La histeria nacional se apoderó del ambiente desde el pasado domingo. Con frases como “Duque pasará a la historia como el presidente que le quitó la ilusión de paz a los colombianos” o “La JEP recibió un golpe mortal” o “El primer mandatario nos devolvió a la guerra”, el catastrofismo se adueñó de las redes sociales y de las discusiones entre políticos en las emisoras radiales. Los de la derecha más extrema comenzaron, por su parte, a frotarse las manos creyendo que el principio del fin del acuerdo de paz estaba en marcha, y plantearon no solo ajustes a la JEP, sino el decaimiento de la justicia transicional en su conjunto. Vamo a calmarnos, dirían por ahí. Ni las objeciones presidenciales ponen en jaque la paz, ni los radicales van a poder –aunque quieran– hacer trizas el acuerdo con las Farc. Puede leer: ¿Manzanas podridas o lote contaminado? Esta situación, por el contrario, nos recordó que en buena hora todavía vivimos en un Estado social de derecho, en el que existen pesos y contrapesos y en el que aún se vale soñar con que la separación de los poderes públicos funciona. Cuestionar por razones de conveniencia 6 apartes contenidos en una extensa ley de más de 150 artículos no va a dar al traste con lo pactado ni va a afectar a la inmensa mayoría de comparecientes ante la JEP. Y aunque, políticamente, era preferible para Duque sancionar en su integridad la norma estatutaria, ventilar estas dudas por un conducto democrático y constitucional puede ayudar a precisar para mejorar y no a minar para acabar, como dicen algunos. Entre abril de 2017 y el 31 de enero de 2019, 1.529 miembros de la fuerza pública han recibido beneficios que en nada se alteran por cuenta de las objeciones presidenciales. Miles de guerrilleros de base han sido amnistiados ya y en nada cambia su situación el hecho de que Duque haya objetado parcialmente la ley de la JEP. Aquellos cuestionamientos que el Gobierno hace en materia de extradición solo tendrían un eventual efecto en 56 personas que han pedido la garantía de no extradición, y ni siquiera, porque si la JEP así lo decide, puede seguir tomando decisiones basada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en normas superiores que le sirvan de referencia. A quienes dicen que ahora los que se acogieron de buena fe al acuerdo y entregaron sus armas volverán al monte, vale la pena recordarles que aquellos que nunca quisieron el acuerdo de paz ya están en el monte con la banda del ELN en el brazo; o al servicio de las disidencias que comenzaron siendo 200 del frente Primero de las Farc y ahora van en 2.000, de acuerdo con los cálculos de inteligencia militar. Se fueron antes, sin objeciones y con Santos todavía de presidente. Le recomendamos: Guaidó, Saleh y todos los demás Vamo a calmarnos, porque los que vaticinan que Duque es el instrumento de los que quieren desmontar el acuerdo se olvidan de que, por cuenta de la decisión de no dar mermelada, las mayorías en el Congreso son enclenques, y que un acto legislativo toma tanto tiempo y requiere de tantos trámites que hasta el pasado gobierno tuvo que inventarse la figura del fast track porque si no era imposible lograrlo. ¿Podrían Uribe y su bancada moverse plácidamente contra la mitad de La U, el Partido Liberal, la mitad de Cambio Radical, los verdes, el Polo y los decentes para fulminar el acuerdo de paz antes de un año?... No lo creo… Vamo a calmarnos, y en vez de seguir anunciando el apocalipsis y enfrascarnos en profecías autocumplidas, pidámosle al Congreso decidir pronto las objeciones, en su leal saber y entender, y a la JEP actuar en casos como el de Iván Márquez y el Paisa que se mueven a paso de tortuga. No hace falta sino averiguar un poquito para darse cuenta de que los personajes de marras están en el estado de Apure en Venezuela, resguardados en campamentos a los que no precisamente se llega a rezar.