Hace muchas décadas no se escribía en esta revista una columna para denunciar una amenaza tan grave a las instituciones democráticas, en especial a la imparcialidad de las elecciones. No había sido necesario. Ahora es imperioso hacerlo.
La noticia de que la magistrada del Pacto Histórico en el Consejo Nacional Electoral busca invadir la autonomía del Partido Liberal para forzarlo a realizar una convención antes de las elecciones de octubre obliga a sonar todas las alarmas.
Interferir en un partido político durante un año electoral con la amenaza de impedirle avalar candidatos en las próximas elecciones es un atentado al corazón de las instituciones democráticas.
El Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad de actuar de manera independiente e imparcial en materia de partidos y elecciones. De él y de la Registraduría dependen la credibilidad del proceso electoral, el derecho de los partidos y movimientos políticos a presentar sus candidatos y la confianza en que los resultados electorales representan realmente la decisión de los ciudadanos.
Son de suma gravedad los rumores –que deberán prontamente esclarecer las autoridades– de que el Gobierno está detrás de esta maniobra. Es propio de los gobiernos autoritarios no respetar la autonomía de los órganos electorales. Pretender instrumentalizar al Consejo Nacional Electoral para incidir en el funcionamiento interno de un partido, irrespetar las decisiones adoptadas democráticamente por el mismo partido y bloquear su posibilidad de presentar candidatos en las elecciones es tomar el camino seguido por países donde imperó el totalitarismo hasta la caída del muro de Berlín, que nadie, sin importar su ideología, debería lamentar.
Por fortuna, la Constitución no ha abandonado este tema al juego político. Al contrario, el Consejo Nacional Electoral es un órgano que goza de autonomía protegida expresamente por la Constitución. El Ejecutivo, incluido el ministro del Interior, está obligado a respetar ese principio constitucional, así como las leyes que lo desarrollan. Pretender instrumentalizar al Consejo Nacional Electoral a través de una magistrada afiliada al partido de gobierno para bloquear a otro partido político en las elecciones es una violación flagrante de la separación de poderes y un atropello a la autonomía de la organización electoral.
Si el Consejo Nacional Electoral cede a las presiones del Ejecutivo, se estará causando un daño irreparable. Habrá puesto en entredicho su independencia e imparcialidad precisamente en un año electoral. Habrá destruido la confianza que le permite ejercer sus funciones a pocos meses de las elecciones más complejas con el mayor número de candidatos.
Además de la autonomía del Consejo Nacional Electoral, está en juego la autonomía de los partidos y movimientos políticos. Como director del Partido Liberal, defendí en un documento este principio, de cuyo respeto dependen el pluralismo y los derechos políticos de todos los colombianos. Este pilar de la democracia ha sido defendido en varias sentencias de la Corte Constitucional, una de ellas precisamente para impedir otro intento de interferir en la autonomía del Partido Liberal para obligarlo a cambiar sus estatutos. Por la importancia de este principio –a punto de ser violentado por una injerencia indebida promovida por la magistrada que representa al partido de gobierno–, El Tiempo decidió publicar integralmente el documento. Al ser una garantía constitucional protegida en varias sentencias de la Corte Constitucional, esta solo puede ser restringida con una reforma constitucional.
Las cosas han llegado a tal extremo que no basta con que la magistrada que representa el partido de gobierno en el Consejo Nacional Electoral se margine del caso, como se le ha pedido. Es necesario que públicamente el Ejecutivo ofrezca garantías serias de que no va a interferir en las elecciones de octubre ni a manipular a las instituciones electorales.
Cuando se criticaron sus afirmaciones en contra de la independencia de la Justicia, el Gobierno tuvo un gesto de respeto con las altas cortes, que esperamos cumpla. Cuando quienes defienden la libertad de prensa protestaron por los ataques personales a periodistas que han destapado escándalos en la entraña del Gobierno, el Ejecutivo no insistió en este tipo de ataques. Si a los desafíos a la independencia de la Justicia y la libertad de prensa se le suman la manipulación de los órganos electorales y el irrespeto a la autonomía de los partidos políticos, el balance conduce inexorablemente a la conclusión de que el Ejecutivo en Colombia está siguiendo la partitura de los gobiernos populistas y autoritarios en otras latitudes.
Pero se estrellará ante la fortaleza de las instituciones. En Colombia, por décadas, la justicia ha demostrado su independencia y los periodistas no se han dejado intimidar. El Partido Liberal ha acudido a todos los medios institucionales para proteger su autonomía. La gran pregunta es si el Consejo Nacional Electoral entiende su responsabilidad democrática en la coyuntura que vive el país y hace valer su integridad. Esperemos que así sea. De lo contrario, se habrá materializado el desconocimiento olímpico de preservar las garantías electorales esenciales para la estabilidad democrática.