.
En Colombia, desde que Gustavo Petro llegó al poder, ha hablado de llevar a otro nivel el programa ‘Jóvenes en paz’. El objetivo de este programa es el integrar a 100.000 supuestos jóvenes que sean extraídos de las bandas criminales dizque para que terminen sus estudios. Ahora, ya está hablando de liberar a los delincuentes de la primera línea, quienes fueron capturados y judicializados por actos de terrorismo, secuestro, tortura, entre otras.
Petro ha expedido el decreto 2422 de 2022, con el cual pretende liberar a estos terroristas de la primera línea antes de Navidad y hasta con salario incluido con el cuento de que serán voceros-gestores de paz. Esto abre la puerta para liberar a quienquiera que haga parte de cualquier organización “humanitaria”. Son 100.000 “jóvenes” a los cuales les pagará un millón de pesos mensuales. Son doce millones al año multiplicado por 100.000, lo cual da un billón doscientos mil. ¿De dónde saldrán esos recursos? ¿Se inventará otra tributaria para que los colombianos mantengan delincuentes? ¿Cuánto tiempo durará esta figura?
La figura de ‘gestores de paz’ no aplica para los de la primera línea porque hasta el momento ni las autoridades ni ningún gobierno los ha catalogado de grupo narcoterrorista u organización criminal, pero, al momento en que el presidente utiliza esta figura, ¿está confirmando que sí hacen parte de las milicias urbanas de los narcoterroristas Farc y ELN? ¿Quiere decir que las manifestaciones no fueron espontáneas, sino previamente organizadas? ¿Qué deuda tiene el mandatario con este grupo delincuencial?
¿Ahora entienden las similitudes de la primera línea con los colectivos armados chavistas?
Solo queda por decir que el presidente Petro pretende, a punta de decretos, liberar a una manada de delincuentes, pasando por encima de la separación de poderes, de nuestra Constitución y del Estado de Derecho.
Estamos ante un dictador.