Desde que quedó atrás la delicada controversia que durante los primeros años de gobierno del presidente Turbay sindicaba al ejército de la comisión de torturas, los militares colombianos no se enfrentaban a una situación más comprometedora que la que en la actualidad los vincula con la masacre de más de 30 campesinos en el municipio antioqueño de Remedios.En ello, como en todo lo que concierne a rumores acerca del ejército, hay que tener la cabeza fría y templado el corazón. De sobra se sabe que abundan en el país quienes descartan como "modus-vivendi" ideológico la alternativa de que en Colombia puedan existir unas Fuerzas Armadas por encima de toda sospecha, y que casualmente son los mismos que orquestan la absurda imposibilidad de que el ejército colombiano y la ciudadanía puedan mantener unas relaciones armónicas y complementarias.Pero no puede negarse el hecho de que gran parte de la culpa de su mala imagen la tienen los mismos militares con su manía de vivir testarudamente atrincherados en el seno mismo de la comunidad, como si la prohibición constitucional de ser deliberantes alcanzara para opinar sobre la situacion del país a través de discursos o de editoriales en la revista de las Fuerzas Armadas, pero dejara de alcanzar a la hora de responderle a la ciudadanía algunos interrogantes que comprometen gravemente su desempeño institucional.Ante el desconcierto que produjo en la ciudadanía la liberación de los implicados en el crimen de Gloria Lara, y ante las inmensas dudas que despertaron las confesiones obtenidas de los mismos por parte de organismos militares, las altas jerarquías del ejército colombiano sólo consideraron prudente la imprudente actitud de insistir en su culpabilidad, cuando el enjuiciamiento de los sospechosos escapaba completamente del fuero militar.No hubo un solo representante de nuestras Fuerzas Armadas que le respondiera clara y oportunamente al país que el ejercito sólo habla intervenido en el caso de Gloria Lara en la medida en la que el juez que conocía del caso había solicitado a la policía judicial, que integran algunos militares, que interviniera en la captura de los sospechosos. Por lo menos en mi circunstancia personal, tuve que integrar una comisión de SEMANA que, en ausencia del general Landazábal, se puso en contacto periodístico con el general Matamoros para obtener una aclaración. Pero en la generalidad de la opinión pública continúa vigente la impresión de que en el caso de Gloria Lara el ejército usurpó funciones asignadas de manera excluyente a la justicia ordinaria, y hasta el momento los militares no se han pronunciado oficialmente en contra de esta versión.De ahí el sabor amargo que dejan declaraciones como las concedidas por el general Landazábal antes de su reciente viaje a Alemania, en las que insistía, sin fuero judicial alguno que lo asistiera, en la culpabilidad de los inicialmente sindicados en el caso Lara. De ser cierta esta afirmación, las reglas de nuestro Estado de Derecho nos obligan a aguardar una decisión de la justicia ordinaria.El problema del ejercito colombiano es, en principio, de relaciones públicas, pero sólo en principio. Para comenzar, los militares podrían copiar algo del estilo del actual ministro de Comunicaciones, que como el caso del que nada debe y por consiguiente nada teme, aceptó enfrentarse valientemente con la prensa para responder sin reato alguno los interrogantes surgidos de la ultima licitacion para T.V. Así, de comprender los militares colombianos que no todos los ciudadanos son sus enemigos, ni buscan implacablemente su exterminio, quizás estarían mejor dispuestos a absolvernos, a los amigos, dudas que naturalmente nos producen algunas de sus actuaciones.A nombre de este último grupo me atrevería a comentarles la sensación que tenemos de que sobre los sanguinarios hechos ocurridos recientemente en Remedios, y hace un año en Amalfi, Y en general en toda la zona del Magdalena Medio, se está echando encima mucha tierra que, sin embargo, no ha sido la suficiente para sepultarlos. Allí se comentan cosas, cosas graves, sobre la participación de algunos militares en las matanzas. Si ello es cierto, la mejor forma de que las Fuerzas Armadas colombianas se defiendan a sí mismas no es huyéndole a la verdad sino afrontándola, para después presentarla a la opinión pública como una muestra de elevada rectitud y cumplimiento del deber.De continuar esquivando la verdad, las sospechas de la opinion pública seguirán sindicando a la totalidad del ejército. Pero de averiguarla y revelarla, es probable que sólo surja evidencia de que hubo complicidad de algunos militares, que de ninguna manera comprometen al ejercito como institución.La alternativa, entonces, es sencilla. O el ejército colombiano demuestra que nada teme, o la opinión pública llegará al absoluto convencimiento de que mucho debe...