El vandalismo le ganó una vez más al Estado de derecho. Los colombianos vieron a través de las pantallas de sus celulares cómo el Gobierno del presidente Gustavo Petro, representado en el viceministro del Interior, Gustavo García, interfirió el pasado fin de semana para que los derechos de quienes delinquen y cometen delitos estén por encima de la ley, la autoridad y de los derechos de los ciudadanos honrados.
El portal de Transmilenio de Las Américas en Bogotá fue testigo una vez más de las protestas de los “angelitos” de la denominada primera línea, que indignados salieron a cometer desmanes cuando el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que el Gobierno retiraba del proyecto de paz total el artículo que le confería al presidente Gustavo Petro la potestad de amnistiarlos.
Muchos se encuentran detenidos en las cárceles por cuenta de la violencia en el paro nacional de 2021, promovido por el entonces senador Gustavo Petro. Una movilización que sirvió como telón de fondo para la campaña presidencial y que dejó un triste número de muertos y heridos, entre policías y civiles.
La muerte más deplorable de todas fue la de Salvador, un bebé de 6 meses de gestación que estaba siendo trasladado en una ambulancia, que los “angelitos”, a la altura del municipio de Tocancipá, no dejaron avanzar. La mamá no pudo llegar al hospital y el bebé se murió en su vientre. Luego, la que fuera jefe de prensa de la campaña de Petro, una señora llamada María Antonia Pardo, sentenció una de las frases más crueles de la izquierda colombiana con el fin de justificar lo inexplicable: “El bebé igual se iba a morir”. La señora María Antonia Pardo, por supuesto, ya fue nombrada en un cargo en el Ministerio del Interior.
A los “angelitos” de la primera línea, que se “sacrificaron” en ese paro en contra de la reforma tributaria del expresidente Duque, el candidato Petro les prometió indultarlos. Y para ello han desplegado una estrategia de comunicaciones para cambiarles su imagen violenta y hacerlos ver como “jóvenes revolucionarios”, “luchadores sociales” o, como la alcaldesa influencer Claudia López alcanzó a denominarlos, “los pelados de su corazón”.
En los desmanes del pasado fin de semana, en medio de la cancelación en la ley de paz total de la fallida amnistía prometida, la primera línea recibió al general de la Policía Nacional Henry Sanabria a punta de piedra, llegando al punto de destrozarle la camioneta. Entonces, tres personas fueron capturadas y retenidas en una tanqueta del Esmad. Fue hasta ese lugar donde llegó el viceministro del Interior, Gustavo García, a interferir en un procedimiento policial bajo la excusa del diálogo, que en realidad es la subordinación del Estado de derecho ante la violencia. En una sola actuación, el viceministro fungió de policía, fiscal y juez de la república. ¡Hasta les ofreció disculpas por haberse demorado en llegar! Y luego, por arte de magia, descendió de la tanqueta con las tres personas en libertad.
La Policía terminó diciendo, en un afanado comunicado de prensa, que asumía la responsabilidad y que habían procedido a la liberación de los “angelitos” porque no tenían pruebas suficientes de que los retenidos hubieran causado los daños de los que se les acusaba. Así que no solo esta vía de hecho ejercida por el viceministro pasó por encima de los códigos, la Constitución de 1991 y la ley, sino que interfirió con la independencia de poderes.
Lo más curioso es que, además de que el viceministro se pasó por la faja a su jefe inmediato, el ministro del Interior, Alfonso Prada, también irrumpió en los terrenos del ministro de Defensa, Iván Velásquez, el supuesto jefe de la Policía Nacional.
Ahora bien, si no había razones suficientes para detener a estas personas, ¿por qué la policía lo hizo? El viceministro del Interior desestimó los cuestionamientos y, amparado en el envalentonamiento de los funcionarios del gabinete del “cambio”, dijo que el diálogo es el camino hacia la paz.
La ley de paz total dejó a los “angelitos” de la primera línea que están en la cárcel viendo un chispero. Por ahora no habrá amnistía porque la imagen favorable del presidente Petro se desgastó mucho más rápido de lo que se esperaba. De hecho, perdió 10 puntos de favorabilidad y su imagen negativa aumentó 20 puntos en la última encuesta realizada por Invamer Gallup.
En un Estado civilizado, quien cometa un delito debe responder ante la justicia. Esperemos que ahora en Colombia no se les permita, por vías de hecho a los ministros del gabinete, el derecho de sacar de la cárcel a los delincuentes. Sin embargo, el daño ya está hecho. Con la aprobación de la ley de paz total, se le otorga al Gobierno la potestad de volver a negociar con el narcotraficante de las Farc Iván Márquez. El jefe negociador de ese grupo narcoterrorista de los acuerdos en La Habana y que, aun conociendo lo pactado, desertó del proceso para volver al mundo del hampa. Por eso se puede decir con total tristeza que se volvió a arrodillar al Estado de derecho con un pupitrazo en el Congreso de la República y se ratificó una verdad demoledora, y es que delinquir paga. Y que, por supuesto, hay unos delincuentes más importantes que otros.