Entre el 7 de agosto de 2022 y el 21 de febrero de 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) compró 80.648 hectáreas para la reforma agraria. Petro dijo que “a ese ritmo tardaríamos 40 años” para llegar a los 3 millones que prometió en su Plan de Desarrollo, que fue corregido luego a la mitad. Otro despiporre.

La lentitud de las compras es lo menos problemático. El análisis detecta violaciones a la Ley 160 de 1993, especulación, tierrasimproductivas e inundables, posibles testaferros y falta de pago a oferentes. Veamos.

En Caloto (Cauca) se compraron 23 predios que son, en último término, de Alberto Bernal Seijas, condenado a 30 años de cárcel como determinador de la masacre de El Nilo o masacre de Caloto en 1991. Como oferente figura la firma Agrícola Bernal Seijas, creada en 1985. No obstante, como vendedoras aparecen otras empresas: Agropecuaria La Macarena y Emcar Investments, con capital pagado inferior al valor de los predios que comercializaron, con familiares de Bernal como titulares y con idénticas direcciones de domicilio e igual correo electrónico. Sin evaluar un eventual testaferrato, ni si cabían restituciones o extinciones, la ANT pagó a los Bernal $18.516 millones por 285 hectáreas.

En San Marcos (Sucre) se compraron 13 predios a Agrolonja Ltda., ubicados en veredas con alto riesgo de anegación (Vergara, 2019). En 2 de ellos, el estudio agronómico que la ANT hizo para comprarlos mostró que la mayoría de la tierra era inutilizable. En otros 2, la orden de compra se dio sin ese estudio ni control de calidad sobre el avalúo. Primero se giraron $20.795 millones por 795 hectáreas y después preguntaron.

En San Juan de Arama (Meta) se compró el predio Hato Rondón, de 1.047 hectáreas, sin informe agronómico, ni jurídico, ni de uso del suelo, ni ambiental, ni control de calidad del avalúo. Esta infracción en el procedimiento le causó una ganancia exorbitante e instantánea al vendedor, Palma Capuchinos SAS, que lo había obtenido apenas 7 meses antes, en febrero de 2023, por $2.050 millones y lo revendió en septiembre a la ANT por $10.994 millones.

En Jamundí (Valle), en cercanías del área de control de Iván Mordisco, la ANT registra como “comprados” 7 predios. A abril, dos consejos comunitarios afros a los que se destinó la tierra, El Alterón y Robles, se quejaron a la Procuraduría porque no pueden asentarse debido a la falta de pago. ¿Retén o carencia de caja? Son $46.759 millones por 1.363 hectáreas.

En Chimichagua (Cesar), Nueva Granada y Pijiño del Carmen en Magdalena, la ANT compró 4 predios de 2 fideicomisos administrados por Acción Fiduciaria, una compañía sancionada por violaciones al Sarlaft e involucrada en fiascos como el Hotel Bacatá. Quienes consignaron las tierras dentro de esa ficción jurídica esquiva a la ley fueron José Luis Botero Salazar y la Sociedad Unión Mutua, protagonistas de la estafa en Factor Group. Pese a que una fiducia se registró en 2010 por valor de $2.271 millones y otra en 2011 por $1.377 millones, la ANT pagó $27.697 millones por los predios. No importó la inexplicable discordancia entre esos valores, ni que el estudio agronómico del mayor de los predios mostrara apenas 50 % de utilidad.

En Puerto Carreño (Vichada), se compraron 17 predios, antes adjudicados como baldíos, que el Estado había otorgado a trabajadores rurales. Personas distintas a los beneficiarios originales, unidas por vínculos familiares y comerciales, compraron cada una de esas parcelas. La ANT, entidad encargada de revisar estos entuertos, les pagó $17.504 millones por 18.543 hectáreas y, con extrañeza, Carlos Mario Villa Hincapié recibió el pago por 13 de ellas. Insólita plusvalía a cargo de las finanzas públicas.

En Puerto Gaitán (Meta) no hubo siquiera tal simulación, que persigue evadir normas sobre acumulación de baldíos, sino su evidente transgresión. Diez personas, que entre 2005 y 2007 recibieron del Estado sendos predios a costo cero, los englobaron en uno solo de 13.896 hectáreas y en febrero de 2024 lo vendieron a la ANT por $38.675 millones. El engendro se llama Los Cachorros, fuera de que es declarado improductivo, es el de más área y más caro de todos los comprados. Una ilegalidad gigantesca.

Las anomalías cubren la mitad de la tierra comprada y $134.000 millones del patrimonio público, la tercera parte del gasto. El olor a podredumbre agrava la parsimonia.

Petro y la ministra Mojica hacen maratones de entrega de tierras, contratan consultorías, avisan alianzas con la SAE y hacen denuncias parciales, pero ocultan hechos tan escandalosos como estos, mácula de la reforma bandera, carente de un programa agropecuario nacional.

El mal olor se siente a kilómetros de distancia.

Nota. Esta investigación se hizo junto con el abogado Eduardo Mestre Rodríguez y cuenta con registros y certificados de soporte.