Los hechos de esta semana son un indicio claro de la intención del presidente Gustavo Petro de buscar su reelección. Espero estar equivocada, pero cada vez más nos acercamos a una suerte de “golpe institucional”, gestado por las huestes del Pacto Histórico y ejecutado con el cómplice silencio del mandatario, para cambiar a las malas la Constitución de 1991 y poder incluir el único tema que de verdad le importa al “cambio”: la reelección.
El pasado 2 de marzo, en mi columna ‘Presidente Petro: ¡destape sus cartas!’, le solicité al mandatario que les dijera a los colombianos si pensaba reelegirse o no, cambiando la Constitución de 1991 mediante una constituyente. El 15 de ese mes, el presidente habló por primera vez de convocar a una Constituyente después de que, para esa fecha, Francia Márquez, desde Brasil, afirmó que cuatro años en el poder era muy poquito tiempo y que necesitaban más. También, le pregunté en ese momento al mandatario qué era lo que estaba negociando con el ELN en La Habana y si, dentro de esa agenda a espaldas del país, se había ofrecido o siquiera considerado convocar a una asamblea nacional constituyente.
Ya a estas alturas, el apoyo del grupo narcoguerrillero como el de las Farc de Iván Márquez a la iniciativa de la constituyente es evidente, así como lo es la del Gobierno nacional y la bancada del Pacto Histórico. Tan es así que esta semana la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta argumentó en la misma línea de Francia Márquez en marzo, pero ahora de frente y sin vergüenza, que las fuerzas petristas sí quieren una reelección del mandatario y que la están buscando.
Álvaro Leyva, el excanciller, afirmó en entrevista con Vicky Dávila la semana pasada que el acuerdo de Santos con las Farc le permitiría al Gobierno convocar a una constituyente. Y el exfiscal Eduardo Montealegre afirmó que un grupo de juristas liderados por él prolongarían el periodo presidencial y establecerían la reelección por decreto y bajo un estado de excepción.
El primer desafío al que se enfrenta esta “iniciativa popular” es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que señaló que el arreglo institucional del 91 no está diseñado para soportar la figura de la reelección. Es decir, en términos constitucionales, con el arreglo vigente, es una puerta cerrada y un debate que, en principio, pareciera más una cortina de humo para opacar tantos escándalos y el desastre de gestión del Gobierno. Pero la realidad es que la adicción al poder del “cambio” superó sus propias promesas de defender la Constitución del 91, no reformarla, ni menos aún buscar la reelección.
Repito que espero estar equivocada. Sin embargo, el delirio de la creencia mesiánica que tiene el presidente sobre sí mismo y su demostrada admiración por las dictaduras de los Castro en Cuba y de Hugo Chávez/Nicolás Maduro en Venezuela, permiten tener claro el panorama. El camino ya está abonado a través de llevar al país de crisis en crisis, que, según Petro, es responsabilidad de todos, menos de su vocación destructora. Es en medio de todo este caos que, en cualquier momento, Petro puede cerrar el Congreso de la República y decretar el estado de excepción con el argumento de que la corrupción es imposible de atajar, que hay que acabarla de tajo y que él, “todopoderoso”, es el único capaz de lograrlo.
Muchos podrían apoyar al presidente, porque si hay una institución odiada por los colombianos es el Congreso. Este acto emularía la torpeza que cometió Pedro Castillo en Perú y que lo tiene hoy tras las rejas. En su momento, recordemos que Petro defendió a su homólogo argumentando lo de siempre: que la Fiscalía de ese país no podía restringir los derechos de los peruanos que habían elegido a Castillo, porque estaban violando la Convención Americana de Derechos Humanos.
Lo que olvida Petro es que por más que haya sido elegido por votación popular, ni él ni ninguno de los “progres” del mundo mundial tiene el derecho de pasar por encima de la Constitución ni la ley, ni tampoco están legitimados para acomodarlas según les dicte su capricho narcisista y mesiánico.
En realidad, ¿de qué logro se siente orgulloso Petro para querer reelegirse? ¿De la destrucción a propósito del sistema de salud, que antes de su llegada funcionaba bien y solo requería mejoras? ¿De la expropiación de las pensiones de 18 millones de colombianos? ¿De la corrupción en la UNGRD? ¿Del escándalo de su hijo Nicolás Petro y las platas que recibió para la campaña presidencial? ¿Del derroche de su esposa? ¿De los líos de su hermano? ¿De la caída de las ganancias de Ecopetrol, pésimamente dirigida por su gerente de campaña, Ricardo Roa? ¿De los pésimos resultados en la economía, producto de la inestabilidad del “cambio”?
Dirán que exagero, pero los hechos hablan por sí solos. En 2018, Petro juró sobre mármol no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y después lo ratificó en la campaña electoral de 2022, en un debate en esta casa editorial. El presidente mintió y, por lo tanto, no se le puede creer lo que dice, sino lo que hace. Petro está buscando su reelección, aunque lo siga negando y lo hará a través de la mejor de sus tácticas: a las malas.