La Ministra de Salud nos advirtió la semana pasada que las EPS iban a caer una tras una como fichas de dominó. Olvidó mencionar dos cosas. Primero, para que las fichas caigan, algún dedo, no desprevenido, debe imprimir la fuerza necesaria para empujar la fila. Segundo, y más importante, al Ministerio de Salud le corresponde evitar que eso suceda y se presenten consecuencias para los usuarios de esas EPS.
Parece que a los directivos del Ministerio y entidades adscritas solo les interesa la reforma del sistema. Cualquier actividad operativa necesaria no se justifica si al final, si con el delirante proyecto de ley, todo va a cambiar. Para qué quemar cartuchos en un sistema, para ellos moribundo. El problema es que están incubando una crisis monumental en la salud pública y de acceso a los servicios de salud, con imprevisibles consecuencias.
Pasó la epidemia de viruela símica y no trajeron a Colombia ni una sola dosis de vacuna, comprada ni regalada. Solo ruedas de prensa con anuncios y con pocas preguntas de los periodistas. El Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 muere, ante la incompetencia para gestionar las vacunas bivalentes que ya están disponibles en el mercado mundial. Mientras tanto, se pierde la protección a los mayores y personas con comorbilidades. Si no se está de acuerdo en comprarlas debe haber, por lo menos, un concepto científico que lo respalde, pero nada.
Pero lo más grave de tanta incompetencia es el altísimo nivel de desabastecimiento de medicamentos en que se encuentra el país. Las diferentes EPS están reportando novedades de limitaciones en abastecimiento que alcanzan 1.242 principios activos, situación que ha venido empeorando. Los hospitales y pacientes están sufriendo por medicamentos contra la hipertensión arterial, trastornos mentales, manejo del dolor, anticonceptivos, cáncer, epilepsia, diabetes, VIH y enfermedades huérfanas, entre otras enfermedades.
La lista incluye anticancerosos, antibióticos, corticoides, entre otros. Es inaudito que hasta el acetaminofén se encuentre en riesgo de desabastecimiento. Trece laboratorios productores o distribuidores de ese analgésico básico han sido reportados con novedades.
Frente a esa realidad, el Ministerio ha dejado de reportar la disponibilidad de medicamentos prioritarios, como si ello hiciera desaparecer tamaño problema. Desde septiembre del año pasado dejaron de convocarse las mesas de trabajo para lograr soluciones. Es cierto que hay situaciones globales que afectan el acceso a medicamentos. Pero cómo demostramos durante la pandemia, al Ministerio le corresponde gestionar su búsqueda activa para proteger a la población.
En mucho, esta situación es consecuencia de haber llevado al Ministerio de Salud a la pérdida de sus capacidades técnicas y a la fractura entre la dirección de la institución y los funcionarios técnicos que por muchos años han gestionado los procesos que permiten el funcionamiento del sistema de salud.
Es urgente que la Ministra y el Invima tomen cartas en el asunto y le presenten al país un plan confiable para abordar el desabastecimiento de medicamentos del país. Esto debe iniciar por la entrega de información confiable sobre la situación; mesas de trabajo con EPS, IPS, pacientes, productores y distribuidores logísticos, así como la entrega permanente de información a la ciudadanía sobre las gestiones que se adelanten.
Adenda: Ante las declaraciones públicas de la Ministra de Salud, me permito aclarar que durante mis años de gestión como ministro de salud, el señor Luis Martin Leguizamón Cepeda no fue contratado por el ministerio. El exinterventor de SaludCoop, de acuerdo con sus propias declaraciones al diario El País, está siendo investigado por la Contraloría General de la República por responsabilidades fiscales que suman $ 125.839 millones. Es posible que no exista un impedimento legal para contratarlo, pero sí surgen interrogantes de tipo ético sobre cómo una persona con estos cuestionamientos esté asesorando el nuevo programa preventivo predictivo. Es el programa bandera del actual gobierno, impulsado desde Aracataca por la propia Ministra, quien debe tener en cuenta que merced al decreto 4107 de 2011, el Ministro tiene la función de suscribir en nombre de la Nación los contratos relativos a asuntos propios del ministerio.