El Procurador para asuntos agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero, al día siguiente de la publicación en SEMANA de la columna ‘La reforma agraria de Petro, otro negocio maloliente’, dio a conocer una actuación preventiva de los procesos de compra de predios para la reforma rural, dirigido a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Sirve de complemento a dicha columna –que trató de siete casos con evidentes ilegalidades en la Reforma Agraria– para explicar las causas del fracaso de la más importante reforma social y económica que, como va, no implicaría ningún cambio en la inicua distribución de la tierra en Colombia, de las peores del mundo. Lo acontecido es la más infausta de las oportunidades perdidas en este Gobierno.
A manera de introducción, Guerrero afirma que “se han puesto de relieve diversas inconsistencias y desviaciones de los procedimientos estándar que podrían comprometer la integridad y efectividad del proceso de adquisición de tierras” y que se conocen “acciones que se juzgan como no concordantes con las reglas que gobiernan el procedimiento de compra”. Descripción retórica para referirse a anomalías que pueden ser delitos.
Para ese informe se seleccionaron, al final, 100 casos, 86 primero y 14 después, de 288 procesos hasta esa fecha, que “habían concluido en una decisión de adquisición… mediante documentos de promesa de compraventa”. Advierte que “en el examen de los expedientes seleccionados se encontró multiplicidad de criterios sobre el área aprovechable”, fruto de la mezcla para hacer las compras de dos disposiciones: la Ley 160 de 1994 y la 2294 de 2023.
El procurador enumera y cuantifica cada capítulo de hallazgos con responsabilidades fiscales, y quizás penales, pues trasladó el escrito a la Contraloría y a la Fiscalía. Ese listado se resume a continuación.
Hay 16 predios adquiridos sin vocación agropecuaria por $51.787 millones; otros 16 con irregularidades en las promesas de compraventa que comprometen $30.823 millones; son ocho las transacciones en baldíos no adjudicables por $15.281 millones y diez más, que incluyen cuerpos de agua que no son objeto de cesión, por $11.791 millones, así como 38 procesos sin actas de entrega por $27.039 millones, entre los que hay 14 de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Las alertas totalizan $136.911 millones, cifra algo inferior a la que se denunció en la columna citada, sin incluir los pagos de avalúos en inmuebles que después no ingresaron al Banco de Tierras. Peor es imposible.
Y aparecen más enredos. En Puerto López hay ruido con los predios Laguna y Reforma, pues las familias asentadas allí, que por años han sido utilizadas por politiqueros regionales, después del publicitado acto presidido por el actual director, Felipe Harman, en el Día del Campesino, recibirían los títulos solo a fin de año, luego de “ser caracterizadas”.
Harman dice que ha puesto 22 denuncias, conocidas hasta ahora (las tenían tapadas), y que suspendió los pagos de las tierras transadas con lo que la Reforma Agraria estaría estancada, pues si no se perfeccionan las compraventas, no habrá asentamientos. De ahí el paro anunciado por la Anuc para el 7 de julio. Un desmadre total.
Si bien al anterior director de la ANT, Gerardo Vega, nadie lo ha llamado a rendir cuentas y la causa de su salida sigue en el secretismo, la responsabilidad política de la ministra Mojica es inexcusable. Tanto por el cúmulo de desaguisados bajo su administración como porque no pudo encontrar una ruta cierta para el proceso. La Procuraduría acusa que desde que está en el cargo “los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la ANT” se han cambiado cuatro veces en un año, de un total de seis modificaciones en 14 meses ¿Es acaso esta parálisis, causada por su propio Gobierno, la que Petro denunciaría en la ONU?
La reacción de la ministra de Agricultura, Jenifer Mojica, al agraviarme como “derechista” o “avivato” por las denuncias hechas, omite la irrebatible frase de Carlos Gaviria que “corrupción e izquierda se contradicen en sus propios términos”. ¿Traiciona quien denuncia las corruptelas o el que pervierte la acción política justificado en fachadas de supuesto izquierdismo?
La real avivatada estriba en el “tapen, tapen”, en insistir, como Petro, en una “conspiración” de afuera, cuando se ha configurado una administración infestada de podredumbre, con escándalos como este tan penoso en la ANT; como los de la UNGRD en camiones, en giros amañados, en ollas comunitarias y en las obras en La Mojana; como en la licitación de los pasaportes; como en los contratos de Euclides Torres en el Fenoge o como los atrevimientos de Ricardo Roa en Ecopetrol. Gobierno tan enlodado como sus aciagos antecesores.