La reforma a la salud, tal como está planteada, no sirve. Podría generar graves afectaciones en la salud de millones de colombianos e incluso compromisos de carácter vital.

El documento redactado por tres de los ministros más experimentados en temas de gobierno (Hacienda, Agricultura, Educación), así como por el Director de Planeación Nacional, demuestra ampliamente la inviabilidad del proyecto de reforma, siendo una de sus principales razones que costaría 90 billones de pesos.

El documento está técnicamente muy bien soportado, por lo que recomiendo su lectura. Sin embargo, considero que el costo de la reforma puede ser aún mayor, teniendo en cuenta que dispara el costo de los medicamentos. Ya no estaríamos hablando de 90 sino posiblemente de más de 100 billones.

Una investigación adelantada por el Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, titulado ¿Cómo queda el acceso y el uso racional de medicamentos en la reforma de la salud?, advierte que le preocupan las omisiones, mayores confusiones y redundancias que generan el proyecto de reforma.

La investigación de este Centro de Pensamiento sostiene que “el diseño del sistema de salud basado en atención primaria no establece mecanismos de pesos y contrapesos entre hospitales, industria y los profesionales médicos. Al contrario, la estructura propuesta es la fórmula perfecta para la explosión del gasto y los excesos en el consumo de medicamentos y tecnologías médicas”.

Asimismo, el documento continúa diciendo “por un lado, se establece el giro directo para aliviar el funcionamiento de los hospitales y clínicas -sin claridad sobre las capacidades de auditar en el nuevo esquema territorial-. De otro lado, se mantiene la premisa de la cobertura de todos los medicamentos del mercado -sin una selección y enfoque en los medicamentos esenciales y sin cuestionamientos a las terapias sin beneficio demostrado”.

Otro de los asuntos que no queda para nada claro son las facultades extraordinarias que se le otorgan al Presidente, así como la posibilidad de priorizar recursos, sin ningún criterio específico, para la cobertura de saneamiento básico y agua potable (función del Ministerio de Vivienda, alcaldías y gobernaciones). Tampoco se entiende la priorización de recursos para emergencias y desastres, cuando tenemos ya entidades habilitadas para ello con las que se puede trabajar a través de un enfoque transversal de política pública.

La Ministra Corcho se excede al afirmar que si no se hace la reforma el sistema colapsaría. En efecto, tiene que hacerse una reforma al sistema de salud, pero distinta a la que ella propone, pues de aprobarse lo que el gobierno sugiere todo será peor. Hoy, Germán Vargas radica en el Congreso un proyecto de reforma que avala su bancada. Ojalá se tengan en cuenta los aspectos positivos que puedan tener este tipo de iniciativas.

Ahora bien, hay un aspecto fundamental que merece toda la atención, y es el que la reforma sería estatutaria y no ordinaria, como lo ha querido presentar el gobierno. Juristas como Rodrigo Uprimny (DeJusticia), Juan Manuel Charry (Mejor Así) y José Gregorio Hernández (ex magistrado de la Corte Constitucional) así lo estiman. La reforma pareciera en cualquier caso va a caerse.

Entretanto, la señora Corcho seguirá despilfarrando recursos, como los que se invertirán en el programa de radio diario en el que tratará de hacer pedagogía sobre la reforma. A la Ministra pareciera no importarle la salud de los colombianos, sino más bien sus caprichos políticos e ideológicos.

Se espera que tanto el Congreso como la Corte Constitucional den señales de sensatez frente a este tipo de reformas. No solo por el bien de todos los colombianos, sino como una señal positiva para los mercados, pues los inversionistas están espantados por todas las malas decisiones que pueden estar por venir sin que se les haga un contrapeso de ninguna índole.