Es triste ver como, a escasos meses del abominable asesinato de los diputados del Valle del Cauca parece que ya nadie se acuerda de ellos, ni siquiera se tocó el tema durante el proceso que venían adelantando el presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba, pese a que directamente le solicite a la senadora en la oficina del alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, pocos días antes de que ella partiera hacia Venezuela, que nos averiguara con las Farc qué pasó con los asambleístas ese 18 de junio y que nos gestionara la devolución de sus pertenencias y diarios de los últimos años de vida, lamentablemente en cautiverio y separados de sus familias. Precisamente porque no podemos permitir que ese crimen de lesa humanidad quede en el olvido y en la impunidad el informe de la Fiscalía es importante. A pesar de no aportar nada nuevo es un documento oficial que da fe de que se está adelantando una investigación y se debe enmarcar en un proceso de memoria. Los colombianos y en particular los familiares tenemos el derecho y el Estado tiene la obligación de realizar un exhaustivo seguimiento, que se surtan todos los trámites pertinentes de la investigación y se imparta justicia. Esto es lo menos que puede hacer el Estado, que en primer lugar no les brindó las medidas necesarias de seguridad, a pesar de que los diputados una semana antes del secuestro habían solicitado las reforzaran y fueron sacados de su lugar de trabajo. Y además durante cinco años no fue capaz de lograr la libertad ni a través de un rescate militar ni de una negociación pacífica. Obviamente las Farc son responsables del secuestro y del asesinato de los diputados. Esta guerrilla se los llevó engañados, los mantuvieron por años en condiciones infrahumanas, expuestos a toda clase de peligros y luego los asesinaron o permitieron que lo hicieran, que en resumidas cuentas es lo mismo. Los diputados estaban indefensos, desmejorados físicamente no eran combatientes, ni estaban armados. Uno se pregunta, por qué las Farc pueden proteger a los miembros de su Secretariado y estado mayor y a los secuestrados los exponen en zonas de combate? Las Farc deben asumir su responsabilidad y decir por qué los asesinaron. Ellos son los únicos testigos, por lo tanto son los únicos que saben lo que pasó con los diputados ese 18 de junio. De otra manera es imposible restablecer la escena del crimen teniendo en cuenta que estaban en medio de la selva, fueron movidos del lugar, les cambiaron la ropa y se demoraron tres meses en recuperarlos. Si la justicia colombiana no es capaz de esclarecer este hecho, ni de señalar responsables, ni de juzgarlos, ni de condenarlos, muy probablemente va a ser la Corte Penal Internacional la que tenga que juzgar a la cúpula de las Farc.