En dicho artículo denunciamos las estrategias gubernamentales para apoderarse de tierras bajo el disfraz de legalidad y voluntariedad en las ventas de tierras identificadas por el gobierno para ser entregadas a campesinos. Sin embargo, esta no es la primera vez que vemos marchas campesinas y su papel en la política colombiana.

Es fundamental recordar que las marchas campesinas y su uso como instrumento político tienen profundas raíces en la historia de Colombia. Desde los años 60, durante el gobierno de Liberales y de izquierda, estas marchas se han utilizado como una herramienta populista para movilizar a las masas y promover una ideología particular. Durante décadas, vimos cómo estas marchas se convertían en conflictos prolongados y en una fuente de tensiones y desacuerdos dentro de la sociedad colombiana.

Las marchas campesinas actuales parecen seguir un patrón histórico que ha sido utilizado tanto por gobiernos liberales como de izquierda en Colombia. La financiación gubernamental de estas movilizaciones plantea interrogantes sobre los verdaderos objetivos detrás de estas marchas y cómo pueden influir en el panorama político y económico de país.

Es importante destacar que estas políticas agrarias propuestas por el gobierno del presidente Petro parecen estar siguiendo el mismo guion que se implementó en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. Las marchas campesinas jugaron un papel destacado en el proceso político y social de Venezuela durante ese período, y el gobierno de Chávez proporcionó recursos y apoyo logístico para respaldar estas marchas.

No obstante, es crucial recordar las consecuencias que tuvieron las marchas en Colombia en el pasado, especialmente cuando se infiltraron por organizaciones delictivas, como las Farc. Recordamos las marchas cocaleras de 1996, que generaron graves enfrentamientos y terminaron en una negociación entre campesinos y el gobierno.

Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que estas marchas actuales no seguirán el mismo patrón? ¿Qué garantías tenemos de que no serán infiltradas por grupos ilegales o que no se convertirán en un instrumento para expropiar tierras de manera exprés?

El gobierno debe responder a estas inquietudes y proporcionar transparencia en sus intenciones al patrocinar marchas campesinas con fondos públicos. La democracia está en juego, y la estrategia gubernamental parece seguir un plan discutido y aprobado por organizaciones como el Foro de São Paulo, que ya ha sido implementado en Venezuela con consecuencias ampliamente conocidas.

Una preocupación aún más alarmante es la estrategia que podría estar en marcha para adquirir tierras que, paradójicamente, podrían estar siendo invadidas por campesinos como resultado de estas movilizaciones. Si bien, el gobierno tiene la responsabilidad de abordar las demandas legítimas de los campesinos y garantizar un acceso equitativo a la tierra, es esencial que se haga de manera justa y respetando los derechos de propiedad existentes.

La preocupación radica en que estas movilizaciones podrían utilizarse como un medio para justificar la adquisición de tierras, posiblemente sin el consentimiento adecuado de los propietarios legales y sin una compensación justa. Esto plantea interrogantes sobre la confiabilidad de las garantías de propiedad privada y podría tener repercusiones negativas en la inversión y la estabilidad económica de nuestro país.

En última instancia, la propiedad es fundamental para la estabilidad y el progreso de una nación. La falta de garantías en la propiedad puede llevar a la incertidumbre y a la disminución de la inversión privada, lo que afectaría negativamente el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. La defensa de la propiedad privada es una responsabilidad compartida, y debemos unirnos para proteger este derecho fundamental.

En este contexto de incertidumbre y preocupación, quiero dejar en claro que mi compromiso con la seguridad jurídica de la propiedad como un derecho fundamental en un estado social de derecho es inquebrantable. La propiedad privada es un pilar fundamental de nuestra democracia y de la estabilidad económica de nuestro país. Defiendo fervientemente la importancia de garantizar que los propietarios tengan la certeza de que sus derechos serán respetados y que cualquier proceso relacionado con la tierra se realice de manera justa y transparente.

Continuaré abogando por la protección de estos principios, porque solo en un entorno donde se respeten los derechos de propiedad privada podemos construir un futuro sólido y próspero para todos los colombianos.

En conclusión, las marchas campesinas en Colombia no son un fenómeno nuevo, y su historia está marcada por conflictos y tensiones en el pasado. Es fundamental que aprendamos de la historia y aboguemos por la democracia, la propiedad privada y el diálogo constructivo en lugar de estrategias que puedan socavar la confianza en nuestras instituciones y en la propiedad, la cual es un pilar fundamental de nuestra sociedad.