En el Concejo de Bogotá avanza durante estos días la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba el ingreso de Bogotá D. C. a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (en adelante, RMBC). Este es el último paso, luego de un acto legislativo aprobado en 2020 que modificó el artículo 325 de la Constitución Política y de una Ley orgánica promulgada el pasado mes de febrero.

Y aunque suena tautológico, la Ley 2199 de 2022 estableció, entre otros aspectos, que por iniciativa del alcalde mayor el cabildo distrital y solamente por acuerdo se debe decidir sobre su ingreso a la RMBC. Mismo procedimiento debe cursar en la Gobernación, vía Asamblea Departamental de Cundinamarca, por medio de una ordenanza departamental. Adicional a ello, fijó que el Concejo y la Asamblea deben adelantar una audiencia pública, requisito que para el caso de Bogotá se cumplió el pasado 20 de abril.

Sin embargo, aunque ya la Carta Política desde su origen permitía que Bogotá constituyera un área metropolitana o una región con otras entidades departamentales, la figura apenas se estrenaría si el Concejo da luz verde a este proyecto. La alcaldesa mayor y el gobernador Nicolás García han dado la batalla para que esto sea una realidad. Para nadie es un secreto que en el papel tener una región articulada podrá dar sostenibilidad a temas ambientales, de movilidad, de desarrollo económico y abastecimiento de alimentos en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, el nuevo texto ha generado desconfianza e incertidumbre en muchos actores sociales, políticos e incluso de los propios municipios, frente al papel de Bogotá para cooptar la autonomía de cada uno de los municipios que integren la Región.

El acto legislativo generó un agujero negro cuando señaló: “En su jurisdicción las decisiones de la Región Metropolitana tendrán superior jerarquía sobre las del Distrito, las de los Municipios que se asocien y las del Departamento de Cundinamarca, en lo relacionado con los temas objeto de su competencia”.

El proyecto per se traído por la alcaldesa mayor tampoco ayuda a despejar estas dudas, se limita a un solo artículo, que aprueba el ingreso a la RMBC y pide plenas facultades para emprender las acciones administrativas y jurídicas, los traslados y aportes presupuestales que se requieran. Como quien dice, quieren que en el Concejo demos el ‘banderazo’ inicial, pero será la Alcaldía la que participe y tome la partida en la carrera.

Una de las preocupaciones centrales es cómo va a financiarse la RMBC. Esta podrá crear impuestos, tasas o tomar plata con destinación específica, incluso hasta permite nuevos peajes y una contribución regional de valorización. Con la entrada a Bogotá, mediante otro proyecto de acuerdo, se podría asignar una sobretasa del 1 % del impuesto de delineación urbana (que se cobra a la expedición de licencias de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición y cerramiento de nuevos edificios).

Esto último podría ser muy contraproducente para la construcción en Bogotá, trayendo informalidad en los procesos constructivos y afectando la producción de vivienda VIS, en contravía de lo que el mismo POT de Bogotá quiere.

Como está redactada la ley, a la RMBC se le asignan grandes funciones en materia de movilidad, seguridad ciudadana, servicios públicos domiciliarios propias de cada uno de los municipios y no sabemos cuánto va a costar implementarlas, solamente que el Gobierno nacional pone una dote inicial de 75 mil millones de pesos, aumentando con el IPC cada año. ¿Esto para qué alcanzará?

En la práctica, se convierte en un plan de ordenamiento regional con iniciativas de infraestructura y equipamientos regionales, que estarán por encima de las propias decisiones de los municipios. Ejemplo de ello es que inicialmente la Secretaría de Movilidad se convertiría en autoridad de transporte de la región y definiría los proyectos de movilidad de la región.

Institucionalmente también contará con un director, un consejo regional, un observatorio, un “Ágora Metropolitano”. Le cuelgan una agencia de movilidad y una agencia regional de seguridad alimentaria y comercialización. Le faculta a crear agencias estatales, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.

No queda claro y, aunque se ha dicho en reiteradas veces que la RMBC no es autoridad ambiental, también se asumen competencias que pueden entrar en conflicto con la CAR Bogotá-Cundinamarca. La RMBC va a tener un papel prioritario para la seguridad hídrica, acción climática, estudios de amenaza, proyectos ambientales. Igualmente, en el tema de servicios públicos, autoriza la participación en la constitución de entidades -sean públicas, mixtas o privadas- para la prestación de servicios públicos domiciliarios de carácter metropolitano. ¿Cómo se pagarán estas infraestructuras?

En materia de hábitat también deberá darse una articulación en temas de generación de vivienda y preocupa que el Distrito pueda intervenir indebidamente en el ordenamiento territorial municipal desde la RMBC, frente a la autorización de usos residenciales y productivos. Inquieta que esto termine encareciendo mucho más el uso del suelo o limitando la oferta del mismo en municipios aledaños, más cuando parte de la generación de vivienda ha sido expulsada a la sabana.

Sería importante que la doctora María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación llamada a liderar la discusión de este proyecto de acuerdo, fuera capaz de sustentar y dar claridad a todas las dudas que las diferentes comunidades han expresado. No queremos que repita la nefasta experiencia que se dio en la discusión del POT, en que su actitud displicente y su poca capacidad de llegar a consensos con los diferentes sectores fuese la causa del fracaso de no aprobar por acuerdo dicho documento. Esperaremos a que se inicie el debate y revisaremos si el proyecto termina convenciendo al interior del Concejo.