Hace unos días, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tuvo que salir a los medios a criticar a un líder del partido conservador que afirmó públicamente que el problema del presidente Duque es que tiene muchas mujeres como ministras y directoras de institutos descentralizados. Todo el intercambio me pareció inaudito. No puedo creer que todavía haya políticos que se atrevan a incurrir en semejantes ligerezas al momento de hablar de las mujeres. Aunque según el Observatorio de la Democracia la mitad de los colombianos y colombianas confían más en los hombres al momento de ejercer su derecho al voto, decir así no más que las mujeres son “el problema” de la política parecería imposible después de tantos años de insistir y demostrar que las capacidades de las mujeres para esta tarea son las mismas que las de los hombres, y que sus méritos en muchos casos son incluso superiores. En Estados Unidos, el Rector de la Universidad de Harvard perdió su cargo por atreverse a sugerir que las mujeres no son igualmente capaces de estudiar matemáticas que los hombres. Lo mismo ocurrió con el joven ingeniero de Google que indicó en un documento de la compañía que existen razones genéticas que explican las diferencias en las posiciones que ocupan las mujeres en posiciones de liderazgo y de ciencia y tecnología. Estados Unidos no está muy lejos de Colombia en materia de equidad de género, pero al menos es claro que la discriminación no está autorizada: hay que hacerla en la sombra, maniobrando por las oscuras aguas de la informalidad y los límites de la legalidad. Tanto la Universidad de Harvard como Google podrían haber tenido que pagar grandes indemnizaciones a las profesoras y estudiantes que decidieran llevar casos por violación de su derecho a la igualdad bajo el famoso Título VII, si no hubieran reaccionado clara y decididamente para defender la posición institucional sobre la igualdad de las mujeres. Precisamente porque lo que está en juego con estas afirmaciones hechas por personas en posiciones de poder es la posibilidad de materializar la igualdad de las mujeres, tampoco me dejó tranquila que la respuesta del Estado colombiano fuera un llamado de atención en una carta, así fuera de la Vicepresidenta de la República. Por una parte, el llamado de atención parecía darle más importancia al partido conservador de la que realmente tiene. Justo por movilizar este tipo de ideas es que se ha ido quedando sin votos, aunque paradójicamente este partido sea el que haya contribuido a construir las carreras más sólidas de las mujeres en la política: la de Noemí Sanin y la de la misma Martha Lucía Ramírez. Por otra parte, y lo que es más importante, la carta sugiere que es apenas una falta de decencia o delicadeza mencionar a las mujeres y le queda a uno la duda de si lo que realmente preocupa es que se critique la gestión del Presidente o se hable mal de las mujeres. Si la Vicepresidente estuviera convencida de que hay una verdadera discriminación a las mujeres, tendría que haber gestionado una sanción efectiva a una persona que tiene poder para decidir quiénes serán candidatos de su partido en las elecciones y, por lo tanto, incrimina a su partido en la discriminación de las mujeres en el acceso a cargos de elección popular. Si bien la carta se dirige al director del partido y le exige que tome alguna posición sobre el asunto, también es cierto que no indica específicamente cuál es la acción que debe tomarse y por eso la respuesta de que el partido siempre ha tratado muy bien a las mujeres podría ser considerada como suficiente. Creo que este evento nos recuerda de la importancia de que desarrollemos mecanismos para combatir la discriminación de las mujeres en el trabajo y la política. El excesivo énfasis que se ha puesto en proteger la opción de las mujeres a la maternidad a través de ampliaciones sucesivas de la licencia de maternidad, ha invisibilizado los pocos esfuerzos que se despliegan para proteger a las mujeres en su acceso y permanencia al trabajo y a la política por razones distintas a su embarazo. Por una parte, no se ha desarrollado una doctrina fuerte de protección a la mujer en el proceso de selección para cargos. El caso de la sentencia T-278 de 2010 en el que a una mujer no se le recibió la hoja de vida para concursar para un cargo porque era un cargo de vigilante nos pone de presente lo extendida que es esta práctica, pero también la ausencia de mecanismos para garantizar el derecho a la igualdad. En este caso la Corte Constitucional ordenó que se abriera de nuevo el concurso y se admitiera a la demandante como uno de los participantes. Pero no hubo ninguna sanción adicional y dejó como tarea de los jueces de tutela avanzar en la protección del derecho. Por otra parte, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el de Iván Duque han permanecido callados frente a las varias obligaciones que les impuso la ley 1496 de 2011 para asegurar que se reduce la brecha salarial entre hombres y mujeres. En efecto, la ley 1496 de 2011 indicó que todos los empleadores deberían contar con perfiles de trabajadores y establecer para estos perfiles criterios claros de valoración salarial, pero delegó en el Ministerio de Trabajo y la Comisión permanente de concertación de políticas salariales señalar cómo se aplicarían los criterios y vigilar que el trabajo se hiciera efectivamente (artículo 4). Finalmente, los jueces no han sido capaces de proteger económicamente ni físicamente a las mujeres que han perdido sus cargos por ser mujeres. El caso de Mónica Godoy, a quien la Corte Constitucional protegió en su derecho a la estabilidad laboral en la sentencia T-239 de 2018. Si bien la Corte ordenó el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir, la profesora dejó la Universidad después de varios meses de maltrato y agresiones en su contra. Para las mujeres en la política han sido las cuotas las que han permitido romper los sesgos y complicidades masculinas construidos a lo largo de siglos. Pero las cuotas avanzan solamente hasta cierto punto; no pueden impedir que se siga favoreciendo estrategias clientelares o patrimonialistas, ni que se elija a “reinas abeja” que decidan castigar a todas las demás mujeres convirtiéndolas en sus obreras. Mientras las mujeres y los hombres no tengamos claro que el escenario es uno de discriminación permanente y amplia va a ser difícil que surja la solidaridad necesaria para cambiar el poder que tenemos las mujeres. Es uno de esos momentos en los que el litigio estratégico podría afinar nuestra intuición de la injusticia que está en juego. *Profesora titular, Universidad de los Andes