En medio de los desafíos económicos que enfrenta Colombia, es alentador observar señales de recuperación que apuntan hacia un futuro más próspero. A pesar de la ralentización económica registrada en 2023 y el inicio de 2024, los datos recientes sugieren que la economía colombiana está en camino de recuperación. Según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), en mayo de 2024, la economía creció un 2,45 % en comparación con el mismo mes del año anterior, destacándose la agricultura con un crecimiento del 4,6 % y el sector servicios con un 3,1 %. Estos datos positivos son un testimonio de la resiliencia de nuestra economía y la capacidad de adaptación de nuestros sectores productivos.
El papel de los sectores público y privado en esta reactivación no puede ser subestimado. La colaboración entre ambos es esencial para asegurar un crecimiento económico sostenido y equitativo. En abril y mayo de este año, se registraron 462.000 nuevos empleos, lo que ha ayudado a reducir la tasa de desempleo a 10,3 %, una ligera mejora respecto al 10,5 % del año pasado. Este avance no solo refleja una recuperación en la demanda laboral, sino también una disminución en la tasa de informalidad laboral, que se sitúa en 55,6 %. Esta leve mejoría podría significar que la economía colombiana avanza hacia un proceso de recuperación más estable.
Además, la mejora en la balanza de cuenta corriente, gracias a un aumento en las exportaciones y una reducción en las importaciones, ha reducido las presiones sobre la tasa de cambio, estabilizando aún más nuestra economía. Esta estabilidad también se refleja en el control de la inflación, que ha mejorado la perspectiva económica general, junto con una reducción de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de la República. Asimismo, en lo social, algunos indicadores recientes del Dane muestran que en 2023 se registró una reducción de la pobreza monetaria de 36,6 % en 2022 a 33 % en 2023 y la pobreza monetaria extrema pasó de 13,8 % en 2022 a 11,4 % en 2023. De cualquier forma, no se puede desconocer que el país requiere un impulso adicional que permita una recuperación económica vigorosa, que se traduzca en mejores indicadores fiscales, así como avanzar en la solución de los problemas sociales y de equidad en la distribución del ingreso (si bien el Gini se redujo en 2023, al pasar de 0,556 en 2022 al 0,546, este sigue siendo uno de los más altos del mundo).
Asimismo, se necesita una reactivación económica que permita obtener mayores tasas de crecimiento en sectores como construcción, manufactura, servicios, transporte, agro, entre otros, se lograría con el compromiso y la participación coordinada del sector público y del sector privado. Para avanzar en este objetivo, el gobierno debería sustentar una estrategia de transformación productiva y reindustrialización, que posibilite un crecimiento económico de largo plazo más alto. Para ello, es indispensable elevar la inversión pública, especialmente en Investigación y Desarrollo, para alcanzar un mayor crecimiento en el tiempo, lo cual por sus efectos positivos aseguraría la sostenibilidad de la deuda. También es esencial la ejecución eficiente del Presupuesto General de la Nación para movilizar el capital, la inversión extranjera y fomentar un flujo económico constante.
Así las cosas, se requiere entonces de una política fiscal que propicie un crecimiento económico sostenido y una política monetaria con menores tasas de interés, que aseguren la estabilidad de precios, el pleno empleo y la sostenibilidad de la deuda.
Desde una perspectiva macroeconómica, es fundamental que tanto el sector privado como el sector público coordinen sus esfuerzos para incrementar las inversiones en sectores estratégicos como infraestructura, vivienda, transporte, acueductos y alcantarillados. Estas inversiones pueden impulsarse mediante nuevos proyectos de asociaciones público-privadas (APP), que deben contar con garantías jurídicas sólidas para atraer inversión privada. Es crucial asegurar la seguridad jurídica para que los inversionistas privados tengan confianza en que sus derechos serán respetados y que se cumplirán los compromisos de los contratos, especialmente en el caso de concesiones y sus vigencias futuras. Esto es esencial para evitar controversias y demandas contra la nación, que podrían retrasar proyectos clave y generar costos adicionales.
Para la Contraloría General de la República (CGR) es importante que la política fiscal, tanto en el lado de los ingresos como del gasto, entre a cumplir su papel contra cíclico para elevar el ritmo de crecimiento económico, y por ello, de un lado, hay que seguir avanzando en un sistema tributario con mayor progresividad y simplicidad, en el fortalecimiento de la administración tributaria y en sus políticas de lucha contra la evasión y la elusión; de otro lado, procurar una mejor eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público que se refleje en mayores niveles de ejecución presupuestal para disponer de mayores y mejores bienes y servicios públicos que apalanquen el desarrollo socioeconómico del país.
De esta forma, en el mediano plazo se tendría una economía más fuerte, y con una política fiscal sostenible, con lo cual se lograría financiar reformas y programas sociales y económicos para alcanzar una mayor justicia social, obtener sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas, cumplir la regla fiscal y preservar la estabilidad macroeconómica.
Como contralor general de la República, invito a todos los colombianos a unirse para trabajar por la estabilización económica y el crecimiento sostenible. Es esencial enfrentar estos desafíos con determinación, buscando siempre el bienestar de nuestras comunidades y la paz. Pido a los sectores público y privado, y a toda la ciudadanía que participen activamente en la construcción de un país más equitativo y justo. Solo con unidad y cooperación podremos superar las dificultades y construir un futuro próspero para todos. La tarea es de todos, y juntos podemos lograr los grandes cambios que nuestro país necesita.