La difícil situación que enfrentan líderes y lideresas sociales y los defensores de derechos humanos en muchas regiones del país también se siente en la capital de la República, donde en promedio cada tres días es amenazado un defensor o defensora de derechos humanos o uno de nuestros líderes sociales.

Esta terrible realidad ha sido evidenciada por la Personería de Bogotá D. C. en varias localidades, donde este año comenzando junio tenemos que al menos 45 defensores o defensoras de los derechos humanos han denunciado ser víctimas de amenazas. En 2021, en la entidad recibimos 129 denuncias, de las cuales 52 fueron sobre mujeres.

En áreas tan importantes de la capital como Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Engativá, la Personería ha recibido la mayor cantidad de denuncias en lo que va de corrido de 2022.

Por eso es urgente, además de obligatorio, rodear a nuestros líderes y lideresas sociales y defensores o defensoras de derechos humanos, garantizándoles su seguridad de tal manera que puedan ejercer su labor sin presiones ni intimidaciones.

Corresponde a todas las autoridades realizar los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos y evitar que este tipo de acciones sigan ocurriendo, así como el de brindar las medidas de seguridad, no solo en Bogotá sino en toda Colombia, teniendo en cuenta que, según Naciones Unidas, en el país han sido asesinados este año 43 líderes y defensores de derechos humanos.

Los liderazgos sociales han sido, son y serán claves en la democracia, en la construcción de una Colombia más justa y equitativa. Proteger a quienes representan estas posiciones en la comunidad, sin importar su condición, etnia o región, resulta una tarea urgente. De hecho, tal y como lo señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su visita a Colombia el año pasado, es uno de los pasos más importantes en la construcción de la paz.

Como guardianes de los Derechos de todos en la capital, venimos trabajando desde la Personería para que líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos puedan ejercer su trabajo con las garantías que ello requiere. De esta manera, hemos remitido todos los casos de amenazas que conocimos hacia la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Unidad Nacional de Protección, para que desde allí se adopten las medidas pertinentes de acuerdo a sus competencias.

Adicionalmente, hemos realizado intervenciones ante la Ciprat (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) para articular medidas para la mitigación de riesgos advertidos en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Permanentemente, estamos haciéndoles seguimiento a las acciones y planes que realiza el Distrito para la prevención de los riesgos advertidos, y participamos en la articulación para la prevención de situaciones que ponen en riesgo la integridad de líderes sociales y lideresas y defensores de derechos humanos.

En la Personería de Bogotá estamos comprometidos en el cumplimiento de los mandatos internacionales y seguiremos trabajando para que la defensa de los derechos de la colectividad no constituya un riesgo. Y, por supuesto, necesitamos el mismo compromiso de todo el Estado.