Faltaba decir además que la reforma laboral honra el capítulo laboral del TLC (n.º 17), que prescribe una legislación de las partes que debe contener derechos “reconocidos”: asociación, negociación, salarios y jornadas “aceptables”, y seguridad social, sin trabajo forzoso y con “edad mínima para el empleo de niños”. Lo supervisa un Consejo de Asuntos Laborales, y oficiales gringos ofrecieron colaborar para “imponer y cobrar de manera efectiva las multas” a quien la infrinja (Infobae, 29/11/22).

El capítulo se incorporó en 2012 para evitar el dumping social; es decir, atraer inversión o comercio con base en “debilitar” derechos. A pesar de esa prédica, Estados Unidos sí hace dumping mercantil, al subsidiar sus envíos agrícolas en al menos 15 por ciento e incentivar la manufactura exportadora con 1,5 por ciento del valor agregado por crear empleo (Saqueo págs. 118-119). Al estilo imperial, impone obligaciones a otros que, así sean justas, denotan ventajismo. “Lo ancho para mí y lo estrecho para vos”.

Es más notorio cuando se conoce el perverso régimen de trabajo agrícola en Estados Unidos. Un informe del economista Alfonso Gálvez sobre California, líder en géneros como olivas, nueces, vinos, aguacates, melones, fresas y limones, y donde la mayoría son trabajadores emigrantes latinos, reseña que los contratos son verbales, “a voluntad” (“at will”) y pueden concluirse sin liquidación alguna. La jornada es de ocho horas y 40 a la semana, y pago mínimo de 15,50 dólar por cada una y extras, y si hubiere séptimo día laboral consecutivo, se reconocen sobrecargos horarios. Los 876.900 trabajadores en 69.600 granjas de California no tienen compensación para pensión ni salud y los acosa el “desarrollo tecnológico acelerado, intensivo uso de capital e innovación”. El infierno del trabajo por horas.

Para el agro, el artículo 30 de la reforma crearía la modalidad de jornal agropecuario, pactando entre las partes el salario, no inferior al mínimo, derechos, obligaciones, periodo, prestaciones y beneficios como primas y auxilios, que no valdrán menos del 30 por ciento del salario pactado y un 4 por ciento por subsidio familiar.

El impacto de esa disposición debe mirarse diferenciado: 1) los productos que Estados Unidos produce y que Colombia exporta, como aguacate; 2) los que Estados Unidos y Colombia producen, pero que se importan, como leche, papa, arroz y maíz, y 3) los tropicales que Estados Unidos no produce, pero que compiten con otros orígenes, como el café.

Debe considerarse el tamaño de la unidad productiva agraria, pues la mayoría, entre 2,5 millones, son pequeñas y medianas (Dane, CNA), a quienes los ajustes al jornal que contraten les serán más onerosos como proporción a su ingreso. Agroindustrias de azúcar, banano y palma ya están formalizadas.

La reforma afectará cultivos como el aguacate, que compite con el californiano, donde 40 por ciento de los costos es mano de obra informal, y en regiones como Quindío se gastan más de 1.000 dólares anuales en insumos por hectárea. En café, un cultivo promedio de 67 arrobas por hectárea año, según datos técnicos (10 millones de sacos en 850.000), el costo anual del trabajo subiría de $11,6 millones a 15,59, pese a que guadañas y pesticidas suplen al azadón. Con la reforma el pago por hora en Colombia sería de 1,5 dólares, mientras que en Costa Rica es 2,53, en Vietnam, 0,77 y en Indonesia, 0,51 (OIT, 2022). Es la lucha por sobrevivir de los esclavos cafeteros del oligopolio mundial que domina el mercado.

Según Fernando Murillo, del Consejo Nacional Arrocero, en los Llanos en cosecha semestral de maíz tecnificado se pagan dos jornales por hectárea y uno en arroz secano, no hay horas extras y en algunas tareas se remunera por rendimiento. Dada la mecanización, en el maíz el factor trabajo pasaría de ser 2,5 por ciento de los costos totales a más del 3 y en arroz del 3,5 al 4,5, aunque en zonas de riego alzaría más. Ambos sufren por las importaciones subsidiadas.

La justificación oficial es que (sin estudios conocidos) se beneficiarán “1,6 millones” de campesinos hoy sin seguridad social (El Tiempo, 1/4/23) y que en Estados Unidos reconocen un gobierno protrabajador “que recoge recomendaciones de Ocde” (Palma, Twitter, 10/4/23), “coincide con Biden”, agregó Molly McCoy, del US Labor Department (Noticias Caracol, 10/4/23).

Nadie discute la justicia en busca de mejorar el contrato laboral rural, pero es evidente que la reforma mermará competitividad a productos del agro, a unos más que a otros, lesionados por la competencia inicua de los TLC, y que igualmente las pymes agrícolas carecen de los recursos para hacerla factible. No le hace, Petro y los ministros absuelven sus programas con el argumento de que los aprueban Estados Unidos, o que “donde manda capitán, no manda marinero”.